20 de Mayo de 2009

¿Y si prohibimos las leyes?

El argumento que defiende la picardía de las candidaturas testimoniales es que la acusación en su contra se sostiene en dichos, no en hechos: los postulantes no ganaron aún y mucho menos renunciaron efectivamente a sus bancas. 

La ley no es pareja. Un ciudadano puede ser condenado por injurias o por discriminación, o sea apenas por decir algo.

En democracia, ningún mecanismo importante de la República debería quedar en manos de una sola persona o de un solo factor de poder. El reparto de responsabilidades garantiza cierta sensatez del sistema. 

Ante la catarata de irregularidades que manchan el proceso electoral, el periodismo y la oposición –parte de ellos, al menos– hicieron los deberes. Por ejemplo, Crítica de la Argentina y La Nación publicaron esta semana investigaciones que muestran cómo se utilizan bienes, servicios y hasta a altos funcionarios públicos para empujar la campaña de Néstor Kirchner. Entre los políticos opositores, el diputado de la Coalición Cívica Fernando Iglesias acaba de ampliar su denuncia penal contra Kirchner por “usurpación de la Presidencia”.  

Acciones similares iniciaron el abogado Ricardo Monner Sans, por el uso indebido de fondos estatales para proselitismo partidario, y el radicalismo, que denunció las “candidaturas testimoniales”. 

La Justicia y los organismos de auditoría de los actos del Ejecutivo no parecen estar haciendo su parte. En general, predomina un silencio indiferente. Y, en algunos casos, ciertos magistrados ya dejaron claro que no se puede hacer nada. O que no van a hacer nada. La Corte Suprema pateó la pelota afuera. Y la jueza electoral Servini de Cubría calificó de “abstractas” las impugnaciones a las candidaturas testimoniales. “Son legales, no hay nada que las prohíba. Se podrá estar o no de acuerdo, pero en todo caso hay que crear una reforma de la ley”, sentenció la magistrada. En sintonía con la relajación judicial, el apoderado del Frente Justicialista, Jorge Landau, dijo que las denuncias son “endebles” porque “no tienen ningún asidero”. 

El argumento apela a la picardía de plantear que no hay delito porque aún no se concretó el hecho. Es decir, los supuestos candidatos testimoniales no tuvieron la oportunidad de ser elegidos en cargos que supuestamente no piensan asumir.

Por ahora, es cierto, sólo hay dichos, como el de Daniel Scioli, que, cuando le preguntaron si va a asumir como diputado luego de las elecciones, contestó: “Cuando llegue el momento, veremos.” O sea que explícitamente el candidato bonaerense puso en duda si cumpliría o no con el mandato de las urnas.

Ahora, ¿los dichos no cuentan?

¿Por qué, entonces, se puede condenar a un ciudadano por apología del delito, por injurias o por discriminación, o sea apenas por decir algo, aunque no lo concrete en los hechos? 

Otro argumento defensivo posible es plantear que la renuncia a un cargo electivo es un acto individual al que cualquier persona tiene derecho, precisamente por motivos personales que pueden resultar insondables.

 “Hemos tenido varios casos que asumieron y luego se fueron a cargos públicos”, relativizó Servini de Cubría, recordando otras renuncias al mandato electoral desde el regreso de la democracia.

Pero, ¿qué pasa si esa renuncia planificada y públicamente anunciada es un plan orquestado por un partido que decide involucrar a medio centenar de intendentes de un distrito en la maniobra electoral? 

En la legislación comercial se puede encontrar un símil de esta conducta: si una empresa decide aumentar el precio de un producto, en general se trata de un acto lícito. Pero si un conjunto de empresas del mismo rubro se pone de acuerdo para no competir, fijando un piso de precios, ese pacto puede ser penado como cartelización, por ser una conducta de deslealtad comercial. O sea que una acción individual legal se puede volver ilícita si forma parte de un plan mayor de manipulación. Eso sí, Servini de Cubría ya advirtió a través de los medios que vigilará y castigará a los ciudadanos designados como autoridades de mesa que no se presenten el 28 de junio: nadie les preguntará en la Justicia si actuaron así porque se negaron a avalar con su firma un acto eleccionario que tuvo mucho de farsa.  

¿Pero todo esto a quién le importa?

A juzgar por la ausencia de cacerolazos y escraches contra los “testimoniales” y de acuerdo con el abrumador rating de la nueva edición de “Gran Cuñado”, parece que las mayorías están en otra cosa.

Y eso no es culpa de Marcelo Tinelli; al contrario, las caricaturas de los candidatos en el prime time televisivo han logrado al menos instalar la campaña electoral como tema de conversación popular, cosa que ya resulta un milagro para un candidato verdadero.

Es más, el sainete funciona esta vez como una catarsis contra el desconcierto del electorado ante las listas electorales de ficción.

No obstante, la risa suaviza la digestión del problema, pero no lo resuelve.  

Tampoco es culpa –como sostiene el pensamiento “gorila” local y extranjero– del peronismo.

El PJ, en todo caso, asumió que su rol en el siglo XXI es el de gerenciar mejor que nadie la pobreza, la inequidad y la marginalidad crecientes, que en manos de otras fuerzas ha resultado un cóctel ingobernable en las últimas décadas.  

¿Será culpa de Hugo Chávez, que con cada visita contagia a la pareja presidencial justicialista de su espíritu neobolivariano?

En la conferencia conjunta de ayer, Cristina aprovechó para criticar a la prensa por su falta de objetividad; a su lado, estaba el presidente venezolano, que calificó de “terroristas” a los medios de comunicación que está por castigar.

La culpa no es del chancho sino de quien le da de comer.

Por eso, el Gobierno aprovecha la escasez de alimentos en Venezuela para firmar millonarios acuerdos de exportación ganadera que le permitan premiar a empresarios amigos y allanarles el camino a funcionarios ansiosos de ponerle el sello K al negocio cárnico.

Todo bajo la mirada de capataz de Guillermo Moreno, quien tampoco es culpable de nada. (Si Moreno disfruta sin pudor de desplazar a Héctor Massuh de su famosa papelera, es porque le contaron que la firma era financieramente inviable desde hace dos décadas, zafando diariamente de los rojos bancarios a fuerza de warrants contra su stock o cualquier otra tabla de salvación provisoria).

Nadie es responsable, porque todo es perdonable: por eso Techint, que hasta hace unas semanas hablaba pestes del kirchnerismo a través de sus operadores, ahora felicita públicamente al Gobierno por su intermediación con Chávez en la expropiación de Sidor.

¿De quién es la culpa, entonces, de que nada sea como se supone que debería ser? La respuesta fácil es: la culpa es de las leyes. Silvio Santamarina, en su artículo para el diario Crítica de la Argentina.