También a la Magistratura. Recordó sus advertencias sobre la saturación de los juzgados y la necesidad de reformar el Código Procesal. Hará un seguimiento a los casos de lesa humanidad. Los jueces deberán trabajar más rápido.

El que avisa no es traidor. Parte de la Corte Suprema junto al ministro de Justicia Aníbal Fernández a quien enviaron alertas urgentes sobre la saturación de los tribunales y sus posibles consecuencias. (Télam)

La Corte Suprema de Justicia apuntó ayer al Gobierno, al Congreso y al Consejo de la Magistratura por la falta de condiciones necesarias para que en la Argentina se complete el proceso de sanción de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. El Máximo Tribunal intervino en la polémica por las demoras en las causas de derechos humanos creando un organismo para monitorear los procesos. Esta decisión llegó once días después de que la presidenta Cristina Kirchner reprochara al Poder Judicial la responsabilidad sobre este conflicto generado por un fallo de Casación que autorizó la libertad –que finalmente no obtuvieron– de represores como Alfredo Astiz y Jorge “El Tigre” Acosta.

A pesar de que en el comienzo del escrito los jueces consignan la voluntad explícita de los tres poderes del Estado y el Ministerio Público Fiscal para agilizar las causas, luego destacaron que “esa determinación no está exenta de considerables inconvenientes prácticos”, y pasaron a detallar los temas pendientes de resolución que la Corte le hizo notar durante todo el año al ministro de Justicia, Aníbal Fernández, y al Consejo de la Magistratura. En rigor, los cuestionamientos podrían aplicarse a todo el sistema judicial, no sólo a los procesos por delitos de lesa humanidad.

En la acordada, los magistrados resuelven crear una unidad de Superintendencia para los delitos de lesa humanidad, que hará un seguimiento detallado de cada causa, y piden a los jueces que trabajen en conjunto con los fiscales. A la hora de otorgar responsabilidades, la Corte escribió que un factor de demora permanente está en el código procesal penal, al que consideran obsoleto. La reforma del código era una tarea que Cristina Kirchner impulsó y luego frenó cuando todavía era senadora de la Nación. “El proceso penal mantiene una instrucción judicial lenta, extremadamente formalista y plagada de oportunidades dilatorias que afecta el juzgamiento de todos los delitos”, dice el texto.

El 19 de diciembre pasado, la Cámara de Casación firmó un fallo que aseguraba el escándalo. La Sala II, con la firma de Guillermo Yacobucci y Luis García, ordenó la liberación de represores acusados de delitos de lesa humanidad en la causa ESMA. El tribunal consideró que el tiempo que los marinos llevaban presos sin condena superó el plazo establecido por la ley, y decidieron no prorrogar su detención. Ese mismo día, la Presidenta tenía agendado un acto en la Escuela de Mécanica de la Armada. Indignada, dijo que ése era “un día de vergüenza para la Argentina y la humanidad y también para nuestro sistema judicial”. La respuesta de la Corte llegó primero en boca de su más antiguo representante, Carlos Fayt: “No es culpa nuestra, es culpa del Congreso que no ha dictado las normas procesales necesarias que permitan avanzar con los 800 juicios que hay parados”. La semana pasada, el ex presidente Eduardo Duhalde también apuntó en la misma dirección durante una entrevista con este diario: “Estamos frente a la administración más incompetente que yo haya visto. Ni siquiera lo hacen bien con el tema de los crímenes de lesa humanidad, un tema que el Gobierno impulsó. Hace años alerté respecto de que no se iba a terminar con los juicios si no se modificaban las normas procesales. Y no se cambiaron porque fue gente de otro partido la que presentó un proyecto de ley”.

Ayer, el Máximo Tribunal fijó su postura. Entre las críticas, también señaló que el 15 de julio pasado le envió una carta al ministro de Justicia, Aníbal Fernández, para pedirle la creación de dos tribunales orales federales en Capital por la congestión de causas que abruman a los seis que ya están en funcionamiento. Uno de ellos es el TOF Nº 5, que sólo se dedica a los juicios de la megacausa ESMA y la del Primer Cuerpo del Ejército, dos expedientes de una magnitud tal que tendrán años por delante hasta dictar sentencia. La carta llegó al despacho del ministro pero ayer, en el cuarto piso de Talcahuano, se encargaron de informar que nunca recibieron respuesta.

En todos los señalamientos de la Corte subsiste la idea de que los problemas no están sólo en las causas por delitos de lesa humanidad sino en todo el sistema. Así, cuando apuntan al Consejo de la Magistratura dicen que las demoras se deben a las vacantes sin cubrir en los juzgados, al retraso en el plan de digitalización de los expedientes y a la falta de infraestructura: “Para el caso en que se concreten los juicios orales, no hay salas de audiencias que ofrezcan condiciones de seguridad”, escribieron los cortesanos en la última acordada del año.