12 de Enero de 2009
 
Las estadísticas y las percepciones sobre inseguridad
 

La reiteración de delitos, que ahora se extienden a la costa atlántica, o la comisión de delitos graves, como los secuestros, contribuyen a sostener la sensación de inseguridad aún cuando algunas estadísticas oficiales muestran mejoras en la materia. Para que las percepciones de la población se ajusten a los registros oficiales es necesario una tarea más profunda contra el delito que tiene que incluir la policía, el sistema judicial y las políticas sociales.

Una reciente estadística oficial sobre delitos en la provincia de Buenos Aires en los once primeros meses del año pasado muestra, precisamente, una caída en el número de hechos y una mejora en la efectividad de la Policía. Según el informe, las localidades de San Isidro y Bahía Blanca han registrado la mayor disminución de hechos delictivos, mientras Morón y Exaltación de la Cruz, el aumento más importante. También da cuenta de un aumento en los delitos esclarecidos y en la cantidad detenidos.

Los números oficiales son auspiciosos, pero no alcanzan a revertir la sensación de inseguridad instalada en la población que se explica por la realidad cotidiana de miles de personas y por las propias estadísticas comentadas, según las cuales se denuncian once delitos por hora tan sólo en el Gran Buenos Aires. Según la interpretación oficial la mejora que aparece en las estadísticas se debe a un mejor desempeño policial, testificado, precisamente en las citadas cifras de detenciones y en el aumento en cantidades de droga decomisada.

Aún aceptando esa visión de los hechos, es indudable que el funcionamiento de la policía provincial sigue presentando déficit importantes y que es necesario mejorar los sistemas de selección de personal, de control y de remuneraciones.
Es inquietante en este sentido, el hecho de que muchos policías tienen ingresos menores a los que señalan el nivel de pobreza, lo cual constituye un estímulo al bajo cumplimiento de una tarea arriesgada y también a la corrupción.

Pero más preocupante aún es que siga habiendo casos de policías que participan en delitos, lo cual revela un déficit en los sistemas de selección de personal y de control interno.

Otro problema de peso en materia de seguridad es el déficit en el funcionamiento de la Justicia. Como se registra en forma frecuente, muchas investigaciones se demoran por años, lo que dificulta la recolección de pruebas y, eventualmente, la localización de los sospechosos. Por otra parte, los procesos se prolongan por largos períodos con dos consecuencias sobresalientes, por lo cual muchas personas pasan mucho tiempo privados de su libertad sin haber sido condenados y no pocos delitos prescriben, con los delincuentes disfrutando del beneficio de la impunidad.

Si bien esta situación es muy conocida y es objeto de debate permanente, los problemas básicos que dificultan el funcionamiento de la Justicia, como las insuficiencias de personal y de tecnología, siguen presentes. Es necesario, por lo tanto, hacer frente a estas limitaciones aumentando el número de juzgados y la capacidad operativa de los ya existentes.

La mejora de la seguridad reclama también, mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más postergadas, porque la marginalidad y la pobreza afectan la educación y socialización de los jóvenes. Esto es particularmente grave en los lugares en los que opera el narcotráfico, que se constituyen como alternativas de ingresos.

Queda, finalmente, considerar el problema de las cárceles, que están lejos de cumplir su función de reeducación de los internos y que suelen ser, como señalan reiteradas investigaciones, ámbito de violación de derechos humanos.

A pesar de algunas estadísticas oficiales que muestran mejoras en el tema, la sensación de inseguridad se mantiene por la reiteración de delitos violentos. Es necesario mejorar el funcionamiento de las policías y de la Justicia, para acelerar las investigaciones y los procesos, cuya dilación conduce a la impunidad. También hay que atender a la situación social de los sectores más postergados y a las condiciones de las cárceles.