FUNAM DIFUNDIÓ CUÁLES SON A SU JUICIO

1. La continuidad en sus cargos de funcionarios públicos incompetentes, con Romina Picolotti a la cabeza, la inexistencia de políticas ambientales concertadas, y la corrupción.

2. Siguen destruyéndose los bosques nativos para la plantación de soja y otros cultivos industriales, y la obtención de maderas, leña y carbón vegetal. En Córdoba la tasa anual de desmonte para 1998-2002 fue de -2,93%, superior a la tasa media del mundo, -0,23% por año, e incluso a la de Africa, -0,78% por año. En cercanías de San Marcos Sierra, en plena zona turística, se sigue produciendo cal industrial quemando bosques nativos a razón de unas 50-100 toneladas de leña por día. Mientras tanto el gobierno cordobés mira para otro lado. En Chaco, donde se destruyen bosques nativos únicos para producir 216.000 toneladas por año de carbón vegetal, la siderúrgica Vetorial de Brasil, que pretende localizarse en Puerto Vilelas, demandaría 180.000 toneladas por año de carbón vegetal. Esto duplicaría la actual presión sobre el bosque Chaqueño.

3. Sigue disminuyendo en Argentina la superficie ocupada por ambientes nativos de bosque, arbustales y pastos naturales. Para que un país mantenga estabilidad ambiental necesita que por lo menos el 50% de cada ambiente nativo se conserve. Lamentablemente, en Argentina ya se destruyó más del 80% de la superficie cubierta con bosques nativos. En algunas provincias, como Córdoba, fueron exterminados ecosistemas naturales completos. Del Espinal y del pastizal pampeano solo quedan superficies diminutas. En Argentina no se toma en cuenta que las únicas fábricas permanentes de suelo son los ambientes nativos, no los cultivos ni las ciudades, y que toda legislación de conservación de suelos debe ser precedida por la conservación de los ecosistemas autóctonos.

4. Siguen destruyéndose las principales cuencas de captación hídrica en Argentina. Las zonas montañosas son irracionalmente utilizadas para la localización de grandes yacimientos mineros (casos Pascua Lama, Veladero, Gualcamayo, La Alumbrera, Agua Rica, Sierra Pintada, Cerro Vanguardia y la lista sigue), cultivo de soja, papa y pinos exóticos (serranías de Córdoba), y expansión descontrolada de la urbanización en faldeos. Todos los supuestos beneficios económicos sumados de estas actividades representan migajas frente al valor incalculable de tener fábricas de agua en buenas condiciones. Sin embargo, los gobernadores de San Juan, La Rioja, Catamarca y Mendoza parecen olvidar que sus provincias son semiáridas, y que no se pueden regar los viñedos y los frutales con oro, regalías y espejitos de colores.
5. Sigue disminuyendo en Argentina la resistencia ambiental de sus distintos ambientes al cambio climático y a otras alteraciones ambientales severas. La implementación de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) que prevé el Protocolo de Kyoto y sus agregados son buenos negocios y reducen la emisión de dióxido de carbono, pero no aumentan la resistencia ambiental. La Secretaría de Ambiente de la Nación y sus organismos equivalentes de las distintas provincias parecen ignorar que la resistencia ambiental se incrementa conservando la máxima superficie de ambiente nativo y conservando cuencas hídricas intactas. Al día de hoy Ambiente de la Nación no tiene ninguna política de conservación y aumento de la resistencia ambiental. A lo sumo difunde "huellas del carbono" para el Día del Ambiente, no las dramáticas "huellas de la degradación" que comprometen nuestro futuro como país.

6. Los cursos de agua son utilizados como proveedores ilimitados de líquido, y como basurales abiertos para desechos industriales, urbanos y agrícolas. No existen políticas nacionales y provinciales para la gestión integrada de los cursos de agua que atraviesan zonas productivas, no se conservan como ecosistemas sino como meros flujos de agua, y en muchos ríos no se conserva su caudal ecológico, es decir, el caudal mínimo que sostiene la vida acuática.

7. Sigue ausente en Argentina una política de desarrollo agropecuario balanceado y sustentable. Predomina en cambio la expansión salvaje de monocultivos transgénicos que reducen peligrosamente la diversidad de productos, incentivan los desmontes, destruyen los suelos, y contaminan con plaguicidas el ambiente y las personas. En Argentina se siguen enfermando y muriendo niños, adolescentes y adultos porque las pequeñas dosis de plaguicidas rompen sus sistemas hormonales y afectan sus sistemas inmunes mientras los gobiernos privilegian la recaudación.

8. Siguen faltando en Argentina estadísticas precisas de morbilidad (registro de enfermedades) y de mortalidad por causas ambientales (por contaminación química, por contaminación microbiológica de agua, suelos y alimentos, por contaminación del aire urbano, por contaminación radiactiva, por contaminación no ionizante, etc.). Esta falta de estadísticas impide conocer el impacto real de la industrialización, de muchos productos de consumo, del uso de plaguicidas, de la energía nuclear, y de otras fuentes de riesgo. La ausencia de estadísticas de salud es el mejor incentivo para que se radiquen en Argentina industrias peligrosas y megamineras, y siga desconociéndose el impacto que produce la mala gestión pública del ambiente.

9. Sigue sin aplicarse la evaluación de impacto ambiental en la mayor parte de las obras, radicaciones y decisiones, públicas y privadas,.y cuando se realizan es usual que contengan gravísimos defectos e imprecisiones. Por otra parte, el estado sigue siendo uno de los actores que menos utiliza la evaluación de impacto ambiental, incluso cuando es obligatoria por ley.

10. Sigue promocionándose en Argentina la minería de uranio y la energía nuclear sin ningún tipo de consulta previa, e ignorando que organismos de energía atómica como CNEA, NASA y ARN protegen más sus propios intereses que la seguridad y la salud de la población. La mayoría de las minas de uranio cerradas siguen contaminando el ambiente porque no fueron remediadas, y en un barrio densamente poblado de la ciudad de Córdoba una sola empresa vinculada a CNEA, Dioxitek S.A., tiene enterradas sin membranas y sin aislamiento más de 36.000 toneladas de residuos radiactivos de uranio de baja actividad. No se comunica a la población las descargas rutinarias y accidentales de sustancias radiactivas desde las centrales de potencia (Atucha I, Embalse), ni se advierte que los depósitos de combustible radiactivo agotado de esas dos centrales, altamente radiactivos, pueden ser blanco de ataques terroristas y caída accidental de grandes aviones comerciales. Si esto sucediera, se generarían accidentes que equivaldrían a varios Chernobyl simultáneos (accidente nuclear grado 7 en la escala INES).