3 de Enero de 2009
Es condenable el anuncio del gobierno
nacional de que impulsará la destitución de miembros de la
Cámara de Casación
La airada reacción del Poder Ejecutivo ante
la decisión de la Cámara de Casación de ordenar la libertad
de algunos detenidos a los que se ha mantenido en prisión
preventiva mucho más allá de los tres años, lo cual es
ilegal, vulnera inequívocamente la independencia del Poder
Judicial e ignora que la vigencia de las garantías
procesales básicas incluye ciertamente también a quienes son
juzgados por presuntos delitos aberrantes.
Resulta condenable el anuncio
del gobierno nacional de impulsar la destitución de los
camaristas que, en consonancia con la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, se animaron a
ordenar la liberación de personas detenidas por haberse
excedido groseramente los plazos máximos de ley para la
prisión preventiva.
Todos los ciudadanos tienen, ciertamente, el
derecho a ser juzgados en el marco del debido proceso legal,
que incluye la necesidad de que los juicios se resuelvan en
un plazo razonable.
La prisión preventiva no puede ser utilizada
en forma desaprensiva para privar con ella indefinidamente
de la libertad a quienes han sido detenidos. Particularmente
cuando es del poder político de quien depende la
modernización de los procesos judiciales que en nuestro
medio se mueven a ritmos realmente prehistóricos.
La independencia del Poder Judicial
-prerrequisito indispensable del debido proceso legal- es
una garantía absolutamente central en la estructura
institucional de la democracia. Cuando ella no se respeta,
los ciudadanos quedan sujetos a la arbitrariedad y abusos
del poder y sus libertades esenciales están gravemente
amenazadas.
Garantizar la independencia de la Justicia
supone no presionar a los jueces, ni desde el Poder
Ejecutivo ni desde el Legislativo, desde que ambos poderes
del Estado están obligados por igual a asegurar a todos los
ciudadanos, sin excepciones, la posibilidad real de ser
juzgados por magistrados independientes.
En una democracia, los jueces deben poder
dictar sus sentencias ajustándose a derecho, sin que existan
interferencias desde los otros poderes del Estado y sin
temores a la reacción externa que ellas puedan generar.
El poco apego de la actual administración
nacional, al igual que de otras que la antecedieron, a
respetar la independencia de los jueces es conocido. Por una
parte, los propios magistrados judiciales han manifestado,
reiterada y públicamente, sus preocupaciones por las
presiones de toda índole a las que se los somete. Por la
otra, es imposible olvidar que fue la propia presidenta de
la Nación, cuando era senadora, quien lideró personalmente
los esfuerzos por reformar la estructura legal del Consejo
de la Magistratura de manera de someterlo al control del
poder político, con el propósito obvio de manipularlo, lo
que, por lo demás, desgraciadamente ha sucedido en los
hechos, con total descaro, a lo largo de los últimos
tiempos.
La gravedad de esta situación
no ha sido aún reconocida en su verdadera magnitud
institucional por nuestra sociedad.
En el caso que nos ocupa, de alguna manera,
la reacción del Poder Ejecutivo tiene curiosos paralelos con
la del gobierno de George W. Bush, cuando éste se negó a
reconocer el debido proceso legal a quienes estaban
detenidos por actividades terroristas, a los cuales se
mantenía en una suerte de inaceptable "limbo" legal.
Y resulta particularmente
sospechoso que las autoridades nacionales se quejen de la
lentitud de los procesos judiciales, cuando los legisladores
del oficialismo se negaron en su momento a tratar un
proyecto de ley de la oposición para agilizar las causas
contra quienes están acusados de excesos en la represión.
Entre los impulsores de esa iniciativa figuraban Ricardo Gil
Lavedra y Andrés D´Alesio, ex miembros de la Cámara Federal
que, en 1985, condenó a reclusión perpetua a los integrantes
de las juntas militares que gobernaron el país desde 1976.
Así como sin la garantía del debido proceso
para todos, no hay Estado de Derecho, no se puede esconder
con el humo de las diatribas la gravísima incapacidad para
asegurar que los procesos judiciales tengan tiempos y pasos
razonables como en otras partes del mundo civilizado.
Reproducción textual del editorial del
diario La Nación del 30-12-2008