12 de Mayo de 2009

"Una sociedad se juzga por el estado de sus prisiones" Albert Camus.

Extorsión tras las rejas

Investigación especial: las zonas liberadas dentro de las cárceles

Efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense utilizan a los presos para cometer delitos a cambio de drogas, armas y permisos de salida. Las fotos pertenecen a presos “apretados” tomadas con un celular por ellos.

Autorretratos. Presos que tomaron sus propias fotos para demostrar que miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense
los proveen de facas, drogas y alcohol a cambio de “favores”.

_{La prisión no puede dejar de fabricar delincuentes. Los fabrica por el tipo de existencia que hace llevar a los detenidos: ya se los aísle en celdas, o se les imponga un trabajo inútil, para el cual no encontrarán empleo. […] La prisión fabrica también delincuentes al imponer a los detenidos coacciones violentas; está destinada a aplicar las leyes y a enseñar a respetarlas; ahora bien, todo su funcionamiento se desarrolla sobre el modo de abuso de poder. Arbitrariedad de la administración: el sentimiento de la injusticia que un preso experimenta es una de las causas que más pueden hacer indomable su carácter. Cuando se ve así expuesto a sufrimientos que la ley no ha ordenado ni aun previsto, cae en un estado habitual de cólera contra todo lo que lo rodea; no ve sino verdugos en todos los agentes de la autoridad; no cree ya haber sido culpable: acusa a la propia Justicia. Corrupción, miedo e incapacidad de los guardianes: de 1.000 a 1.500 condenados viven bajo la vigilancia de 30 a 40 vigilantes que no mantienen cierta seguridad sino contando con la delación, es decir, con la corrupción que se cuidan de sembrar ellos mismos. ¿Quiénes son estos guardianes? Soldados liberados, hombres sin instrucción, sin inteligencia de su función, que tienen el oficio de guardar malhechores.}

_{Michel Foucault, en Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión.}
 

“Tomo conocimiento por diversas circunstancias –escribió Juan Manuel Casolati, secretario de Ejecución Penal del Departamento Judicial de San Martín– que el personal penitenciario estaría vendiendo facas y drogas a los detenidos”.

Era el 25 de noviembre de 2008.

Casolati releyó “facas y drogas” y supo que la historia que estaba por comenzar iba a transformarse en un espiral con destino incierto.

“Dicho personal –siguió Casolati en su texto– estaría permitiendo, promoviendo y amparando hechos de violencia entre la población allí alojada de modo tal de hacer posibles distintos negocios entre ellos”.

La denuncia que Casolati tradujo al lenguaje judicial tenía rostros, nombres y apellidos concretos: familiares de detenidos en las unidades 46, 47 y 48 de Camino del Buen Ayre y De Benedetti declararon ante el secretario sobre la circulación cada vez mayor de drogas, alcohol y facas que los guardiacárceles proporcionaban a los internos. El “marcado clima de violencia” detallado por los familiares y el propio Casolati generó, en los últimos meses, casos como el del interno Ferreyra (Pabellón 3, Unidad 46), herido con 35 puntazos en miembros inferiores, o el de Letieri Lártiga, a punto de perder la vida a manos de otro interno.

“Todos los hechos denunciados –concluye Casolati en su presentación- estarían en pleno conocimiento del director y del segundo jefe del área de seguridad así como también del jefe del penal, quienes no sólo no pueden desconocer lo que pasa en el interior de la Unidad 46, en su posición de garantes, sino que además han sido alertados más de una vez sobre tales hechos y, lejos de haber implementado acciones con objeto de controlar o disminuir los hechos de violencia, los han alentado, amparado y permitido”.

El expediente avanza con extrema lentitud en la Unidad Fiscal de Investigaciones Complejas Nº 9, a cargo de Edgardo Ledesma. Recién hace algunos días se enviaron las citaciones para los testigos propuestos en noviembre por Casolati.

La tormenta penitenciaria, sin embargo, insiste en alterar la burocrática paz de los juzgados: a las 20.15 del 12 de enero pasado Lidia del Pilar Santamaría Quintana, peruana, declaró ante el Ministerio Público que agentes del Servicio Penitenciario bonaerense presionaban a su marido, detenido en la U47 (uno de los penales citados en la denuncia de Casolati) para que asesinara a otros internos a cambio de ciertos favores: drogas para consumir y vender, zonas liberadas y visitas a gusto. Juan Ramón Giménez Bogado, esposo de Lidia, lleva siete años detenido en San Martín con una condena no firme por el delito de secuestro.

–Les están pidiendo a mi marido y a sus compañeros de celda, Walter Alegre, Néstor Gómez Peralta y Maximiliano Cortez Amato que maten a dos pibes.

–Me mandaron estas fotos como prueba –declaró la mujer (ver fotos en esta misma página). Allí se los ve con botellas de whisky, facas y algunos envoltorios con marihuana o cocaína.

La fiscal Amalia Belaunzarán instruye la causa por presunta coacción agravada. El 13 de enero allanó la celda de los detenidos Gómez Bogado y Cortez Amato y encontró “una botella de whisky, dos facas de 40 centímetros, un cuchillo tipo Tramontina, otras tres facas y cinco cigarrillos de marihuana”. Otro de los detenidos le entregó un blíster de Diazepan, una faca de 45 centímetros, un cuchillo y dos palos de madera con punta. La fiscal tomó declaración testimonial a los cuatro detenidos:

–El 20 de diciembre de 2008 me mandaron a llamar a mí –declaró Gómez Bogado– y a mis compañeros el subjefe del penal, Machado, el jefe Acosta y el director Sosa. Nos dieron las facas y la droga: marihuana, un par de pastillas y unos gramos de merca, y nos dijeron que si en algún momento necesitaban algo, nos iban a avisar. A fines de diciembre nos pidieron que les diéramos un par de puñaladas a Alegre y a la mujer porque estaban molestando con las visitas y con el Comité de la Tortura. Nos dijeron que si se nos iba la mano, no habría problemas. (N. del R.: Alegre está preso en el mismo pabellón y está casado con Claudia Viviana Aguirre, presa en el anexo de mujeres del mismo complejo).

Dijeron sobre las fotos: “Fueron hechas con el celular de un encargado de acá, del Servicio Penitenciario, que es nuevo y que tiene miedo de declarar. Él mismo las bajó a un disquete y yo se lo entregué a mi hermana para que se hiciera público”.

Sobre la droga que aparece en las fotos: “Fue vendida ayer al mediodía. El jefe de turno, Luján, se llevó los 150 pesos de la venta”.

Los vericuetos judiciales llevaron la causa a la fiscal adjunta de la UFI Nº 9, Diana Paula Mayko, que solicitó otro allanamiento del penal el 5 de febrero. A esa altura hasta el jardín de infantes del SPB estaba enterado de la causa y los nenes recortaban facas de papel glasé. Pero el diablo metió la cola: “Mientras una parte de la delegación judicial se dirigía al casino de oficiales encontraron a uno de los guardias que transportaba una zorra con 38 elementos punzocortantes: arpones, cuchillos y facas de fabricación casera, algunos de estos elementos envueltos en tela y muy mojados”. El guardia Di Rocco dijo que esos elementos habían sido secuestrados, casualmente, la noche anterior. Y que estaban en un depósito que luego revisaron los fiscales, extrañados porque en ninguna parte había humedad ni agua, pero todas las armas estaban mojadas.

La fiscal Mayko, que cerró causas sensibles contra el SPB (por ejemplo, la investigación por haberles dado a los presos leche en polvo industrial no apta para el consumo humano y pagada con sobreprecio), resolvió archivar la causa de la U47 con el eufemismo de “faltas administrativas” e imposibilidad de probar la extorsión. La primera parte de esta causa que nunca se unificó, instruida por Casolati, sigue todavía firme. Fuentes del SPB aseguraron a Crítica de la Argentina que “nunca se pudo comprobar la veracidad de los hechos”, y evitaron opinar sobre las fotografías. El director del penal, Carlos Sosa, fue desplazado de su cargo en abril. Reproducción textual del editorial de Jorge Lanata. Investigación: JL /Luciana Geuna/ Jésica Bossi.
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NOTA RELACIONADA:
 

Escándalo en la presentación de un libro sobre torturas en las cárceles

El director de Régimen Correccional del Servicio Penitenciario Federal, Julio César Cepeda, irrumpió en medio de la presentación del libro Cuerpos castigados , que denuncia torturas en las cárceles, y negó las acusaciones

Cuando quedaban sólo cinco minutos de debate, Julio César Cepeda, director general de Régimen Correccional del Servicio Penitenciario Federal (SPF), pasó al frente de la sala donde se presentaba el libro de Alcira Daroqui Cuerpos castigados, que denuncia torturas y maltratos en las cárceles federales, y desmintió las acusaciones que la autora hace en el libro.

Frente a una mesa integrada, entre otros, por el premio Nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, el procurador Francisco Mugnolo y la doctora Mariana Lauro, el inspector general Cepeda aseguró: "No es verdad que el Servicio Penitenciario Federal no tenga datos confiables y propios de lo que ocurre en las cárceles federales".

En la sala Julio Cortázar de La Rural, Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea Fundadora, aseguró: "Estamos pidiendo visitar las cárceles federales desde octubre y hemos realizado distintas presentaciones al ministro Aníbal Fernández sin tener respuesta alguna".

El director del Régimen Correccional del SPF, que depende del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, desmintió a Cortiñas. "No es verdad que esté prohibido el ingreso a las cárceles federales de organizaciones de derechos humanos", dijo el funcionario.

Tras ser silbado y acusado de mentiroso por Cortiñas y por el titular de la Agencia Walsh, Oscar Castelnovo, Cepeda pidió que se respeten sus derechos humanos y volvió a sentarse.

Pedidos. Cortiñas sostuvo: "Creemos imprescindible que los organismos de derechos humanos estemos vinculados con la gente que está detenida para recibir de mano directa sus reclamos de maltratos".

Alcira Daroqui, responsable de la investigación, dijo que el libro "es contra la tortura y los torturadores" de las cárceles federales.

Pérez Esquivel aseguró: "Cuando leí el libro sentí lo mismo que nos pasó a los militantes de derechos humanos en la época de la dictadura militar". Después agregó: "Si no se pueden evitar las torturas es porque hay impunidad".

El procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo, dijo: "El cambio de la sociedad no vendrá de la política, sino de un cambio cultural, convencidos que los que están privados de su libertad tienen los mismos derechos que las personas libres".

El procurador señaló que el libro "no es contra nadie en particular" y que la investigación "es un trabajo responsable que deja a la luz cómo se aplica la tortura en el Sistema Penitenciario Federal".