La Justicia intervino ayer en la virulenta pelea entre el Gobierno y la petrolera Shell: declaró que las multas millonarias por desabastecimiento que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, le había impuesto a la empresa son ilegales.

El juez en lo penal económico Daniel Petrone, el mismo que interviene en la causa por la valija de Antonini, sostuvo que el Gobierno había multado a la empresa sin respetar su derecho de defensa y que Moreno jamás demostró que Shell hubiera tenido la intención deliberada de desabastecer el mercado de gasoil, requisito ineludible para sancionarla. Por eso, decidió "absolver de culpa y cargo" a la compañía.

Lo resolvió respecto de una de las primeras multas, la impuesta por Moreno el 4 de julio de 2007 luego de que un grupo de inspectores constatara que la estación de servicio de Entre Ríos 1803, en el barrio de Constitución, no tenía el volumen de gasoil que el Gobierno exigía.

Aquella inspección no fue una medida aislada. Durante el año pasado, Moreno impuso a Shell más de 50 sanciones idénticas, todas de un millón de pesos, el máximo que prevé la ley. Fueron apeladas por la empresa y llegaron, así, a la Justicia.

Ayer, Petrone resolvió la primera de las más de 30 que están en su juzgado, correspondientes a presuntos desabastecimientos cometidos en la ciudad de Buenos Aires. El resto fue derivado a jueces del interior.

Pero la ofensiva kirchnerista contra la petrolera fue aún más lejos. En agosto del año pasado, la Secretaría de Comercio pidió la detención del presidente de Shell Argentina, Juan José Aranguren. Esa medida, que no tenía precedente, fue el punto más álgido de una pelea que llevaba años: Aranguren es uno de los pocos ejecutivos que siempre dijo en voz alta lo que piensa sobre el Gobierno y eso incluyó duras críticas que no cayeron nada bien en el kirchnerismo.

La pelea entre el Gobierno y la petrolera anglo-holandesa atravesó su peor momento en marzo de 2005, cuando el presidente Néstor Kirchner exhortó a la población a no comprarle a Shell "ni una lata de aceite". Al día siguiente, 33 estaciones de servicio fueron bloqueadas por piqueteros liderados por Luis D Elía.

Dos años más tarde, Moreno pidió el arresto de Aranguren basado en que había violado la ley de abastecimiento, una norma sancionada en 1974 cuya vigencia y constitucionalidad es, a juicio de los juristas, al menos dudosa. Esa ley faculta al Poder Ejecutivo a disponer arrestos y prevé penas de hasta cuatro años de prisión.

La causa por el pedido de detención de Aranguren también está en el juzgado de Petrone. En ese expediente, aún no hubo definiciones, pero fuentes que intervienen en el caso coincidieron en que luego del fallo de ayer es poco probable que el presidente de Shell termine preso: si no se probó la intención de la empresa de desabastecer, mal podría arrestarse a su presidente por eso.

Petrone todavía no se pronunció al respecto. Nada dijo, tampoco, del fondo del asunto: ¿está vigente la ley de abastecimiento?

"Suma gravedad"

"La declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad institucional y debe ser considerado como la última ratio del orden jurídico", sostuvo el juez, y explicó que la Corte ha advertido que "de existir la posibilidad de una solución adecuada al caso por otras razones, debe recurrirse a ellas en primer lugar" y sólo en última instancia declarar la inconstitucionalidad de una ley del Congreso. Así, el fallo de Petrone se basó exclusivamente en que el Gobierno violó la garantía del debido proceso. "La infracción que se le imputa a la empresa Shell no se encuentra acreditada sobre la base de un procedimiento respetuoso de las garantías", sostuvo.

El juez afirmó que no hay fundamentos para sostener que el derecho de defensa, ineludible para los procesos judiciales, pueda soslayarse cuando quien sanciona es el Poder Ejecutivo. "Así como la garantía del debido proceso contemplada en el artículo 18 de la Constitución Nacional debe regir en los procedimientos llevados a cabo en sede judicial, lo mismo debe ocurrir cuando los hechos controvertidos se sustancian a través de la vía administrativa, sin perjuicio de su ulterior revisión por el órgano jurisdiccional", advierte el fallo.

En concreto, el problema estuvo en que la Secretaría de Comercio no le permitió a la petrolera "ofrecer y producir prueba" para defenderse.

El fallo fue notificado a las autoridades de Shell durante la mañana de ayer. LA NACIÓN se comunicó con la empresa, pero sus autoridades informaron que, por el momento, no iban a hacer declaraciones sobre la pelea judicial.

Además de los expedientes de Petrone, está pendiente un pedido de la compañía para que la justicia en lo contencioso administrativo declarara inconstitucional la ley de abastecimiento. Esta norma lleva más de diez años derogada, con la única excepción de un parte de un artículo: la que habilita al Poder Ejecutivo a dictar normas regulatorias. ¿Puede además aplicar las sanciones de una ley suspendida? Para el Gobierno está claro que sí. La Justicia todavía no se expidió. Reproducción textual de la columna de Paz Rodríguez Niell , De la Redacción de LA NACIÓN.