17 de Noviembre de 2008

El Instituto Dr. Luis Agote, el Agote, aloja a 38 chicos entre 18 y 20 años. Nahuel Gallota coordina allí un taller de periodismo deportivo.
La mayoría está condenada por robo y tentativa de homicidio, y algunos pasaron de la tentativa al hecho.
Sus “vidas libres” son un sueño vano.
Creen que la felicidad se aloja en un Big Mac, un beso, un 206, un trago, una noche perfecta que nunca termina de pasar.

¿No fuimos nosotros, los adultos, quienes les vendimos esos sueños?
Matan porque los matan: saben que sus vidas no valen nada e intuyen que las de los demás tampoco.
Matar es un flash, una película que sucede en otro lado al que se entra y sale, una pesadilla de puerta giratoria.
A ellos no les importa; a nosotros no nos importan ellos, al Sistema no le importan ni ellos ni nosotros, y así……

LA NARANJA MECÁNICA. El mismo jefe de la Policía Bonaerense que hace un par de años sostuvo la inexistencia del “paco” asegura ahora que “según estadísticas de su fuerza” (?) “los menores cometen un millón de delitos graves por año”. “Tampoco registra la Corte, en los últimos siete años, un alza considerable del delito a cargo de menores, sino que la tendencia fluctuó: en 2000 se iniciaron 23.105 expedientes, en 2006 subió a 31.602 causas, hasta llegar a las 29.371 del año pasado.”

En octubre último Unicef, el Ministerio de Desarrollo Social y la Universidad Nacional de Tres de Febrero presentaron un estudio nacional sobre la cantidad de menores “en conflicto con la ley”, en base a datos de diciembre de 2007: hay 6.294 jóvenes en institutos por orden judicial, el 30% del total está en establecimientos cerrados o semicerrados y el 70% en programas alternativos que no implican privación de la libertad. Hay 11 varones por cada mujer alojada, y el 90% de los chicos “institucionalizados” son hombres.

…La mayoría está preso por robo, y en el 38% de los casos se trata de delitos contra la propiedad sin armas.

Hay en el país 119 establecimientos de privación de la libertad de menores, treinta y nueve de ellos contradicen la Convención de los Derechos del Niño, permitiendo el encierro mayor de 72 horas en comisarías o cárceles de adultos.
Se les imparte entre dos a cuatro horas diarias de educación primaria y de dos a cinco de secundaria, y el 40% de los establecimientos tienen talleres de capacitación en oficios.

Las penas para menores están reguladas por dos decretos ley de la dictadura, el 22.278 y el 22.803, que dividen a los adolescentes en dos grupos:

–Menores de 16 años: no son punibles, pero pueden terminar en un instituto por decisión del juez. No se los juzga ni castiga por el delito, sino que se les abre un “expediente tutelar”. El chico es considerado un “incapaz” y el juez asume su tutela. Las categorías del decreto son ambiguas: se habla de “menores en situación de riesgo”, “en peligro moral o material” o en “circunstancias especialmente difíciles”, con lo que se termina equiparando al menor abandonado con el menor delincuente.

–Entre 16 y 18 años: son punibles con restricciones. Se instruye una investigación sobre el delito, pero el chico no cumple condena hasta ser mayor de edad. Es en ese momento cuando el juez decide si la pena se aplica y el chico pasa a una cárcel de adultos.

–Con esta ley se abre la posibilidad a la intervención judicial más discrecional que hay –le dijo a Crítica de la Argentina Laura Musa, a cargo de la Asesoría General Tutelar de la Ciudad–. El chico puede estar encerrado en un instituto tanto tiempo como le plazca al juez. Para colmo, hay mecanismos que facilitan la fuga, necesitan ingresar chicos todo el tiempo…….

EL INFORME COSACOV. El perito del Equipo Técnico de Menores del Poder Judicial y docente de la Universidad de Córdoba Norberto Cosacov realizó un pormenorizado estudio sobre los menores que pasaron por los juzgados correccionales de su provincia entre 2006 y 2007. Según Cosacov “las variantes arrojadas en la encuesta de Córdoba se corresponden a las obtenidas en todas las grandes ciudades del país”. El estudio muestra que la mayoría de los jóvenes que delinquen no provienen de hogares indigentes (esto es con ingresos inferiores a $570 mensuales para cuatro personas), sino de hogares pobres y de clase media baja, con ingresos por hogar entre 500 y 2.500 pesos mensuales. Siete de cada diez afirman que no roban para comprar drogas sino ropa y calzado de lujo, financiar salidas y entretenimientos; la mayor parte de los encuestados sostiene que querría irse del barrio que habita, y su sueño más reiterado es el de “poner un maxikiosco”. El 34% admite consumir regularmente alcohol, el 21% marihuana, el 18% pastillas mezcladas con alcohol, el 14% pegamento y el 7% cocaína. El 51% dijo que no salió a robar drogado. El 33% dijo haber sufrido maltrato infantil y el 40% no quiso responder a esa pregunta.

La mitad de los jóvenes entrevistados no supo qué contestar cuando se le preguntó qué harían, de ser jueces, con un caso como el suyo. El 16% dijo que “lo dejaría libre” y el 19% optó por “darle otra oportunidad”. Ninguno de ellos usaba piercing o se teñía el pelo, pero la gran mayoría exhibía sus tatuajes como símbolo de pertenencia y expresaban, tanto en su vocabulario como en los comentarios, un fuerte nivel de racismo. Reproducción parcial de la columna de Investigación: Jorge Lanata / Jorge Camarasa (Desde Córdoba) / Luciana Geuna / Jesica Bossi para Critica de la Argentina.

NOTAS RELACIONADAS:

El delito y los jóvenes en riesgo social y económico

La creciente participación de jóvenes en delitos y, en particular, en sus versiones más violentas, obliga a considerar la situación social y educativa que atraviesa la juventud de nuestro país.

El aumento de la pobreza de los años noventa estuvo asociado con la pérdida de puestos de trabajo de los jefes de familia, y acompañado con una tendencia a la disgregación de los lazos familiares y a la erosión de los sistemas de socialización y transmisión de valores hacia los jóvenes.

En los últimos años la pobreza se redujo, pero los problemas generados en los años precedentes no se revirtieron, al menos no en su totalidad.

A esto se sumó la expansión de la drogadicción entre los jóvenes y del narcotráfico como fuente de ocupación y de ingresos.

Como consecuencia de la situación vigente, un segmento importante de los jóvenes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y social. En la provincia de Buenos Aires las estimaciones oficiales dan cuenta de que unos 400.000 jóvenes no estudian ni trabajan, por lo cual están excluidos de los circuitos básicos de integración social.

Este problema también se manifiesta, aunque en una magnitud menor, en la Ciudad de Buenos Aires y en otros grandes centros urbanos del país.

Una estadística del Ministerio de Educación revela, por su parte, que mientras la población de jóvenes entre 15 y 19 años comenzó a aumentar a partir de 2001, la matrícula de jóvenes en el colegio secundario se estancó en 2002 y comenzó a caer en 2003. Es decir que, mientras la participación de esa franja etaria en la población total aumenta, su inclusión en la escuela secundaria está decreciendo.

Esta evolución es inquietante porque indica que un número importante de jóvenes no está recibiendo un nivel de formación indispensable para su desempeño laboral en el futuro y, peor aún, que no está participando de un ámbito crucial en la transmisión de las informaciones y valores indispensables para una adecuada inserción en la sociedad.

A esto se agrega el déficit en el funcionamiento de las instituciones que albergan a los jóvenes escolarizados ya que, la combinación de problemas gremiales con históricas deficiencias de infraestructura, están afectando los dictados de clases y hasta el número de días de enseñanza que reciben los chicos.

Todo indica, por lo tanto, que la base de cualquier política de seguridad de largo plazo debe comenzar por mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de progreso de la población de las zonas deprimidas.

Esto requiere, en primer lugar, sostener el crecimiento de la economía y la creación de empleo, como base para evitar un aumento de la pobreza familiar.

En segundo lugar, incrementar los programas sociales específicos y una masiva inversión en educación, para rescatar de la calle y del riesgo social a los chicos y jóvenes.

Finalmente, hay que tener en cuenta las deficiencias del sistema judicial y de alojamiento de jóvenes que cometen delitos.

Ambas instituciones están muy lejos de funcionar como un ámbito de contención y resocialización y que, como han demostrado numerosas investigaciones, es escenario de numerosas violaciones a derechos establecidos.

En el cuadro social e institucional vigente, ni las medidas policiales ni las modificaciones legales permitirán revertir en forma sustantiva y duradera el problema de la inseguridad.

Es necesario, por lo tanto una política de Estado, nacional y provincial, para recuperar a la juventud en riesgo para el estudio y el trabajo.

El aumento del delito juvenil obliga a considerar la situación social y económica de la juventud. Las estadísticas oficiales muestran que una franja importante de jóvenes no trabaja ni estudia y que está retrocediendo la escolaridad secundaria. El sistema judicial para los jóvenes no cumple su función. Para mejorar la seguridad en forma sustantiva es necesario rescatar a la juventud en riesgo para el estudio y el trabajo. Editorial del Diario Clarín del 16-11-08
 

Una joven da ejemplo de como tratarlos!!!

Imputabilidad

Señor Director:

"La delincuencia juvenil crece día tras día; los protagonistas son cada vez más jóvenes y los delitos son cada vez más graves.
"El desarrollo mental del niño y del adolescente ha avanzado muchísimo.

Cuando se sancionó nuestro Código un chico de 14 años no estaba incorporado en la vida social; hoy, ya lo están a los 12.

Las estadísticas policiales revelan que en 2001 fueron detenidos 40 menores por día, casi dos por hora, por diversos delitos en la provincia de Buenos Aires. Esa cifra en la actualidad ha aumentado, aproximadamente, un ocho por ciento.

"Esto nos demuestra que el régimen penal de menores no está dando respuestas a las necesidades que en la actualidad requiere nuestra sociedad.

Pero, a la hora de poner una sanción, no hay que tener en cuenta sólo el delito cometido, sino también los factores psicológicos, familiares y sociales y, con eso, tomar las medidas que mejor incidan en su educación.
Es un compromiso que debemos asumir todos.

No sólo bajando la edad de imputabilidad se solucionará, sino que hay que prevenir, responsabilizando a los jóvenes de sus actos, asegurando siempre su bienestar."

Carta de electores del diario La Nación del 16-11-08
María del Pilar de Hagen
DNI 37.837.211
Mazzini 534, Chascomús