03 de Diciembre de 2008

 

EL DIFUSO ORIGEN DE LOS CAPITALES Y LA PLATA NEGRA QUE YA ENTRO

Blanqueo: unos cuantos gatos encerrados en la ley del Gobierno

Así como está, el blanqueo lanzado por el Gobierno abre una ancha puerta al ingreso de los capitales más diversos, incluidos algunos de origen controvertido. Y en algún sentido, también podría ser un traje a medida para regularizar fondos en negro que ya se colocaron en el país o estarían en las gateras: además, bien barato.

El proyecto deja expresamente afuera del blanqueo a quienes puedan ser alcanzados por las leyes sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Pero, a la vez y también expresamente, libera a todo el mundo de la obligación de declarar el origen de los fondos (cómo se consiguieron) o el momento cuando fueron realizados. Podría ocurrir, así, que por un lado se cierre la puerta y por el otro se la entreabra.

Por de pronto, declarar el origen de las tenencias --divisas, bienes o lo que sea-- es un punto clave en las normas del GAFI, el organismo internacional que controla el lavado de dinero, el narcotráfico y el financiamiento al terrorismo. La Argentina está adherida al GAFI y, por lo mismo, el Gobierno debió sancionar leyes que le exigían: la cuestión es si esta vez no se estarían perforando las reglas.

Habrá que ver si es suficiente, como dice el proyecto de la ley, con que un banco del exterior le extienda al autor del blanqueo un certificado donde figure su nombre y domicilio, el importe y la entidad donde fue hecho el depósito. Son requisitos de rigor: el punto es si con eso alcanza.

O si basta con que el banco o la institución financiera del exterior estén "sujetos a la supervisión de los bancos centrales u organismos equivalentes de sus propios países". No hay referencias a organismos atados al GAFI, como la UIF argentina: por lo demás, la adhesión al instituto internacional que controla el lavado es voluntaria y hay muchos países no afiliados.

Se sabe, hace tiempo, que no bien asoma una oportunidad capitales que circulan por el mundo son blanqueados; claro está, aquellos de origen oscuro o controvertido. Y aunque mal no habría venido, en el proyecto tampoco aparece ninguna cita a los paraísos fiscales.

Así, entre la posibilidad de no declarar el origen de los fondos, locales o externos, y las normas sobre lavado de dinero queda una dudosa zona gris. Si se quiere, una contradicción que tal vez sea atendida cuando la ley sea reglamentada. Tanto como para aflojar las especulaciones que asocian la medida al caso de la valija con 800.000 dólares del venezolano Antonini Wilson.

Lo que sí está dicho expresamente es que al dinero negro no le cabe "la figura de evasión tributaria o participación en la evasión tributaria": haberla cometido o ser parte de una asociación que la cometió. Para el caso, esto deja de ser delito y también caen procesos civiles, penales, comerciales y administrativos; muchos, y algunos muy avanzados. Aquí el redactor no se anduvo con vueltas para decir lo que quería decir.

Ahora, el traje a medida que suele intuirse detrás de cualquier blanqueo.

Según el proyecto, se pueden blanquear divisas que ingresaron al país antes de octubre de 2007. Y fueron utilizadas en inversiones inmobiliarias, en compra de máquinas o maquinitas, se las incorporó al capital de empresas o fueron prestadas a otras empresas, tal vez vinculadas. Es la legalización de operaciones que ya fueron hechas. Aquí también puede haber un gato encerrado.

Queda claro, pues, que el blanqueo lanzado por el Gobierno es una puerta ancha y propicia. Por la que también pueden filtrarse fondos fugados que aún no ingresaron, para negocios diversos o cosas que ya se pensaban hacer.

Otro cantar es cuánta plata nueva de verdad ingresará al país, con un Gobierno imprevisible para los capitalistas poco afectos a correr riesgos, que se bandea desde el pago al Club de París y el arreglo con los bonistas a la liquidación de las AFJP. O si, como dice el texto oficial, es una oportunidad para "fortalecer nuestra economía real". Literalmente, pensado "bajo un prisma positivo y pragmático".

Eso sí, no hay una sola explicación -ni positiva ni pragmática- para quienes cumplen con la ley y encima creen que pagar los impuestos equivale a educación, salud y seguridad, por nombrar algunas funciones del Estado. No la hay, sencillamente porque no existe.

Tampoco se ha reparado en el precedente que se sienta y puede resentir ingresos futuros: que es posible incumplir las normas fiscales, porque siempre habrá un salvavidas. Ni se ha medido el daño que se le inflige al trabajo de control que estos años hizo la AFIP.

Queda para el final, algo que también está en la base de la movida. Que con el blanqueo y la moratoria impositiva interconectados, el Gobierno busca hacerse de plata: poca, mucha, la que sea posible. Y se abre, de paso, una oportunidad para colar algunas operaciones negras, hechas o por venir, en un sistema que será vasto y polifuncional. Por: Alcadio Oña, su columna en el diario Clarin

NOTAS RELACIONADAS VARIAS: 

La moratoria haría caer juicios por más de $ 2.000 millones

Son demandas que ya inició la AFIP a frigoríficos, cerealeras, pesqueras, supermercados y hasta clubes de fútbol. Y que también incluyen a varios empresarios de peso. Con el plan del oficialismo, evitarían penas que llegan hasta la prisión.

Si el Congreso decide aprobar la moratoria impositiva que impulsa la Casa Rosada, quedarían en la nada más de 3.600 juicios penales contra presuntos evasores acusados de no pagar impuestos por más de 2.137 millones de pesos. Se debe a que el proyecto del oficialismo establece que, no bien las deudas se salden con las rebajas ofrecidas, las acciones penales contra estas personas -físicas y jurídicas- queden suspendidas.

Esa montaña de expedientes va a ir derecho a saturar los archivos de Tribunales. Según los registros oficiales, 3.638 son las causas que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) inició en los últimos años: 1.432 en 2006, en reclamo de $ 692 millones; 1.367 al año siguiente para tratar de cobrar otros 909 millones y 839 en lo que va de 2008 por 539 millones de pesos más.

Los delitos tributarios tienen diferentes sanciones, que en los casos más graves -más de 100 mil pesos evadidos en un mismo impuesto y en un mismo período-pueden llegar a penas de prisión. Pagando menos de lo que la AFIP reclamó originalmente en esos 3.638 casos, evitarán todo castigo desde multinacionales hasta pequeños contribuyentes, cerealeras, supermercados y constructoras, pesqueras, clubes, líneas aéreas y financieras y haras.

El listado de empresas denunciadas es de libre acceso en el sitio web de la AFIP. No incluye denuncias anteriores ni las virtuales confesiones de empresas como Skanska, que por su cuenta decidió pagar más de 21 millones de IVA y Ganancias que dijo adeudar.

Un juez que lleva muchas de estas causas dijo a Clarín que la medida que impulsa el Gobierno es "lisa y llanamente una amnistía". "Lo más grave de todo -opinó- es que pone en un plano de igualdad a los ciudadanos que cumplen la ley con los que no la cumplen".

De acuerdo al proyecto del Ejecutivo, la moratoria permitirá una rebaja de hasta el 70 por ciento de los intereses de todos los acusados de evasión. El ex titular de la AFIP, Alberto Abad, calificó el proyecto como "socialmente injusto", mientras que su sucesor, Claudio Moroni, respondió que quienes hayan estado al día tuvieron mayores facilidades para acceder a créditos.

Las cerealeras son de las empresas más denunciadas por la AFIP. En la lista oficial figuran Agro Land, Agro Muñoz, Agro Saladillo, Agroquiroga, Agroservicios Entre Ríos, Cerealera Santafesina, Cereales Laborde, Cereales Marcos Juárez y Monsanto, entre otras.

Algo parecido ocurre con los frigoríficos: aparecen Araucano, Ranquelino, Entre Ríos, Gorina, Tolosa, La Cabaña, Verónica y más. Todos podrán entrar en la moratoria, al igual que grandes compañías y empresarios como Aceros Zapla (Sergio Taselli), Enrique Menotti Pescarmona, Harengus (Bulgheroni) o Ledesma (Blaquier).

En el rubro pesqueras, sobresalen Conarpesa, Universal y Los Moros. Entre los clubes, Newell's Old Boys y Colón de Santa Fe. Y hay más: la supermodelo Valeria Mazza, la ex línea aérea Dinar, la financiera Puente Hermanos, Transvideo, los supermercados Toledo, la línea 22 de colectivos.

Estas 3.638 causas que abrió la AFIP están desperdigadas por todo el país. Entre otras pocas excepciones, se les negaría la posibilidad de entrar en la moratoria a aquellos que tengan sentencias firmes. Pero otro juez que lleva causas sobre evasión advirtió al respecto: "Hoy se entiende que un fallo no está firme hasta que no haya decisión de la Corte". En ese caso, con la sola interposición de un recurso de queja, simplemente a la espera de que la Corte lo trate, un deudor podría acogerse a la moratoria. Por Lucrecia Bullrich ,De la Redacción de lanacion.com lbullrich@lanacion.com.ar

 

PODER CIUDADANO

Las voces de alarma frente a la moratoria y el blanqueo de capitales anunciados esta semana por el Gobierno no ceden y llegan desde los más variados ámbitos.

A las críticas de la oposición, los especialistas, los abogados y los fiscales, se sumó la presidenta de Poder Ciudadano, Delia Ferreira Rubio, quien alertó que las medidas planteadas por la Casa Rosada tendrán efectos directos no sólo sobre las causas de corrupción en marcha, sino también sobre la imagen de la Argentina en el mundo en términos de transparencia.

En un reportaje con lanacion.com, la titular de Poder Ciudadano y máxima referente de Transparencia Internacional en el país y el resto de América latina también advirtió sobre la "responsabilidad" que tendrán los diputados y senadores, que tratarán el proyecto de la semana próxima, para "evitar que se consagre la impunidad".

"Tanto la moratoria como el blanqueo de capitales son una burla a los contribuyentes que cumplen con la ley. El mensaje es claro: ?Si en la Argentina usted paga sus impuestos es un tonto. El vivo es el que no paga?", planteó la especialista.

Enseguida, destacó que la mayor falla del proyecto de ley que impulsa la Casa Rosada anida en la falta de límites. "Es sumamente amplio en cuanto a la inclusión en los beneficios de cualquier obligación tributaria impaga o de infracciones cometidas mientras no haya recaído sentencia firme y eso puede provocar que muchas de las investigaciones en marcha queden sin efecto", señaló en coincidencia con las advertencias de juristas, abogados y fiscales.

Frenos. En este punto, propuso mecanismos para acotar la posibilidad de acceso, tanto al blanqueo como a la moratoria impositiva. "Una forma posible sería fijar que sólo quedarán comprendidas en la moratoria las obligaciones fiscales cuyo cobro judicial no se haya iniciado, o aquellas no sujetas a investigación judicial", planteó. En el mismo sentido, añadió que "habría que excluir del beneficio las infracciones al régimen tributario que estén tipificadas como delitos".

Las medidas para aminorar los "efectos no deseados" podrían completarse, según Ferreira Rubio, con un incentivo para contribuyentes cumplidores. "Ya que el Gobierno dice que quiere ideas, ¿por qué no suma a la moratoria algún beneficio para los que pagan en tiempo y forma? Se podría aplicar un descuento en los impuestos de los próximos años del 70 por ciento o más", sugirió.

Corrupción y percepción mundial. Para Ferreira Rubio, una de las aristas tal vez más preocupantes del paquete anti recesión es el impacto que su aprobación pueda tener en la lucha contra la corrupción y en la percepción mundial sobre la materia en la Argentina.

Este año, escándalo de Antonini Wilson y sospechas sobre el financiamiento de la campaña de Cristina mediante, el país retrocedió cuatro casilleros en el ránking de corrupción que elabora Transparencia Internacional.

Según el Indice de Percepción de la Corrupción (IPC), la Argentina ocupa el número 109, entre 180 países clasificados. En una escala de 1 a 10 (entre la percepción de muy corrupto a la ausencia de corrupción), el país sumó un decepcionante 2,9, el mismo número que el año último, aunque retrocedió del puesto 105 al 109.

El IPC es una encuesta de encuestas, que resulta de consultas a empresarios, académicos y expertos de cada país sobre la percepción que tienen del manejo del Gobierno y de los funcionarios en general en lo relacionado con los fondos públicos.

Ferreira Rubio no duda de que el avance del paquete de medidas afectará este tipo de mediciones. "Si se confirma la sospecha de que la moratoria podría significar una amnistía encubierta para quienes participaron en maniobras como las de las facturas truchas, para ocultar el pago de coimas, sin duda la moratoria será como una forma de protección de la corrupción", alertó.

La mira en el Parlamento. En este contexto planteó que el Congreso "está frente a una gran responsabilidad" y apeló a la actitud de cada uno de los legisladores. "Deben ser sumamente cuidadosos para evitar que, con el pretexto de la crisis y la recaudación, se consagre la impunidad".

Pese al optimismo oficial frente a la aprobación del plan y la férrea defensa que en estos días ensayó desde todos los frentes, el panorama en el Congreso dista de ser alentador para el kirchnerismo. Ayer, el jefe de la bancada oficialista en el Senado, Miguel Pichetto, admitió que, en particular el blanqueo de capitales, provocará "cuestionamientos".

"El Congreso tiene la palabra", concluyó Ferreira Rubio.

 

ADMISIÓN TACITA 

El plan para enfrentar la crisis que ha lanzado el Gobierno ha significado, más allá de su eficacia, la admisión tácita de que las consecuencias del terremoto serán serias en este país. Han terminado, por fin, la jactancia de que estábamos libres de la plaga y los consejos irónicos recomendando a otros qué hacer. Uno de los voceros de ese pensamiento ha sido el diputado Kunkel con sus despectivos comentarios públicos sobre la presencia de España en el Grupo de los 20 (participó bajo la bandera de la Unión Europea), en tanto que la Argentina, subrayó el legislador, lo hizo como miembro pleno. No se sabe qué conclusiones sacó de esa situación pero ese tipo de razonamientos exitistas sólo sirven para reforzar la "infalibilidad" que el oficialismo intenta imponer para ocultar los bruscos cambios de planes que hubo en los últimos días respecto de los efectos de la crisis.

Más allá de eso, el plan es un reconocimiento de la realidad y eso es positivo. De allí a que sea efectivo hay una distancia grande.  Esa brecha es de credibilidad, un cimiento fundamental para que despierte el entusiasmo y venza los temores de quienes no quieren correr riesgos en la Argentina. El blanqueo es, ya se ha dicho, una gran burla a quienes han cumplido con sus obligaciones impositivas y legales, aún en las condiciones políticas y económicas más complicadas. La necesidad de mantener y engrosar el superávit y, quizá, de crear fórmulas para que el desempleo no crezca, hicieron que el Gobierno haya optado por este blanqueo. Si la confianza no es reforzada con hechos que rectifiquen la estrategia de enfrentamiento, los efectos del plan serán acotados. Tal vez eso explique este reacercamiento con la Iglesia. Ricardo Kirschbaum,  editor general de Clarin.

 

La moratoria: "Cuanto peor, mejor".

Si hay un sector que se suponía que apoyaría el muy generoso paquete impositivo lanzado esta semana por el Gobierno era el de los contadores. Sin embargo, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) opinó que al Poder Ejecutivo se le fue la mano ya que se premia a los más incumplidores."El proyecto conspira en términos filosóficos contra la equidad tributaria, porque el que más infringió la ley, más se beneficia con esta moratoria", expresó a LA NACION la secretaria del CPCE porteño, Flavia Melzi.

Lejos de formular un cuestionamiento moral (que no estaría de más para consolar a los contribuyentes puntillosos que ahora se sienten más tontos que nunca), la entidad que agrupa los profesionales de las ciencias económicas afirma que el proyecto está plagado de contradicciones: "Le otorga mayores incentivos al que nunca declaró nada que a quien había comenzado a blanquear bienes o empleados, que ya tiene una deuda que deberá seguir pagando. En cambio, quien estaba totalmente en negro parte de cero y pagará mucho menos".

Además, los contadores se quejan porque en la nueva ley queda vigente la responsabilidad para que informen sobre "operaciones sospechosas" que puedan estar relacionadas con lavado de fondos ilícitos, mientras que los contribuyentes quedan eximidos de responder ante la AFIP de dónde sacan el dinero que van a blanquear.

Finalmente, los profesionales del sector no escapan al escepticismo generalizado respecto del efecto práctico de esta medida: "En este contexto de incertidumbre y constantes cambios de política económica nadie va a traer un peso para tenerlo dos años inmovilizado", indicó Melzi, de lo cual se puede inferir que sólo fluirá dinero de dudosa procedencia para alimentar la compra de propiedades en barrios acomodados. Mientras tanto, el Gobierno elude cualquier rebaja de los pesados impuestos al consumo, que recaen por igual sobre todos los estamentos sociales, inclusive los más desfavorecidos.

Y si el objetivo oficial es lograr un mayor blanqueo laboral, sólo cabe observar el resultado de las moratorias de 1991 o del 2001 para comprobar que el Estado perdió recaudación por la rebaja en las contribuciones patronales pero que las fuentes de trabajo formal no crecieron.

Pese a estas objeciones, resulta difícil pensar quién se va a quejar ante esta nueva norma, como explicaba ayer un abogado en la city: "El Estado cobrará más, los estudios jurídicos también y los empresarios con problemas van a estar más tranquilos", concluyó con mucha franqueza. Martín Kanenguiser, para lanacion.com

 

la sospechosa moratoria impositiva y los riesgos del narcotrafico

Al Capone, de fiesta

Frases de la semana:  “La moratoria es un salto al vacío porque permite blanquear dinero o bienes mal habidos sin que se investigue su origen”; de Alberto Abad, ex titular de la AFIP durante la gestión de Eduardo Duhalde, la de Néstor Kirchner y los primeros meses de la de Cristina Fernández de Kirchner.

Frases de la semana

“La moratoria es un salto al vacío porque permite blanquear dinero o bienes mal habidos sin que se investigue su origen”; de Alberto Abad, ex titular de la AFIP durante la gestión de Eduardo Duhalde, la de Néstor Kirchner y los primeros meses de la de Cristina Fernández de Kirchner.

“Al igual que le pasó a Gustavo Beliz cuando fue ministro del Interior de Carlos Menem, Sergio tiene toda la percepción de estar rodeado por un nido de víboras”; de una voz de las cercanías del jefe de Gabinete de Ministros, Sergio Massa.

“Si salimos a decir la verdad de lo que está pasando con los cortes de energía eléctrica vamos a tener problemas con De Vido”; dichos en off de un funcionario de una de las compañías distribuidoras de electricidad en Capital Federal.

La crisis económica ha comenzado a tener su impacto en la Argentina. Esto ya no es novedad. “La necesidad tiene cara de hereje” dice el refrán. Y sin dudas que para el Gobierno el imperativo de contar con un plan B, que permita hacer frente a las dificultades del presente y del futuro inmediato, demolió la estentórea y ufana expresión de la Presidenta cuando hacia fines de septiembre, a su paso por Nueva York, respondió, con bastante ofuscación y poca reflexión, en forma negativa la pregunta de alguien que la inquirió sobre la existencia de un plan B para la Argentina.
Hasta aquí, el tardío plan B ha comprendido la controvertida nacionalización de las AFJP, a la que siguieron la reinstauración del Ministerio de la Producción y la moratoria.

La recreación del Ministerio de la Producción y la designación a su frente de Débora Giorgi fueron decisiones bien recibidas en los ámbitos empresariales. Para muchos fue más importante el nombramiento de la licenciada Giorgi que la resucitación de la estructura burocrática del ministerio cuya disolución, curiosamente, había sido dispuesta por el mismísimo Néstor Kirchner no bien asumió la Presidencia, el 25 de mayo de 2003. Seguramente la nueva ministra tendrá entre sus prioridades atender el valor del dólar, buscar alternativas a la falta de crédito y considerar la creación de instrumentos que incentiven la producción.

El requerimiento de la hora es claro: mantener el empleo tiene no sólo una finalidad salarial sino que también hace a la dignidad de la persona y a la cohesión social. Eso es algo que no se arregla con indemnizaciones ni dobles ni triples.
Débora Giorgi es una mujer dedicada al tema de la producción desde siempre. Su paso por las distintas administraciones –recordar que fue funcionaria de la Alianza– habla del reconocimiento que su tarea genera. La pregunta aquí es: ¿Será ella la que, finalmente, pueda desplazar a Guillermo Moreno, el omnipresente “Lassie” de los Kirchner? ¿Podrá Débora Giorgi hacer lo que no pudieron ni Felisa Miceli, ni Miguel Peirano, ni Martín Lousteau, ni Carlos Fernández, ni Alberto Fernández, ni Sergio Massa? Guillermo Moreno sigue haciendo lo suyo, que es el apriete.
En realidad es lo que le piden que haga los Kirchner. Algún día, o tal vez nunca, el matrimonio presidencial se dará cuenta de lo inútil y perjudicial que ha sido para su imagen y su gestión creer que gobernar es cosa de pseudo-guapos y guarangos.

Nota al pie: En la alforja de las cosas buenas de la semana está la reunión que la Presidenta tuvo con la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina, encabezada por el cardenal Jorge Bergoglio. Se habían visto en ocasión de la asunción de la primera magistratura de la Dra. Kirchner. Aquel fue un encuentro protocolar en donde hubo un monólogo de la Presidenta. Esta vez hubo diálogo. Los obispos le regalaron a Cristina Fernández de Kirchner dos elogios que la sorprendieron. Uno fue una visión crítica del capitalismo salvaje que reinó en los 90 y la otra un reconocimiento por el compromiso de la jefa de Estado con la lucha contra el narcotráfico. Hubo, por otra parte, una insistencia de los obispos en la necesidad de regenerar el clima de diálogo político ausente entre el Gobierno y la oposición. ¿Cuánto ganaría el Gobierno si accediera a eso?

La moratoria anunciada por el Gobierno constituye algo brutal en cuanto a su significado político, jurídico y moral. El proyecto de ley lleva el ostentoso nombre de “Régimen de Normalización Tributaria, Promoción y Protección del Empleo Registrado con Prioridad en Pymes y Exteriorización y Repatriación de Capitales”.
Hacía falta un título así para intentar tapar un vulgar y grosero blanqueo de muchas cosas oscuras.
La mayoría de los especialistas la consideran una de las moratorias más amplias que haya conocido el país en los 89 blanqueos que registra a lo largo de su historia. Una fuente judicial abocada al seguimiento de estos casos fue lapidaria en su opinión: “Esto es similar a la autoamnistía dictada por los militares cuando estaban dejando el poder”.
Esas fuentes judiciales que entienden en materia tributaria, van aún más allá en sus conclusiones críticas sobre el proyecto. Se escuchan ahí cosas como estas:
“Este proyecto convierte al juez en una especie de controlador.”
“Suspende la acción penal y abre las puertas a la prescripción”.
“Hay juzgados en los que se venían investigando causas importantes que caerán.”
“Abre la puerta al dinero negro y a la impunidad.”
“¡Que después, desde el Poder Ejecutivo, no se quejen diciendo que la Justicia no hace nada contra la evasión!”

Hasta el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas expresó una posición fuertemente crítica ante el proyecto. He aquí algunos de los conceptos de la secretaria del Consejo, Flavia Melzi, a La Nación:
“El proyecto conspira filosóficamente contra la equidad tributaria porque el que más infringió la ley más se beneficia con esta moratoria.”
“Le otorga mayores beneficios a quien nunca declaró nada que a quien había comenzado a blanquear bienes o empleados, que ya tiene una deuda que deberá seguir pagando. En cambio, quien estaba totalmente en negro parte de cero y pagará mucho menos.”
“En este contexto de incertidumbre y constantes cambios de política económica nadie va a traer un peso para tenerlo dos años inmovilizado.”

El desánimo que esta medida genera al interior de la AFIP es enorme. La sospecha también. Nadie olvida allí la remoción del titular de la Dirección General Impositiva (DGI), contador Horacio Castagnola, por respaldar una investigación sobre la emisión de facturas truchas de la empresa Gotti SA, vinculada al amigo del matrimonio presidencial Lázaro Báez.

La historia es contundente: las moratorias nunca han conseguido atraer a los grandes evasores ni han ayudado a solucionar ninguna crisis económica.
Por lo tanto, nada bueno habrá de salir de esta moratoria, una verdadera invitación a la indecencia.

A este cuadro se le agregó el de los cortes de energía eléctrica que aún afectan a muchas zonas de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires. Como siempre, la respuesta del Gobierno, a través del titular del que debería ser rebautizado como Ministerio de Infraestructura Deficitaria y Planificación Federal Fallida y Poco Transparente, Julio De Vido, fue la misma.
Primero negaron que hubiera algún tipo de inconveniente. Después dijeron que lo que había era “un pequeño problemita”. Finalmente, con las imágenes y los sonidos de las cacerolas en las calles de distintos barrios porteños, se reconoció la realidad y se comenzó a hablar de las sanciones a las empresas distribuidoras de electricidad. Todo esto es algo ya conocido.
La situación eléctrica es crítica desde hace años. Y todo está atado con alambre. El Gobierno decidió emparchar el déficit energético apostando a la benignidad del clima y a la ayuda que pudiera venir del presidente Hugo Chávez.
Pero esa ayuda, poco generosa y muy costosa, ha servido de poco.
Lo precariedad, una vez más, ha salido a la superficie y quien la sufre es el ciudadano de a pie. Por supuesto que nada de esta precariedad la vivió la Presidenta, quien, en el fin de semana, buscó alivio al calor de Buenos Aires en su retiro de El Calafate.

Para concluir, un poco de historia.
En el siglo pasado, durante las décadas del 20 y el 30, el delito se enseñoreó en las calles de Chicago. La “Ley Seca” actuó a la manera de verdadero combustible que fogoneó la aparición de temibles bandas mafiosas.
Uno de los jefes más prominentes de esas organizaciones planeó y dirigió una amplia gama de delitos: juego ilegal, proxenetismo, elaboración, distribución y venta clandestina de bebidas alcohólicas, y el asesinato de varios de sus enemigos.
Pudo liberarse de casi todos esos delitos. Pero hubo uno por el cual acabó, finalmente, en la cárcel. Ese delito fue la evasión impositiva, y el personaje en cuestión era Al Capone, quien, de vivir hoy día en la Argentina, seguramente estaría celebrando este proyecto de moratoria y blanqueo de capitales y paseando su impunidad por todo el país.  Nelson castro, periodista, Diario Perfil, su columna. Producción periodística: Guido Baistrocchi, con el aporte de Laura Bartolomé.

  

paradojas del discurso k

Cristina quiere blanquear, pero el propio Estado contrata trabajadores en negro

Bajo la figura de los “convenios de asistencia técnica”, unos 300 trabajadores de los ministerios de Planificación y Economía están regidos por los denominados “contratos basura”. Tienen un sueldo mínimo y deben costearse la ART, la jubilación y la obra social. La aparente “pasantía” esconde una virtual relación de dependencia. PERFIL conversó con seis empleados que reconocieron estar en esta situación irregular.

Contrato. Aunque llevan el membrete de la UTN, varios de los empleados que lo firman nunca estudiaron en esa universidad.

El martes pasado, en la UIA, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el plan oficial para enfrentar la crisis financiera global. “Vamos a enviar en el mismo proyecto un instrumento que permita poner de negro a blanco a los trabajadores en la República Argentina”, anunció la mandataria. Quienes escucharon con atención ese párrafo del discurso presidencial fueron los al menos 300 empleados del Ministerio de Economía que, con la excusa de una pasantía encubierta en un “contrato de locación de servicios”, firmaron un “contrato basura”, que desde la CTA no dudan en calificar como “trabajo en negro”.

“Yo trabajaba en el Ministerio de Economía, pero iba todos los meses a Avellaneda, a la sede de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional), a cobrar el cheque”, cuenta Juan. El caso de este ex empleado del organismo, que no quiso dar su nombre real, es uno de los seis relevados por PERFIL que demuestran que detrás del ímpetu del Gobierno por blanquear a los trabajadores se esconde una trama de contrataciones irregulares en el propio ámbito estatal.

En el Ministerio de Economía, comandado por Carlos Fernández, PERFIL relevó cinco casos entre empleados y ex empleados que firmaron un contrato, sobre la base de un convenio con una facultad de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que presenta graves irregularidades. Con un sueldo mensual de $ 1.600 por mes, $ 400 más que el salario vital y móvil, los aportes jubilatorios, de ART y de obra social corren a cargo de los “pasantes”.

“Tampoco nos pagan horas extras, ni por asistencia, ni siquiera por hijo”, contó “María”, una empleada que jura que sólo le dieron un día libre cuando se casó. “Si quería irme de luna de miel tenía que descontar los días de mis vacaciones”, agregó.

Quienes prestaron su testimonio a PERFIL son universitarios. A excepción de uno de ellos, ninguno cursó en la UTN. “Yo sí fui alumno, pero cuando comenzó la pasantía ya no lo era. Igual nunca en el Ministerio me preguntaron si tenía algo que ver con la UTN”, relató “Adrián”, otro joven que trabajó en una dependencia de Planificación. En los convenios, las unidades académicas se comprometen a aportar alumnos y graduados. Estas contrataciones bajo convenio esconden una virtual relación de dependencia. “Yo entré con un convenio con la UBA, después me pasaron a la UTN de Avellaneda, y ahora estoy en la de Venado Tuerto”, contó “Natalia”, que ingresó hace cuatro años al Ministerio de Economía y pasó por varios “convenios de asistencia técnica”, como se los conocen formalmente.

“Son contratos no registrados, contratos basura y contratos ilegales porque no son regidos por la ley de empleo público. Es trabajo en negro”, explicó Horacio Meguira, asesor legal de la CTA. El abogado agregó: “Estos contratos crecieron con furor en los 90, durante el proyecto privatizador”.

Ante la consulta de PERFIL, desde la facultad de Avellaneda sólo contestaron que el convenio finalizó el año pasado. “No detectamos ninguna irregularidad”, señaló el decano de Venado Tuerto, Hugo Quaglia, sin querer brindar más información.

Desde el Ministerio de Salud confirmaron a este diario que hasta el mes pasado había 47 personas trabajando bajo esta normativa. “Los dimos de baja porque los contratos eran irregulares”, confesó un vocero del organismo.

Según los “pasantes”, habría al menos 300 empleados en el Ministerio de Economía en esta situación. No hay datos oficiales al respecto y desde la Oficina de Recursos Humanos, a través del departamento de prensa, no brindaron ninguna declaración al requerimiento de PERFIL. Sorprende el Anexo II de los contratos, en el cual se declara “bajo juramento entender que el Ministerio de Economía no es contratante en forma directa o indirecta”.

Ahora corre el rumor de que se realizará una consulta anónima para evaluar el futuro del convenio. “El ciento por ciento lo va a desaprobar”, adelantó “Natalia”, como si quedaran dudas. Por Sebastian Iñurrieta / Rodrigo Alegre para el diario Perfil.