Una rápida mirada a la realidad educativa argentina de hoy bastaría para aventar cualquier esperanza de mejoramiento. A los paros docentes, que se han disparado en gran parte de las provincias en esta segunda mitad del año, hay que agregar ahora las tomas de escuelas por sus interesados más directos, los alumnos, y también todo tipo de problemas en los ámbitos académicos.

En efecto, en ocho jurisdicciones los reclamos salariales docentes se han reactivado y constituyen la causa relevante de litigios en desarrollo o de medidas de fuerza que desembocan en el cese de actividades. En la provincia de Buenos Aires, donde se planteó el mayor problema, la cuestión sigue sin solucionarse, al menos por ahora, pese al ofrecimiento del gobierno provincial de un incremento del 17 por ciento en el sueldo básico, lo cual redundaría en una mejora del 12 por ciento como promedio en el salario global.

Con respecto al resto del país, debe destacarse que sólo en cinco provincias (Chubut, Formosa, La Rioja, Misiones y Tucumán) no se han producido pérdidas de días de clases. En cambio, los paros han afectado en lo que va del año especialmente a Tierra del Fuego (16 días), Entre Ríos (14), Neuquén (9), Río Negro (8), Jujuy y Santa Fe (6), Corrientes y Mendoza (5).

Actualmente, en la Ciudad de Buenos Aires se han manifestado dos tipos de conflictos. Uno, en relación con la docencia, cuyas numerosas entidades sindicales han llevado adelante el segundo paro docente durante la gestión del actual gobierno, para lograr aumentos salariales. Las demandas salariales pueden ser justas, más aún si se tiene en cuenta el deterioro que ha provocado la inflación en los ingresos mensuales. Pero, como siempre lo señalamos aquí, todo tiene su contrapartida y los derechos van unidos al cumplimiento de obligaciones. Al decidir los maestros y profesores un cese de la actividad escolar unilateralmente, se falta al deber y se daña injustamente a los alumnos. En esto se advierte que uno de los males que más perjudica el funcionamiento escolar es la cultura del paro, decantada en nuestras conductas sociales desde hace años. Siendo censurable el manejo abusivo de las huelgas, conviene insistir en el empleo oportuno del diálogo y las negociaciones, antes de que los conflictos estallen y la decisión de la huelga parezca irreversible. Este es, por supuesto, el deber de los funcionarios.

En el otro caso, la novedad del tema no deja de ser preocupante: ahora son los alumnos los que van al "paro", para obligar a las autoridades a que se amplíe el régimen de las becas otorgadas.

También en este último caso coincidiremos en la importancia de que se cuente con una política de becas bien administrada y que sirva a los propósitos de una enseñanza media generalizada. Esa petición incluso ha contado con la adhesión de los gremios docentes. Pero un reclamo que puede ser justo en su origen, y que fomenta la inclusión social, vino acompañado de la ocupación de escuelas -¡triste imagen la de la foto publicada en este diario, donde se veía una parrilla con chorizos al lado de los pupitres escolares!- y de marchas, actividades que contaron además con la anuencia y hasta el acompañamiento de muchos padres, una estrategia que creció rápidamente dentro del perturbado cuadro educativo.

El otorgamiento de becas exige un control lógico, deben distribuirse entre quienes realmente las necesiten, que responderán luego con buen rendimiento escolar, pues ésa es su obligación. No estaría de más que los mismos padres tan dispuestos a respaldar a sus hijos en las marchas y las tomas de escuelas supieran también ayudarlos a darles a esas becas tan reclamadas el buen uso que merecen.

Es increíble cómo, de un modo u otro, en la Argentina siempre se vuelve al punto de partida. Así, un objetivo para nada exigente, pero que parecería inalcanzable, como son los 180 días de clases (convertidos en norma legal Nº 25.864 a fines de 2003), se pone otra vez en riesgo y son muy pocos los que se preocupan por ello. Y muy lejos del diálogo constructivo y los acuerdos básicos, perdemos de vista la posibilidad de coincidir en un futuro común. Los argentinos seguimos estando en falta con una cultura democrática, donde se respeten las leyes y los derechos de todos los miembros de la sociedad. Reproducción textual del editorial del diario La Nación del 6-9-08