06 de Mayo de 2009

 

Jueces garantistas dicen que sufren un "asedio" político

 

La Red de Magistrados Penales de la Provincia responsabilizó a dirigentes de "descalificar" a la Justicia y de que se haya pasado del "ataque verbal a la violencia física". Entre los firmantes están Nicolás Schiavo y Rafael Sal Lari.

 

No es la primera vez que esta asociación de jueces denuncia presiones por parte del poder político, ya que a fines de marzo del año pasado, los magistrados -algunos cuestionados por liberar delincuentes- advirtieron por el recrudecimiento de las imputaciones de funcionarios hacia el Poder Judicial.

La asociación, que reúne a jueces de distintos tribunales de la Provincia, aseguró en un nuevo comunicado que la "deslegitimación de la actuación judicial" por parte de la clase política genera "el riesgo de alentar al delincuente a suponer erróneamente que aquí todo es impunidad".

"Hay casos, incluso, en los que la descalificación a la Justicia ha pasado del ataque verbal a la violencia física", sostuvo la Red en un comunicado difundido por la entidad.

Los jueces citaron los ejemplos de la reciente agresión sufrida por un fiscal de Lomas de Zamora y los disturbios intimidatorios producidos recientemente frente al domicilio de una juez de Garantías en Bahía Blanca, "reacciones que nos aproximan a la sociedad primitiva y salvaje", denunció la Red.

 

En el comunicado, criticaron las imputaciones de algunos gobernantes y dirigentes políticos que "ahora, ante las urgencias de la campaña electoral, repiten expresiones clamorosas para referirse al funcionamiento del Poder Judicial, en general, y al desempeño de los magistrados del fuero penal, en particular".

"Sólo revelan desconocimiento de los fundamentos jurídicos de los actos que se pretenden criticar y de los principios que informan la división de poderes del sistema republicano", dicen los jueces.

En el comunicado, la Red explicó que "la ley es la base de cualquier sistema de convivencia social, y que ello es una responsabilidad conjunta no sólo de los funcionarios públicos de los tres poderes del estado, sino también de los dirigentes políticos y sociales".

"La propia Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, conjuntamente con la Procuradora General, hizo público su parecer al respecto a través de una resolución que reprueba el recurso al estrépito mediático, generado a partir de declaraciones altisonantes de funcionarios de los otros poderes del estado". DPA.