05 de Febrero de 2009

Reportaje a Gustavo Bossert: “El Consejo de la Magistratura actual viola la Constitución”

Ex miembro de la Corte Suprema, Bossert critica por inconstitucional la politización del Consejo de la Magistratura, que otorga al oficialismo la posibilidad de sancionar a cualquier juez “rebelde”. Cree que una reforma procesal agilizaría a la Justicia, rechaza la rebaja en la edad de la imputabilidad de los menores y no recuerda antecedentes de que “las grandes decisiones” del país las tome una pareja matrimonial.


Decision. Bossert renunció a la Corte Suprema años atrás, aduciendo “hartazgo espiritual” por los manoseos políticos.

Cae la tarde sobre la Playa Brava de Punta del Este y, a lo lejos, la Isla de Lobos es un punto en el horizonte. Y es también el momento para una charla extensa y pausada con el hombre que renunció años atrás a la Suprema Corte de Justicia por “hartazgo espiritual”.

—Mañana termina la feria judicial, doctor…

—Para desgracia de todos nosotros los abogados –se ríe el activísimo Dr. Gustavo Bossert.

—Termina la feria y hay muchos casos que van a abrirse. Justamente, días pasados, hablábamos con la Dra. Carmen Argibay y, al surgir el tema de los represores de la ESMA, nos señaló que, muy probablemente, esto se trataría al concluir la Feria. Incluso terminó su comentario con un “bueno, nos pelearemos o no nos pelearemos en la Corte pero lo vamos a tratar”, dicho, obviamente, con sentido del humor.

—Lo cierto es que hay un término de tres años como máximo, en principio, para mantener en prisión preventiva a quien no tiene sentencia de condena. Y en virtud de esto es que se ha anunciado esta cosa terrible para el alma de todos los que hemos sentido, como si estuviéramos en el infierno, los actos de la dictadura. Es decir que por aplicación de esta norma vigente, estos represores pueden llegar a quedar en libertad. Pero aquí lo que la ciudadanía tiene que advertir es que este hecho no es imputable a la Justicia sino que estos casos, en los que yo nunca intervine como juez, son muy complejos porque están colmados de alternativas que prolongan estos procesos (más allá de la voluntad de los jueces) y lo cierto es que de lo que se trata es más bien de la agilización que debe efectuar el Congreso de la Nación a través de reformas legislativas en el procedimiento para estos casos. Y al respecto debo recordar (como bien sabe todo aquel que lee los diarios) que hace algunos años dos juristas eminentes como Ricardo Gil Lavedra y Andrés D’Alessio, que además fueron algunos de los jueces que condenaron a los comandantes de la dictadura, presentaron un proyecto en el Congreso con ánimo de colaboración para agilizar estos temas (con la idea de que no suceda lo que está ocurriendo). Por su parte, en aquel momento, el Congreso, quizás porque no venía en forma oficial sino firmado por dos ciudadanos independientes, no lo trató. Tal vez ahora el Congreso ponga su atención sobre esto y modifique las normas procesales para que esta situación no vuelva a ocurrir. Ahora bien, obviamente, no puedo opinar sobre lo que va a resolver la Corte Suprema a partir de este mes de febrero pero tengo plena confianza en la sagacidad, la sabiduría y el criterio jurídico de esta Corte actual.

—Bueno, doctor, pero desde la ignorancia del lego, el ciudadano se pregunta si en crímenes de lesa humanidad (como en este caso) pueden caber dudas al respecto de la libertad de los inculpados.

—Mire, el crimen de lesa humanidad significa varias cosas específicas porque es una alteración a los principios generales del derecho penal. Allí no puede haber perdón ni amnistía y, esencialmente, no puede haber prescripción. Sin embargo no se ha desarrollado la tesis que, por tratarse de un crimen de lesa humanidad, no deben aplicarse los términos legales sobre la duración de las prisiones preventivas sin sentencia. A lo mejor esta tesis (y por eso mismo no quiero adelantarme al sabio criterio de la Corte) llega a ser sostenida por la Corte. No lo sé. Es gravísimo pero creo que los que tienen que reflexionar sobre esto son los señores legisladores y modificar (tal como se les ha propuesto) las normas de procedimiento para que situaciones de estas características no ocurran más.

—Por esto mismo, doctor Bossert, uno se pregunta reiteradamente: ¿por qué es tan lenta la Justicia? ¿No dispone de fondos suficientes como para ser más ágil?

—Vea, independientemente de que al crecer la población y haber más conflictos siempre es necesario ampliar el numero de cámaras y de juzgados, lo cierto es que también ésta es una tarea que puede resolverse legislativamente a través de la modificación de los códigos. Por ejemplo, una persona que tiene que recuperar una casa o cobrar una deuda (conflictos civiles o comerciales de cualquier índole) se encuentra con procedimientos interminables. Por citarle uno de ellos, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece un procedimiento escrito que aplica un juez de primera instancia, una cámara en segunda instancia, la posibilidad de ir a la Corte y todo ello contribuye a que termine con una desilusión porque por cada escrito viene un contraescrito, un incidente, va a la cámara en la que demora seis meses etc, etc. En reemplazo de todo esto, por ejemplo en los años 90 diversos juristas como Carlos Colombo y Julio Cueto Rúa han hecho proyectos maravillosos para reemplazar este procedimiento escrito y eterno actualmente vigente que destroza la paciencia de cualquier ciudadano que debe litigar. Estos juristas proponen un procedimiento muy ágil similar a los que emplean otros países.

—¿Por ejemplo?

—Una sola instancia ante un Tribunal compuesto por tres jueces y en el que, después de los escritos de demanda y de contestación, casi todo ocurre verbalmente. Los jueces toman una audiencia preliminar en la que se resuelven todas las cuestiones previas y, después, el juicio en sí mismo se resuelve en lo que se llama la audiencia de vista de causa. Es una audiencia en la que están presentes los tres jueces, las dos partes (el actor, el demandado, los testigos, los peritos) y a través de esa audiencia en la que los jueces escuchan todo cuanto deseen manifestar los presentes e interrogan libremente a las partes, la gran ventaja es lo que se llama la “inmediación” en el Derecho Procesal.

—¿Exactamente en qué consiste?

—En vez de leer la fría letra escrita de los escritos actuales en los que se puede mentir impunemente (cosa que ocurre), los jueces les ven la cara a los que están declarando. Observan sus tics nerviosos, los guiños, los labios, el titubeo. Y de ese modo pueden observar quién miente y quién dice la verdad. Repito que éste es un sistema mucho mejor y los señores legisladores (lo digo con todo respeto) si buscan en los cajones de la Cámara de Diputados van a encontrar varios proyectos. Entre ellos, el que acabo de mencionar que podría perfectamente reflotarse porque ha sido objeto de seminarios en todas las universidades. Yo también he trabajado en lo que se llamó la Ley de Implementación para ponerlo en práctica a costo cero. No voy a entrar en detalles tediosos pero es perfectamente posible reemplazar un sistema por el otro con un mínimo costo y utilizando todo el material actual. Insisto en que los señores legisladores busquen (tanto en el Senado como en Diputados) estos proyectos y los traten para que así podamos tener una Justicia que demore un tiempo razonable, que es el que la gente necesita para recuperar lo que le deben en un tiempo útil ¡y no volverse viejo esperando una sentencia!

—Lo terrible también es la falta de confianza en las instituciones que esto genera…

—Desde ya, pero además ocurre algo muy triste y es que mucha gente, sin saber esto, depende de estos trámites infinitos que están establecidos en los códigos procesales y se la agarran con los jueces y conjeturan todo tipo de situaciones. Insisto en que la clave está en esto, en reformar los códigos procesales.

—¿Usted advierte buena voluntad como para que se realice esta reforma?

—Los que hemos trabajado en esto en los años 90 (y todo el mundo sabe las profundas diferencias que tuve con el gobierno menemista) pensamos que los legisladores de diferentes partidos lo iban a considerar como una causa útil. Pero, pasaron los años y nada ocurrió hasta el momento de esta conversación que hoy mantengo con usted.

—Algo insólito, sin duda. Y ya que tocamos temas difíciles, ¿qué ocurre con el Consejo de la Magistratura?

—Bueno, éste es un tema trascendente. Y se lo voy a explicar. En la Constitución reformada del ’94 se creó el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de magistrados con el objetivo siguiente: desvincular de la política el nombramiento y la remoción de los jueces. Así fue que en el artículo 114 de la Constitución del ’94, se dispuso que el Consejo estuviera compuesto por 20 miembros repartidos en forma equilibrada entre representantes políticos (legisladores y un representante del Presidente), abogados, jueces y, además, académicos. Como lo dice la Constitución, un equilibrio entre todos estos integrantes. Y, justamente para que no se produjera el predominio de algún sector, se dispuso la existencia de un Jurado de Enjuiciamiento de nueve miembros: tres jueces, tres abogados y tres legisladores. El actual Congreso aprobó, en febrero de 2006, una ley que cambió las cosas y tiró abajo esta estructura. El Consejo de la Magistratura está hoy dominado por el sector político. Fijese usted: ¡de 13 miembros actualmente siete son políticos! En el Jurado de Enjuiciamiento también dominan los legisladores pero con el agravante de que no solamente son políticos o representantes del presidente sino que los cinco miembros del oficialismo (sea de éste o de otro gobierno, porque aquí hablamos de las instituciones y no de las personas) tienen un poder de decisión definitivo sobre dos temas fundamentales: decidir quién puede ser juez y a quién se le debe hacer un juicio político. Fíjese, hay concursos y, por ejemplo, un aspirante gana con la fusta bajo el brazo y los otros, como dicen en el hipódromo, a doscientos metros atrás. No obstante, cuando hay que armar las ternas para enviarlas al Ejecutivo para que se designe un juez, la mayoría oficialista actual puede decir que no simplemente porque no le gusta el ganador o no le conviene. Quizás porque se trate de alguien con quien no se va a entender cuando haya que juzgar algún caso de corrupción…Y no estoy hablando sólo del presente sino también del futuro. También si hay un juez que se ha portado evidentemente mal, esa mayoría oficialista de cinco miembros es suficiente como para oponerse a sancionarlo por motivos de conveniencia política.

A mi modo de ver, quiero recalcar y con respeto hacia quienes opinen en forma diferente, creo que esta reforma que rige desde febrero 2006 es absolutamente inconstitucional porque (se lea como se lea el artículo 114) queda claro que este sistema actual lo está violando. Recordemos que allí se dice que debe haber un equilibrio entre legisladores, jueces, abogados y académicos. También lo que hay que recalcar (y la ciudadanía debe tenerlo presente) que en las democracias occidentales donde existen Consejos de la Magistratura (por ejemplo, Francia, Italia, España) no hay un solo legislador porque el objetivo de la creación de un consejo es desvincular de la política tanto el nombramiento como la remoción de jueces. Y le agrego que, de acuerdo a lo que leemos en los diarios o sabemos por propia experiencia, esta composición actual del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento ha creado en muchos jueces una sensación de cierta inseguridad con la siguiente consecuencia: a través del tiempo, todo juez no quisiera irse nunca de la magistratura. Yo mismo, si no hubiera sentido el imperativo moral de decirle a la República que algo estaba muy mal en la Corte Suprema, me hubiera quedado toda la vida en la Justicia. ¡Adoraba mi función! Todo juez cree profundamente en su tarea y, aunque le llegue la edad de jubilarse, sigue y sigue porque, contrariamente a lo que cree mucha gente, los jueces no sólo trabajan seis horas de mañana sino que vuelven a la tarde y se quedan todo el día en su despacho. Es algo que se hace con muchísimo cariño. Y, últimamente, frente al estado de cosas que acabo de describirle, me encuentro con muchos jueces que, con enorme pena, bajan los brazos y se van.

—También, doctor, entre los temas que nos preocupan está el de la rebaja en la edad de la imputabilidad. ¿Usted qué opina?

—Bueno, éste es tema no sólo para juristas sino para sociólogos. Sobre todo para los criminólogos. Yo no lo soy. Parece difícil que la rebaja de la edad de la imputabilidad pueda llegar a contrarrestar la ola de delitos que, desgraciadamente, se viene multiplicando por esa maldición que se llama el “paco”. A través de las noticias vemos permanentemente que esos chicos matan, en muchos casos, sin que sus víctimas opongan resistencia. Por gusto. Hasta con risas. Y esto es el “paco”. Un tema, reitero, para sociólogos y criminólogos pero lo que sí es necesario es la multiplicación de establecimientos de rehabilitación. Y lo terrible es que esto, en la República Argentina, ¡es casi una utopía! Tengamos en cuenta el hacinamiento que existe en los establecimientos para menores. Llega al punto que, violando las normas legales, hay chicos en los establecimientos para adultos. De manera que diría: “¡Que Dios nos ayude!” porque no sé cuál es el remedio definitivo. Lo que sí ocurre es un sentimiento de indignación entre la gente cuando lee que un muchacho que no ha cumplido los 16 años le disparó a alguien por puro gusto y saber que no puede ser considerado un delincuente porque no es imputable.

—Hay otro tema muy grave. Se trata de los secuestros extorsivos. El empresario Leonardo Bergara, secuestrado el 22 de diciembre, volvió ya a su casa pero lo cierto es que, por las personas detenidas o indagadas, parecería estar implicada la Policía Bonaerense. Frente a la Justicia, ¿qué pasa con la seguridad, doctor Bossert?

—Yo, obviamente, no sé cuáles son los caminos internos por los que transitan los que comandan el servicio de seguridad en la provincia de Bs.As. pero, mirando los años anteriores, quiero decir una palabra en homenaje al Dr. Carlos Arslanian quien entró con toda dureza en los sectores delictivos que encontró dentro de la organización policial y que, por supuesto, excluyó de la Fuerza. Hoy son los llamados “sin gorra”, que seguramente se la tienen jurada a muerte a este hombre que, con enorme valentía e inteligencia, enfrentó esta gravísima situación. Pero, a juzgar por la noticia del secuestro que usted menciona, parece que todavía queda mucho por hacer. Ignoro cómo están trabajando las actuales autoridades pero es de desear que los ejemplos de coraje en el desempeño de la función pública se reproduzcan.

—Quería consultarlo sobre un tema que, por su gravedad, podríamos también incluir entre los problemas de conciencia. Me refiero a la despenalización de la droga…

—Mire, quiero recordar algo al respecto. La Suprema Corte democrática, en tiempos de Alfonsín, en el así llamado caso Bazterrica, estableció que no puede perseguirse penalmente al simple consumidor por más que se le encuentren algunos cigarrillos de marihuana o lo que sea. Y por simple consumidor, entendámonos, me refiero al que no tiene balancines, al que se le encuentra una pequeñísima cantidad, etc. A este sujeto no se lo puede perseguir por el artículo 19 de la Constitución que dice “las acciones privadas de los hombres que no afecten a terceros, etc.” están exentas de la autoridad de los magistrados. Este es el argumento jurídico. Quiero aclarar que después la Corte de los años 90 cambió de criterio en un caso en el que decidió que se debía penalizar. Ahora, como sabemos, se habla de despenalización pero quiero aclararle que, a través de lo que me he ido informando a lo largo del tiempo y por mi presencia en la Justicia, no ha habido prácticamente casos de persecución judicial contra meros consumidores. Me parece que hay una conciencia de que al pobre tipo que es un enfermo y una víctima de una terrible adicción no hay que perseguirlo. La realidad es que estoy de acuerdo con lo que dice el Ministerio de Justicia de la Nación.

—Es lo que dice Aníbal Fernández…

—En primer término por el artículo 19 que le mencioné y luego porque es un enfermo al que hay que rehabilitar. Recuerdo haber leído acerca de la experiencia holandesa que, cuando despenalizó al consumidor sin perjuicio de perseguir al traficante que merece el más severo de los castigos, creó los centros para atender drogadictos y controlarlos en forma tal que son las propias instituciones las que van disminuyéndole la cantidad de droga hasta desintoxicarlo. Recordemos que los drogadictos fuertes se inyectan y muchas veces con agujas contaminadas por el sida u otras enfermedades. En esos centros de salud esto, lógicamente, no ocurre. También es importante recordar que los que concurren a esos centros de salud reciben gratuitamente la dosis que les corresponde con lo cual combaten a los que trafican y lucran con la droga. Como no soy un experto en el tema, no tengo estadísticas pero el sentido común indica que es una forma inteligente y posible de rehabilitación. Para eso están los grandes fondos públicos de los que se puede destinar una importante partida para la salud pública. No nos engañemos, en el siglo XXI el gran drama del mundo es la droga que hoy, en Argentina, cuenta con traficantes que quince años atrás no se conocían. Según coinciden los informes internacionales nos hemos convertido, por desgracia, en un país de tráfico y consumo.

—Ultima curiosidad de mi parte, Bossert: ¿como jurista, usted recuerda antecedentes de un cogobierno como el de la pareja reinante, los doctores Kirchner, en Argentina?

—No recuerdo antecedentes. La presidenta constitucional es la Dra. Kirchner pero a través de las noticias periodísticas basadas en los testimonios de numerosos testigos dentro y fuera del Gobierno, las grandes decisiones se toman en conjunto con el ex presidente Kirchner. Lo cual, más allá del tema jurídico e institucional, me permito decir que es dañoso para la Sra. Presidenta ya que el Dr. Kirchner tiene un carácter sumamente irascible, intransigente y que, cuando se encuentra frente a opiniones adversas, en vez de considerarlas propias de un compatriota con el que se podría dialogar, las ubica como posiciones de un enemigo. Yo no tengo ninguna actividad política pero creo que, esto que le estoy diciendo, es lo que llevó al Gobierno a esa actitud errada de considerar al campo argentino como un enemigo simplemente por protestar frente a la aberración de multiplicar retenciones a un sector del que proviene gran parte de la riqueza nacional. Reproducción textual del reportaje de Magdalena Ruiz Guiñazú para diario Perfil.