Vivimos en verdad una situación paradojal: La democracia se ha expandido como régimen  y  modelo  privilegiado de gobierno en una amplísima mayoría de ciudadanos, al tiempo que los partidos políticos y su dirigencia atraviesan por una profunda crisis de confianza, cuestionados tanto en su capacidad  para resolver los problemas de la gente  como de expresar y representar adecuadamente las demandas de la sociedad.

Estamos frente a sociedades escépticas frente a las formas tradicionales de hacer política y al mismo tiempo, menos pacientes y tolerantes frente a las promesas incumplidas de la dirigencia política y los líderes de gobierno. Ciudadanos que reclaman más por derechos individuales o de grupos que por la construcción de un proyecto de comunidad o un futuro compartido.

Ello está enfrentando a muchos gobiernos de la región al desafío de sostener condiciones de gobernabilidad aceptables que hagan posible la prosecución de la agenda prevista de su gestión.

La pregunta que muchos se hacen hoy en países que -como Argentina- están atravesando por  procesos de crisis o inestabilidad de sus sistemas políticos en contextos sociales complejos es cuánto stock de gobernabilidad tienen disponible para lograr un grado aceptable de eficacia gestionaria.

Digamos en primer lugar que la gobernabilidad en la Argentina está condicionada -formalmente- por la conjunción entre determinados arreglos institucionales nacionales y la distribución de las preferencias partidarias en las provincias.

La crisis del sistema de partidos que tuvo su corolario en diciembre de 2001 llevó a una profundización del poder de los gobernadores como actores necesarios para gobernar.

Esta desaparición de los partidos nacionales coloca  - desde lo institucional- al presidente de la Nación en una situación de debilidad en su capacidad de concitar los apoyos necesarios en el Congreso para llevar adelante su programa de gobierno, por la falta de estructuras nacionales que hagan posible la coordinación.

Ya no alcanza con que el presidente sea Justicialista para garantizar dicho apoyo, porque las instancias de negociación intra-partidaria, en un contexto de fragmentación  de los partidos mayoritarios (UCR/PJ), no generan los incentivos necesarios para llegar a acuerdos sustentados en un mismo proyecto político, más allá de los acuerdos de coyuntura.

Hoy en la Argentina es más correcto hablar de una confederación de partidos provinciales que de partidos nacionales. Estos partidos “provinciales” son los que nominan a los ocupantes de las bancas en el Congreso Nacional (y a quienes reportan como sus jefes naturales). Sus constituyentes no son sus electores sino sus gobernadores. Ello fue evidente en la manera en que el Congreso Nacional manejo – y resolvió- el conflicto entre el Ejecutivo Nacional  y el campo en el tema de las retenciones móviles y la famosa resolución 125.

Por tanto, la fortaleza presidencial que hace posible la negociación con los actores provinciales para crear  coaliciones de gobierno es la disponibilidad de recursos de la que disponga el presidente. Y ello es directamente proporcional al buen desempeño en la economía y a los consecuentes recursos de que disponga. Ello fue lo que NK logro, por ejemplo, con  las retenciones a las exportaciones, permitiéndole obtener una posición de poder respecto de las provincias, lo que  le facilitó las negociaciones a fin de lograr el apoyo para llevar adelante su gobierno.

El problema es que estos acuerdos son de una inestabilidad muy marcada porque no involucran espacios de construcción política de largo plazo, y más bien se sostienen de manera muy pragmática, basados  en el mero intercambio de apoyo por recursos.

 Entonces, cuando los recursos o la situación de poder nacional sufre algún tipo de debilitamiento, esos apoyos ya no  pueden ser  garantizados y, en consecuencia, los escenarios de ingobernabilidad pueden hacerse presentes .

En general, los enfoques habituales sobre la gobernabilidad se han centrado en las relaciones entre los ejecutivos y los legislativos, han reducido la política y el análisis de las situaciones de crisis a un solo plano, desdeñando el plano organizacional y el sociocultural.

Sin embargo, de modo reciente, un conjunto de desarrollos dentro y fuera del campo del pensamiento y la práctica política ha tendido a redefinir el problema del orden político en una dirección diferente.

Durante las últimas décadas, América latina se ha embarcado en un proceso de democratización y de reformas económicas y sociales que la ha confrontado con nuevos desafíos. Esas “nuevas democracias” han debido responder no sólo a las expectativas ciudadanas hacia el nuevo régimen, sino también al imperativo de edificar instituciones y reformar sus economías. Ante esos desafíos están enfrentando un conjunto de nuevas amenazas, diferente de aquellas conocidas en el pasado.

Antes, la crisis del sistema democrático asumía alguna forma de colapso generalizado de sus instituciones que, en nombre del “desborde social”, eran reemplazadas por algún tipo de gobierno de fuerza.

Hoy, los efectos acumulativos de las perturbaciones que enfrentan las “nuevas democracias” pueden minar la percepción sobre su capacidad para dar respuestas y sostener su legitimidad institucional.

Lo que parece haberse disparado hoy en la Argentina es un sentimiento generalizado en la sociedad de que no se está más dispuesto a admitir que los gobiernos hagan las cosas “sin proponer una explicación plausible” a la ciudadanía, una explicación que desde luego tiene que estar expuesta al sistema de debate público.

Ni siquiera la apelación a la legitimidad de origen electoral parece disuadir a la sociedad hoy de que existe un ‘verdadero continente político’ entre elección y elección; ese continente recuperado —o en vías de serlo— es la sociedad civil.

Este descubrimiento se traduce hoy en una demanda de mayor control de los representantes y el gobierno, y en un mayor nivel de transparencia de la gestión tanto como en una mayor calidad del proceso de rendición de cuentas.

Esa nueva sensibilidad parece disminuir los márgenes de aquellos —especialmente visibles en el caso del peronismo oficial pero también opositor— que han hecho de la “cultura de los resultados”—sean ellos sociales o económicos— un argumento pragmático a favor de la centralización y la delegación política.

Esa nueva sensibilidad parece empezar a advertir que ese desdén institucional, en el largo plazo, termina privando al país de resultados —en materia de reparación social, inversiones, etc.— y de las consabidas ventajas de retener en manos de los ciudadanos la última palabra en materia de soberanía política.

Por Graciela Römer, Socióloga, analista de opinión pública.