17 de Noviembre de 2008
 

En los últimos días, una extensa resolución del procurador general de la Nación aportó la cuota extra de sospecha que la sociedad necesitaba para convencerse de que la corrupción no sólo no es combatida, sino que hasta parece alentada por las decisiones públicas que, cualquiera fuera su intención, terminan ampliando el margen de la impunidad.

En este caso, Esteban Righi, titular de la Procuración General de la Nación, limitó las funciones de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en las causas que investigan los casos de corrupción gubernativa, al dirimir una dilatada discusión que se venía librando en el seno del Ministerio Público.

Si bien el fiscal Manuel Garrido, afectado por la medida, admite que la decisión de Righi no es ilegal, señala que dentro del marco de la misma ley podría haberse optado por una interpretación no restrictiva, de manera que en lugar de elegir acotar a la Fiscalía le brindara más facilidades para impulsar las causas de corrupción que se ventilan en la cuestionada justicia federal.

El tema no es menor, pues cuando se repasan algunas de las causas en trámite, como Skanska, el Indec, la "bolsa" de Felisa Miceli o el presunto enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner, se advierte que tienen tal trascendencia y tan grande condimento político que resulta ingenuo pensar en la asepsia de una resolución dictada por un funcionario designado por Kirchner, uno de los investigados, precisamente.

Por otro lado, tampoco luce casual que un tema de competencias que se viene discutiendo desde hace varios años sea resuelto, de improviso, por un alto funcionario gubernamental, justo en momentos en que los magistrados federales deben resolver los candentes casos mencionados que complican al gobierno actual y que se agravan por las recientes denuncias interpuestas por los líderes de la oposición. Desde esta perspectiva podría afirmarse que la resolución del procurador general es, cuando menos, sugestivamente oportuna para el Gobierno.

Pero además, es preciso advertir el daño que la resolución de Righi hace a la imagen de la Argentina en el contexto internacional, toda vez que aparece a contramano de la tendencia universal de combatir activamente la corrupción; en especial por parte de aquellos países que son signatarios de acuerdos que, con ese propósito, se vienen celebrando en todo el mundo. Vaya como ejemplo la propia Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por la Argentina, orientada a perseguir la corrupción administrativa y que, para asegurar ese fin, admite la posibilidad de existencia de una pluralidad de órganos dedicados a controlar la conducta de los funcionarios. En el mismo sentido puede citarse la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada en la Argentina por ley, centrada en la tipificación de los delitos cometidos en la gestión pública.

En otras palabras, mientras en los organismos internacionales se señala, cada vez más, a la corrupción de los gobernantes como una de las primeras causas de subdesarrollo y se recomiendan medidas eficaces para combatir las conductas dolosas de los funcionarios, en la Argentina actual, las más altas autoridades del Estado parecen hacer lo posible para que los actos de corrupción que cada día afectan a más funcionarios del Gobierno, queden ocultos o desdibujados tras un manto de adecuada impunidad.

Debe quedar claro cuál es el centro de gravedad del tema que destapa la comentada resolución. No es, por cierto, el perfeccionismo legal que pueda pretextar ahora el procurador general, luego de más de cinco años en su puesto. Menos aún, enredarse en una discusión sobre una interpretación más amplia o más restrictiva de la ley. No lo son tampoco las mayores o menores antipatías que, por celo profesional o intereses políticos, puedan despertar en los fiscales federales la participación promiscua de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en las causas en trámite. El tema real, el único asunto que debe llamar la atención de la sociedad y de la comunidad internacional, es si con la resolución de Righi se facilita o se dificulta la persecución de los corruptos que anidan en varias de las ramas del árbol frondoso del Estado.

Todo parece indicar, y lo que está pasando en la justicia federal lo demuestra, que a medida que avanza la corrupción se hace más urgente, por parte del Gobierno, adoptar toda suerte de normas y artilugios reglamentarios no para combatirla o desalentarla, sino para limitarse a asegurar su impunidad.

Curiosamente, la resolución comentada se suma a la resolución 158/07 mediante la cual la Procuración General de la Nación intenta impedir que en nuestro país los fiscales puedan investigar los delitos de lesa humanidad cometidos por las organizaciones guerrilleras en los años setenta.

Esta segunda resolución, que viola la obligación internacional del Estado de investigar esos crímenes, ha amordazado a nuestros fiscales en lo que se refiere a investigar la responsabilidad de aquellos que parecen haberse asegurado un rincón de impunidad.

El Gobierno ha encontrado en la Procuración General un vehículo que luce funcional para frustrar aquellas investigaciones que, por una razón u otra, pueden perturbarla. Reproducción  textual del Editorial del diario La Nación del 17-11-08