13 de Enero de 2009 

La convocatoria de la Justicia al ex presidente Carlos Menem y al ex ministro de Economía Domingo Cavallo a declarar en la causa por la venta del Predio de Palermo a la Sociedad Rural Argentina (SRA) ha reavivado la discusión sobre el precio por el cual se hizo esa venta. En su momento, y por tratarse de una venta directa a quien ocupaba el inmueble desde hacía más de 100 años, el precio lo estableció el Tribunal de Tasaciones.

No se trató de una tasación convencional que pudiera tomar como referencia los valores de mercado. Eso no era posible por varias circunstancias. En primer lugar, la venta se hacía con cargos de cumplimiento obligatorio por parte del comprador. En el lugar debía construirse un centro de ferias y congresos de nivel internacional. Además, los edificios considerados históricos, como los pabellones y el comedor central, debían no sólo mantenerse, sino también rehabilitarse. El gobierno nacional recibiría, además, un porcentaje de las ventas de entradas a los eventos, y debían contemplarse condiciones especiales para visitas de escolares y jubilados. Todos los años el predio debía ponerse a disposición del Gobierno por un período determinado.

Ninguna referencia de valores de mercado en la zona resultaba aplicable al caso, ya que el predio de Palermo no podía ser subdividido ni empleado para usos residenciales o comerciales. Es más, en ese caso el precio debería ser negativo.

Los hechos ocurridos posteriormente con la explotación y desarrollo del predio de Palermo indican más bien que debido al cumplimiento de las obligaciones del comprador, a la evolución del mercado ferial y a las regulaciones de la ciudad, el precio de la privatización resultó inadecuadamente alto y no bajo, en función de la ecuación económica del negocio. Debe tenerse en cuenta que, en todas las grandes ciudades, los centros de ferias y congresos son desarrollados por los gobiernos o subsidiados por éstos. En el predio de Palermo no hubo ni hay subsidios, y deben pagarse todos los impuestos.

La SRA encontró, no sin dificultad, un socio internacional especializado, que adquirió el 50 por ciento del usufructo del predio por 30 años a un precio equivalente a la mitad del precio de compra del inmueble. Con esa asociación se encararon las obras necesarias para cumplir con los cargos de la compra, que demandaron una inversión superior a los 80 millones de dólares. A los efectos de hacer financiable el proyecto, se le incorporó un módulo de entretenimientos, pero que fue finalmente impedido por el gobierno de la ciudad. La autorización para ese módulo, hoy transformado en un proyecto de centro de espectáculos múltiples y convenciones, aún no ha sido otorgada.

La crisis de 2001/2002 perjudicó sensiblemente los resultados de la operación, demandando la reestructuración de las deudas. No hubo distribución de dividendos y el paquete accionario del socio internacional fue transferido a un socio local por 500.000 dólares. Estas referencias pueden dar una idea de la inconveniencia de adjudicar valores a un inmueble que está sujeto a obligaciones y restricciones, que finalmente resultan extremadamente gravosas.

La Justicia tiene en sus manos resolver esta cuestión y, si el tema en discusión se refiere al precio de la privatización, se espera que lo haga con ecuanimidad y realismo.  Reproducción textual del editorial de la fecha en el diario La Nación