04 de Noviembre de 2008

El mismo día en que se conoció la decisión del juez norteamericano Thomas Griesa de congelar fondos de las administradoras de fondos de jubilaciones argentinas en los Estados Unidos, con el fin de preservar los derechos de bonistas que demandaron al Estado nacional por el no pago de su deuda, tanto la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como su esposo salieron a desmentir que el proyecto de reforma previsional que impulsan constituyera una "estatización".

La explicación sonó bastante extraña: hasta ese momento, tanto funcionarios gubernamentales como distintos analistas venían hablando de la "reestatización" del sistema jubilatorio sin que a los integrantes del matrimonio presidencial se les moviera un pelo.

"Hay una gran distorsión comunicacional. Se ha dicho que la Argentina estatiza. Pero la Argentina cambia el sistema y pasa la administración nuevamente al sector público", dijo la Presidenta. Sus aclaraciones sólo provocan más dudas. ¿Quiso decir que los fondos seguirán siendo de los futuros jubilados, aunque serán administrados por la Anses? ¿Que el Estado se limitará a cumplir el papel que venían desempeñando las AFJP? Si fuera realmente así, los aportantes al sistema de capitalización privado cuyos ahorros pasarían ahora al Estado no deberían perder el saldo obligatorio de sus cuentas individuales, conformadas por los aportes efectuados desde su afiliación. Pero no parece ser ésta la idea de los inspiradores del proyecto oficial.

Para disimular el verdadero propósito de la iniciativa (el control político y el manejo discrecional de una masa impresionante de recursos), el texto del proyecto garantiza a los futuros jubilados que hoy aportan a las AFJP, en forma incontrastable, "la percepción de iguales o mejores prestaciones y beneficios que los que gozan a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley".

Se trata de una promesa vacua, por cuanto son innumerables los factores que inciden en uno y otro subsistema jubilatorio para poder proyectar un mínimo garantizado. Y si se elimina el régimen de capitalización, resultaría imposible imaginar los beneficios resultantes dentro de dos o tres décadas si las AFJP hubieran seguido funcionando. En síntesis, se propicia compensar un activo concreto y heredable por un derecho en expectativa, lo cual se parece mucho a una confiscación.

El doble discurso del Gobierno en materia previsional no termina allí. La Presidenta ha venido insistiendo en que se busca "proteger" a los aportantes a las AFJP de los malos manejos de sus fondos previsionales por éstas. Pero oculta la primera mandataria que las principales pérdidas obedecen a la imposición del Estado a las administradoras de que tuvieran en sus carteras títulos públicos que fueron defaulteados o que son ajustables por una variable, como el costo de vida, reiteradamente manipulada hacia abajo por el Indec, alentando la depreciación de esos bonos.

Esta dialéctica no puede sorprender a nadie. Lamentablemente, los Kirchner han hecho del doble discurso una estrategia central en su proceso de acumulación de poder. Más de una vez, por ejemplo, se han declarado partidarios de la discusión de ideas. Sin embargo, a lo largo de más de cinco años en el gobierno, apenas hubo una conferencia de prensa armada más o menos seriamente y jamás convocaron a un diálogo genuino a sectores de la oposición. La verdadera discusión de ideas no puede darse desde un atril enfocado por las cámaras de televisión, sin derecho a la pregunta.

El matrimonio gobernante también habló en muchas ocasiones de la política de la no impunidad, sin aclarar que procuraron dejar fuera de la revisión de nuestro pasado trágico a muchos asesinos que actuaron desde la clandestinidad, o que aquella lucha contra la impunidad excluye a quienes toman comisarías o hacen apología del delito cuando ocupan cargos gubernamentales o son financiados por el oficialismo.

Más de una vez, quienes ocupan hoy la Casa Rosada hablaron de la importancia del federalismo y de que exista un país cada vez más federal. No obstante, pocas veces se vio tamaña concentración de recursos que no se coparticipan con las provincias en manos del gobierno nacional. La presidenta de la Nación controla actualmente alrededor del 70 por ciento del total de lo recaudado y esto hubiese sido más grave si se aprobaba el proyectado aumento de las retenciones a las exportaciones agrícolas. El federalismo se proclama, pero no se ejerce.

Del mismo modo, el papel del Congreso de la Nación en la política tributaria y en la confección del presupuesto, al menos en los últimos años, ha sido más que limitado. Porque mientras la Presidenta insiste en su compromiso con la calidad institucional, los congresistas del oficialismo continúan delegando facultades legislativas, expresamente prohibidas por la Constitución, al Poder Ejecutivo.

Desfigurar la realidad, engañar a la población sobre los reales propósitos de una iniciativa legal, ocultar actos y sus consecuencias -el destino de los fondos de Santa Cruz, por ejemplo-, difundir las escandalosas cifras del Indec, efectuar promesas vacías de contenido, manosear determinadas informaciones con objetivos meramente electorales y disfrazar el pasado constituyen diferentes formas de mentira. Y faltar a la verdad desde un cargo público equivale a un abuso de poder y a un fraude político, que tarde o temprano, será castigado por la ciudadanía. Reproducción textual del Editorial del diario La Nación del día 02-11-08