14 de Julio de 2009

 

Magros resultados para el fisco

 

Perseguidos por la Justicia, beneficiados por la moratoria

 

Cuando faltan sólo 50 días para su vencimiento, la cuestionada ley de moratoria y blanqueo de dinero que lanzó el Gobierno a fines de 2008 no atrajo aún los cerca de $ 25.500 millones que predijeron sus defensores, según surge de las planillas preliminares a las que accedió La Nacion. Pero sí ratificó uno de los riesgos que vislumbraron la oposición y los analistas al debatir la iniciativa.

Con poco más de 1800 millones de pesos ingresados hasta mediados de mayo, el listado preliminar de personas jurídicas beneficiarias incluye, por lo menos, una treintena de empresas que figuran en algunos de los expedientes más calientes de los últimos tiempos en los fueros Penal Económico y Penal Tributario. Al acogerse al beneficio se suspende la acción penal.

La compañía Skanska, sin ir más lejos, protagoniza y da nombre a uno de los mayores escándalos por facturas truchas, sobreprecios y coimas del kirchnerismo. Ahora integra el listado, aun cuando ya había saldado parte de sus deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Se comprometió a abonar otros 340.000 pesos, en una sola cuota.

El atractivo de la moratoria para Skanska y otros compañías es -más allá de los descuentos automáticos en los impuestos que adeudan- que la ley determina no sólo la suspensión de las acciones penales mientras paguen las cuotas, sea 1 o 121, sino también el cierre de las investigaciones judiciales al completar el pago.

Semejante opción resulta anecdótica para la mayoría de las empresas. Pero sustancial para otras. Algunas figuran en el llamado "caso Skanska", o en su causa madre, "Di Biase", el expediente que abarcó a más de 680 empresas usuarias de facturas truchas; otras, en el expediente "Viazzo", que acumula remitos apócrifos de cerca de 850 proveedores sospechosos.

Algunas de las empresas ahora en la moratoria figuran en dos de esos expedientes, como Coviares, en "Skanska" y "Viazzo" a raíz de las facturas truchas que recibió, por ejemplo, del sello fantasma Cáliban. Se acogió a la moratoria por $ 8,2 millones.

Pero cabe una aclaración, varias de las compañías se acogieron al plan más allá de la justicia penal. Tal es el caso de la constructora patagónica Contreras Hermanos, con otros $ 4,5 millones que aceptó pagar en 121 cuotas.

El listado preliminar de firmas inscriptas en la moratoria incluye otras sorpresas. Como el Casino de Buenos Aires -operador de los buques "Estrella de la Fortuna" y "Princess" en Puerto Madero-, vinculado a los empresarios Federico de Achával y Cristóbal López, que se acogió por $ 10,6 millones. O Petersen, Thiele & Cruz SA, de la familia Eskenazi, con $ 1,1 millón. Dueños de los bancos de Santa Cruz, Santa Fe, San Juan y Entre Ríos, los Eskenazi lograron adquirir el 25% de las acciones de YPF, la filial argentina de la petrolera Repsol-YPF, que también figura en el "caso Skanska", y ahora, en paralelo, se comprometió a abonar al fisco $ 42,1 millones en 121 cuotas.

Con ese monto, sin embargo, YPF quedó lejos de figurar entre los mayores contribuyentes que se acogieron a la moratoria, siempre según el listado preliminar que obtuvo LA NACION. Como Aerolíneas Argentinas -que también aparece en los expedientes "Skanska" y "Viazzo"-, con $ 229 millones; Arte Gráfico Editorial Argentino SA (AGEA), con $ 102,5 millones; Solvay Indupa, con $ 88 millones; Panamerican Energy, con $ 78,5 millones; o Coca-Cola -también parte del caso "Viazzo"-, con $ 37,7 millones.

Ante la consulta de LA NACION para esta nota, desde la AFIP señalaron oficialmente que no podían dar "datos frescos" sobre las empresas y contribuyentes que regularizarán sus impuestos, opción que "por ahora" se cerraría el 31 de agosto próximo. Sin embargo, fuentes gubernamentales indicaron a LA NACION que se evalúa extender la moratoria por seis meses más, tal como lo permite el artículo 47 de la ley 26.476 "de regularización impositiva, promoción y protección del empleo registrado, exteriorización y repatriación de capitales".

Pesimistas

Las últimas proyecciones de la AFIP ya no resultan tan optimistas como cuando se lanzó la convocatoria. Se ilusionaban con absorber hasta $ 19.000 millones por la moratoria y quizás otros $ 6500 millones por el blanqueo de capitales. Más reservados, ahora se ilusionan con rondar los 3000 a 4000 millones.

Pero más allá de la recaudación que se obtenga, el listado parece reafirmar los recelos que ocho meses atrás expresaron numerosos analistas, como la titular de Poder Ciudadano y máxima referente de Transparencia Internacional en América Latina, Delia Ferreira Rubio. Había alertado entonces que la ley "podría significar una amnistía encubierta para quienes participaron en maniobras como las de las facturas truchas, para ocultar el pago de coimas". Y añadió: "Sin duda, la moratoria será como una forma de protección de la corrupción".

Una de las más críticas del proyecto al tratarse en la Cámara de Diputados fue la legisladora Patricia Bullrich (Coalición Cívica), que desafió a sus colegas del oficialismo: "¡Déjense de joder y tengan pelotas: voten en contra!" Ahora ironiza sobre la réplica que recibió: "Nos decían que no era ninguna amnistía, que el proyecto no tenía nombre y apellido", comentó a LA NACION.

Otra diputada crítica del proyecto fue la ex kirchnerista Vilma Ibarra, que también caracterizó la moratoria como una "amnistía encubierta" al debatirla en el recinto. Ante la consulta de LA NACION, ahora reafirmó que el proyecto "tenía sentido en materia laboral, pero no en otras áreas; era demasiado amplio".

Una última curiosidad: el Estado se sumó a su propia moratoria, con empresas bajo su control: Sistema Nacional de Medios Públicos ($ 583.000), Nucleoeléctrica Argentina SA ($ 4 millones), Austral Líneas Aéreas ($ 33,9 millones) y Nación AFJP ($ 228.000).

Si a esos montos se suman los de Aerolíneas Argentinas ($ 229 millones) y Provincia Seguros ($ 2,5 millones), representan el 15% del total de lo ingresado en el plan. Hugo Alconada Mon, producción de su nota en el diario La Nación.
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NOTA RELACIONADA:

 

Empresarios, famosos y algunos procesados

Las figuras que se sumaron al beneficio

 

El listado interno de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre sus "grandes contribuyentes" que se sumaron a la moratoria podría pasar por la nómina de una fiesta de las más selectas, con empresarios poderosos, dirigentes eternos y artistas. Salvo que también incluye a procesados, prófugos e imputados por lavado de dinero.

Entre los nombres más incómodos de la nómina figura José Enrique Rohm, alias "Puchi", investigado junto con su hermano Carlos por el vaciamiento del Banco General de Negocios (BGN) -por unos 600 millones de dólares- y por su desempeño en el colapso financiero argentino de fines de 2001.

Más allá de eso, su gestor se presentó ante la AFIP el 24 de abril pasado y ofreció pagar poco más de 85.000 pesos en 121 cuotas: a razón de 703 pesos por mes.

Mucho más es lo que acordaron pagar los antiguos dueños de la petrolera San Jorge, que por la sucesión de Norberto Priu reconocieron 33 millones de pesos, además de los 8,6 millones de pesos que afrontará Martha Priu y los 34,9 millones que solventará Raquel Emilse Oddone de Ostry.

Algo peor le fue a Enrique Jorge Klein, cuyo auto de procesamiento y prisión preventiva por evasión tributaria agravada fue confirmado por la Cámara de Apelaciones en diciembre de 2008, aunque ahora se acogió al plan de la AFIP por 8,9 millones de pesos.

Otros quizá son más conocidos por el gran público: Constancio Vigil ($ 7,5 millones), Amalita Lacroze de Fortabat ($ 4,8 millones) y su hija Inés Lafuente ($ 581.000), el ex funcionario delarruista Fernando de Santibañes ($ 2,9 millones) y la diva televisva Susana Giménez ($ 238.000).

También figuran el polista Gonzalo Pieres ($ 1,3 millón), el eterno presidente de la AFA, Julio Grondona ($ 172.000), y el empresario Francisco Macri ($ 162.000),

A ellos se suman Sergio Einaudi (de Techint, por $ 804.000), Gerardo Werthein ($ 639.000), y Jorge, Rafael, Arturo y Guillermo Acevedo, de Acindar (11,8 millones).

Y también Claudio Andrés Garfunkel (Banco del Buen Ayre, $ 8,3 millones), María Georgalos ($ 1 millón), Raúl Frávega ($ 1,2 millón), y Federico Tomasevich (de Puente Hermanos, por $ 1,2 millón) y su esposa, Olga Martínez Blanco ($ 650.000).

Allí no se acaban los nombres de los grandes contribuyentes que, entre todos, se comprometieron a pagarle al fisco más de 150 millones de pesos. También aparecen Orlando Salvestrini, uno de los hombres de Mauricio Macri en Boca Juniors y presidente de la empresa Pago Fácil ($ 43.900), el empresario marplatense -amigo de Daniel Scioli- Florencio Aldrey ($ 1,4 millón), el abogado de Raul Moneta, Carlos Basílico ($ 34.000), y David Sutton Dabbah, allegado al empresario menemista Mario Falak (con $ 184.000). Diario La Nación.