07 de Febrero  de 2011

UN MINISTRO DE LA CORTE EN POLÍTICA NOTA DE LA REDACCIÓN: ANTE TAL INJERENCIA CORRESPONDE QUE RENUNCIE A SU CARGO A LA CORTE SUPREMA??

ZAFFARONI COLABORA CON BOUDOU PARA ARMAR SU ESTRUCTURA DE CAMPAÑA

EL JUEZ ORGANIZÓ EN SU CASA UNA REUNIÓN CON SECTORES PROGRESISTAS PARA DISEÑAR LA CANDIDATURA PORTEÑA DEL MINISTRO. VOLVIERON A VERSE DÍAS MÁS TARDE EN EL CUMPLEAÑOS DEL MAGISTRADO.

Paseo. Zaffaroni salía ayer de su casa, donde se reunió con Boudou. No quiso hablar con PERFIL.

Raúl Eugenio Zaffaroni, el juez de la Corte Suprema, no sólo es un prestigioso constitucionalista. También es uno de los hombres que disfruta de la política y de los debates que giran en torno a ella.

En ese contexto, comenzó a tejer una relación de amistad con Amado Boudou, el ministro de Economía que se lanzó como candidato a jefe de Gobierno por el kirchnerismo. El vínculo entre ambos animó el costado político del magistrado quien, en secreto, se reunió varias veces con Boudou.

Si bien el juez no está con ganas de volver activamente a la arena política como candidato, le presta al ministro su conocimiento sobre la Ciudad, el distrito que lo tuvo como legislador porteño en 1997. De hecho, hace años que sueña con que se reúna todo el progresismo porteño en torno a un solo espacio, en especial después de la victoria de Mauricio Macri en 2007.

Una de las reuniones que compartió con Boudou fue en la casa que tiene Zaffaroni en Flores. Fue una cena en la que participaron también intelectuales de Carta Abierta. Hablaron durante horas de política y de cómo construir un perfil progresista para el candidato. Allí surgió la idea de medir a Florencia Peña como candidata.

Otro cónclave en el que se vieron las caras fue el cumpleaños de Zaffaroni (cumplió 61 años el 7 de enero) en su casa de Boyacá al 900, donde también estuvo el penalista Jacobo Grossman, ex socio del ministro de la Corte, y flamante abogado de Boudou.

Si bien la vicepresidenta del Inadi (el Instituto Nacional contra la Discriminación), Maria Rachid, aceptó tener un buen vínculo con Zaffaroni, negó haber estado en el cumpleaños. “No fui, pero tengo buena relación y hemos compartido cenas con él. Pero no fui, en esos días estaba en una quinta en la provincia de Buenos Aires”, explicó a PERFIL. Sin embargo, fuentes kirchneristas aseguraron que había participado del cónclave. En 2007, luego de que Rachid presentara un amparo a favor del matrimonio homosexual, la cuestión llegó a la Corte. En ese momento, fue a verlo para hablar del tema y desde allí armaron una relación que hoy mantienen. En lo que refiere a Boudou, ella es una de las dirigentes en la mira del equipo del candidato K y, aunque negó un ofrecimiento, afirmó que apoyará “al candidato kirchnerista en la Ciudad” y no descartó unirse a la campaña en el futuro.

La casona del juez en Flores es antigua y por dentro está pintada color ocre. Tiene un jardín y un gran patio con árboles. Según cuentan quienes lo frecuentan, la eligió porque allí pudo llevar su enorme biblioteca de 20 mil libros.

El vínculo entre el juez y Boudou también llevó a que en en septiembre del año pasado el ministro de Economía cambiara de abogados en una causa por supuestas irregularidades en la transferencia de un automóvil Honda modelo 92 inscripto en 2003. Quien se hizo cargo de la defensa fue el propio Grossman, amigo de Zaffaroni y ex socio. De hecho, esta semana el abogado pidió postergar la indagatoria por el caso por motivos de “agenda de último momento” y aportó elementos de prueba.

Este diario intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con Zaffaroni, pero nunca contestó los correos electrónicos, no respondió en su casa ni en su despacho de la Corte, donde aseguraron haberle avisado del requerimiento periodístico.

Zaffaroni siempre estuvo cercano al oficialismo. Fue Néstor Kirchner quien lo propuso en 2003 para la Corte y en sus charlas con el ex presidente siempre le transmitía su deseo de cambiar el sistema constitucional argentino a uno parlamentaro, como las democracias europeas.

Tras la muerte del ex presidente, en una entrevista con Canal 7 dijo que fue “una vida consumida por la política. Cuando uno ve una vida consumida de esa manera, con ese fuego, con esa insistencia, esa tenacidad, tiene que empezar a valorar en serio lo que es el sacrificio de la vida política”. Luego en un mensaje a la Presidenta expresó: “un abrazo y solidaridad que se le pueda brindar”.

El sostén político de Zaffaroni, comentan fuentes judiciales, siempre fue Julio De Vido, el poderoso ministro de Planificación, y padrino de la candidatura de Boudou.

En el kirchnerismo, pensaron varias veces en él como candidato en la Capital Federal, pero el constitucionalista se negó siempre. Les contesta que no quiere perder el prestigio que le da el máximo Tribunal.

Y agregan: "Se trata nada menos que de Jueces de la Nación, que deben garantizar el imperio de la ley y no la voluntad de un sector de la sociedad".

Así rezan los primeros párrafos del comunicado que firmaron los presidentes de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez; de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega; de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner; de la Asociación de Bancos Argentinos, Jorge Brito; de la Sociedad Rural  Argentina, Hugo Biolcati y de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, por sus preocupaciones ante los nombramientos en la Cámara de Apelaciones del Trabajo.

La lista de jueces que preocupa al núcleo empresario está integrada, entre otros, por Graciela Lucía Craig, segunda esposa del diputado nacional Héctor Recalde y por Diana Regina Cañal, una magistrada ligada al gremio de los judiciales de Julio Piumato. 

"Además, esta actitud parece enrolarse en una escalada más del método de acción directa, por el cual se llevan a cabo intimidaciones y actos de violencia, como medio para obtener objetivos particulares, vulnerando la ley y el derecho de personas, sindicatos y empresas", sostienen los máximos referentes de los empresarios.

También expresan su inquietud por que "exponentes de posiciones contrapuestas, sean juez y parte en las decisiones finales que, de esta manera –aún en el caso que fuesen justas e irreprochables— quedarán heridas por la duda de la parcialidad, dañando el imprescindible clima de confianza en la Justicia que todos debemos defender".

El reclamo salarial
En el mismo escrito, los empresarios informaron su preocupación por las declaraciones de algunos líderes gremiales que adelantaron sus pretensiones salariales antes de el inicio formal de las paritarias.

"No podemos dejar de manifestar nuestra preocupación ante expresiones de dirigentes de algunos sectores sindicales que hacen públicas, con inusual anticipación, lo que serían sus pretensiones salariales en futuras paritarias, mencionando aumentos de una magnitud que no se compadece con la realidad", ahondó el comunicado.

De ahí que sostiene el comunicado del G-6: "Nos corresponde, como hemos hecho en otras oportunidades, llamar la atención acerca de lo perjudicial que es para superar este clima que nos preocupa, y preocupa a la señora Presidenta, promover a quienes tienen posición tomada frente a temas como la participación de los trabajadores, la legislación sobre accidentes de trabajo, e incluso la metodología de protesta, cuando inexorablemente deberán pronunciarse, ya en su carácter de magistrados del fuero, acerca de estos mismos temas, fallar en conflictos y pronunciarse ante disputas de intereses".

EL GOBIERNO NOMBRÓ CAMARISTA A LA ESPOSA DE UN DIPUTADO K

Es la mujer de Héctor Recalde, abogado de Moyano. Su hijo está al frente de Aerolíneas.

EN FAMILIA. MARIANO RECALDE, TITULAR DE AEROLÍNEAS, Y HÉCTOR RECALDE, DIPUTADO Y ABOGADO DE MOYANO.

El Gobierno oficializó el ascenso a camaristas de una decena de jueces de primera instancia del fuero laboral, entre ellos Graciela Lucía Craig, esposa del diputado nacional kirchnerista y abogado vinculado a Hugo Moyano, Héctor Recalde.

Las designaciones fueron publicadas en la edición de ayer del Boletín Oficial y comprenden, sólo en el fuero del Trabajo, a nueve cargos de jueces de Cámara. En todos los casos, los cargos fueron asignados a jueces de primera instancia: ocho de la Capital Federal y uno de Necochea. Además de la designación de Craig —actual titular del juzgado 55 y a partir de ahora a cargo de la Sala Sexta de la Cámara—, el Gobierno promulgó los decretos de nombramiento de Graciela Elena Marino (hoy en el juzgado 77) para la Sala Cuarta, al igual que Silvia Esther Pinto Varela, quien hasta ahora ocupa el juzgado 37.

Craig es al segunda mujer de Recalde, un hombre importante del oficialismo en la Cámara Baja y uno de los principales asesores del secretario general de la CGT, el camionero Hugo Moyano. Desde el año pasado, es uno de los impulsores de la iniciativa para el reparto de ganancias de las empresas.

El papel del diputado en la estructura del bloque Frente para la Victoria en fue de menor a mayor. Es abogado de la CGT desde 1964 y mantiene una excelente relación con el ministro de Planificación, Julio De Vido. En julio de 2009, su hijo Mariano fue designado como presidente de Aerolíneas Argentinas en una suerte de premio por su militancia. Ahora Recalde apuesta a la campaña del ministro de Economía, Amado Boudou, en la Ciudad de Buenos Aires.

El concurso para la designación de Craig se inició hace cuatro años y según relataron a Clarín fuentes de su entorno, “se trata de una profesional muy reconocida dentro de la Justicia. Su pliego fue aprobado por unanimidad en el Consejo de Magistratura y sin problemas en el Senado, donde además recibió felicitaciones de referentes de la oposición. Craig tiene en sus espaldas una carrera de 20 años como jueza y 26 años como profesora del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires”. El juez laboral de Necochea Luis Raffaghelli acompañará a la esposa de Recalde en la Sala Sexta, en tanto que Diana Regina Cañal, hoy al frente del juzgado laboral 74 de la Capital Federal, pasará a desempeñarse en la sala Tercera de la Cámara.

Pero estos no fueron los únicos cambios: el Poder Ejecutivo también designó a Carlos Bruniard, como titular del juzgado en lo Correccional número 1 de la Capital Federal; María Isabel Yáñez, al frente del juzgado de Caleta Olivia, Santa Cruz; Juan Carlos Vallejos, en el juzgado federal número 2 de Corrientes y Daniel Bejas, en Tucumán.

Los empresarios más importantes del país preparan una declaración conjunta para cuestionar el avance del líder de la CGT sobre la justicia laboral. Plantearán la necesidad de que se "mantenga  la imparcialidad"

Agrupados en el denominado G-6, el próximo lunes los líderes empresariales más influyentes del país se reunirán para comenzar a analizar el nombramiento de jueces afines a Hugo Moyano en la Justicia laboral.

El punto de encuentro será el almuerzo que el Gobierno realizará en honor a la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, en el Palacio Dan Martín.

El texto del documento se podría dar a conocer el miércoles por la tarde, luego de una reunión que mantendrán los integrantes del G-6 en la sede de la Cámara Argentina de Comercio.

La lista de jueces que preocupa al núcleo empresario está integrada por Graciela Lucía Craig, segunda esposa del diputado nacional Héctor Recalde y por Diana Regina Cañal, una magistrada ligada al gremio de los judiciales de Julio Piumato,

El G-6 está integrado por la Cámara de Comercio, la Bola de Comercio, la Asociación de Bancos privadnos nacionales, la Cámara de la Construcción y la Sociedad Rural Argentina.

UN FALLO DE CÁMARA RATIFICÓ QUE LOS CORTES DE CALLE SON UN DELITO Y NO UNA SIMPLE CONTRAVENCIÓN 

 La Sala II de la Cámara en lo penal contravencional y de faltas de la Capital ratificó que los piquetes que afectan a los transportes públicos y privados son un delito. Fue en el marco de una causa en la que están acusados tres estudiantes universitarios por una protesta de finales de 2009 por Kraft

La Justicia porteña ratificó que el corte de calles cuando se afecta el servicio público o privado del transporte es un delito y no una contravención, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.com.

Se trata de un fallo de la Sala II de la Cámara en lo penal contravencional y de faltas de la Capital en el marco de una causa en la que están acusados tres estudiantes universitarios de la UBA por un corte en Corrientes y Callao, ocurrido a fines de 2009 en apoyo a trabajadores de Kraft.

La resolución fue dictada para definir un conflicto de competencia a favor de la justicia federal.

Los fiscales Aníbal Brunet y Martín Lapadu habían solicitado penas de hasta 50 días de prisión cuando requirieron la elevación a juicio oral del caso.

En la causa se planteó un conflicto de competencia y el Tribunal ratificó una decisión de primera instancia de la jueza Cristina Lara, que establece que los estudiantes Jesica Calcagno, Patricio Del Corro y Juan Oribe serán investigados por el artículo 194 del Código Penal.

Ese artículo establece una pena de prisión de tres meses a dos años al que “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido”.

En la resolución en la que se dirime un conflicto de competencia entre la justicia de faltas y la federal , la Cámara consideró que en el caso debe intervenir la Justicia Federal penal puesto que se trata de una interrupción del “servicio público interjurisdiccional de vías de comunicación de esa índole.

“Si bien los hechos han afectado avenidas internas de la Ciudad, lo cierto es que , como es de público conocimiento algunos de los servicios de transporte de pasajeros involucrados desarrollan un recorrido que exceden el ámbito local”, dice el fallo.

“Lo protegido no serían, entonces, los medios de transporte en sí, sino el desenvolvimiento de la circulación del transporte por vías públicas realizado mediante aquéllos” y que comprende como ya se indicó tanto a los medios destinados al uso público, como a aquellos destinados al uso particular”, sostuvo la Cámara.