3 de Enero de 2009
La falta de unificación de causas por delitos
cometidos en el mismo centro clandestino es la razón
principal que demora las investigaciones y los juicios.
El cuello de botella de la Justicia en los
procesos sobreviolaciones a los derechos humanos no sólo se
refleja en las pocas causas que fueron elevadas a juicio
oral. Como contracara de los 21 expedientes que están en
manos de tribunales orales, otros mil casos recién se
encuentran en etapa de instrucción. Los motivos del lento
andar son disímiles a lo largo y a lo ancho del país, pero
uno de los puntos principales es la fragmentación de las
investigadores.
Según los datos actualizados que maneja la Unidad Fiscal a
cargo del seguimiento de las causas desde la Procuración
General de la Nación, hoy existen 534 personas procesadas
por delitos de lesa humanidad. De ellas, 378 seencuentran
detenidas, algunas en cárceles comunes, muchas otras en sus
casas. Los prófugos son 54. Y los condenados sólo 36.
Pero más allá de este número total de procesados –que en
2008 tuvo un aumento considerable con respecto al año
anterior–, al poner la lupa sobre los detalles de cada
jurisdicción los problemas se hacen aún más evidentes.
Los obstáculos son muchos y se verifican en distintos
momentos procesales: desde que se abre la causa hasta que se
indaga a los imputados; desde que se los procesa hasta que
el fiscal requiere la elevación a juicio y desde que
finalmente el juez cierra la instrucción y deja en manos de
un tribunal oral la fecha en la que sentará en el banquillo
a los acusados. En el medio, las cámaras de apelaciones y la
Cámara Nacional de Casación Penal se toman su tiempo para
resolver los innumerables recursos presentados por las
partes.
Uno de los problemas que se verifica en la mayoría de las
provincias es la atomización de las causas. Este año, por
ejemplo, en Tucumán se realizó el primer juicio oral por
violaciones a los derechos humanos de la provincia, con sólo
dos imputados, los jerarcas Antonio Bussi y Luciano Benjamín
Menéndez, y una víctima, Guillermo Vargas Aignasse.
En esa tierra, donde funcionaron los primeros centros
clandestinos del país antes del golpe de 1976, se tramitan
unos 600 expedientes, casi todos instruidos por un único
juez federal, Daniel Bejas, y un solo fiscal, Emilio Ferrer.
En el último año, los pedidos del ministerio público
lograron que algunas de estas causas que se refieren a una
única víctima se acumularan jurídicamente según el lugar en
el que estuvieron detenidos.
En Córdoba, el intento por unificar las causas aún no tuvo
éxito y hoy se tramitan 19 causas por los delitos cometidos
en el mismo lugar: el centro clandestino La Perla. En muchos
de estos expedientes ni siquiera se han tomado declaraciones
indagatorias.
En el norte el panorama no es más alentador. Aunque en Jujuy
existen unas veinte causas abiertas y el requerimiento de
indagatorias del fiscal Domingo Batule data de agosto de
2006, el juez subrogante Carlos Olivera Pastor sólo tomó
declaración a tres represores. También hace ya varios meses
que el fiscal solicitó la unificación de las causas, pero
aún no obtuvo respuesta. “Está claro que el juez no hace lo
necesario para que las causas avancen. No tiene por
acreditados los testimonios realizados en el hábeas data
local ni en las mismas causas con anterioridad a su
reapertura, lo que lleva a una pérdida enorme de tiempo en
testimonios que no haría falta repetir y la postergación
interminable de la citación a indagatoria de los
responsables”, relató Pablo Pelazzo, abogado querellante.
Mendoza es otra de las provincias que ve avanzar la Justicia
a paso lento. La gota que rebasó la paciencia fue la
decisión de la Cámara Federal provincial de liberar a todos
los represores procesados. “Pedimos el juicio político
contra los tres camaristas por mal desempeño ya que las
libertades concedidas son escandalosas. Además se les negó
ser querella a distintos familiares, por ejemplo al hijo de
Paco Urondo”, indicó Pablo Salinas, abogado del Movimiento
Ecuménico por los Derechos Humanos, y uno de los que realizó
la denuncia ante el Consejo de la Magistratura. En Mendoza
sólo una causa espera fecha de juicio oral. Con el millar de
causas en espera, los juicios orales en 2009 no superarán la
media docena. Martina Noailles
