23 de Junio de 2008

Más de una vez, hemos señalado que los medios de comunicación en manos del Estado nacional deben estar al servicio de la comunidad y no del poder político. Se trata de medios del Estado, no del Gobierno ni tampoco del partido gobernante.

Del mismo modo, los importantes fondos públicos que se invierten en propaganda oficial deberían estar destinados a difundir actos de gobierno, pero no a hacer campañas políticas o a atacar a sectores de la sociedad.

Lo expresado sirve a la hora de evaluar la manipulación de la información y el lamentable uso de los fondos públicos que ha hecho el gobierno nacional en los últimos días, en el contexto del conflicto con el campo.

La realidad puede ser la única verdad, pero hay que admitir que tiene muchas facetas y no todas agradables. Algo de eso debe de haber primado a la hora de informar sobre los sucesos del último fin de semana, porque dos de los medios de comunicación en manos del gobierno nacional sólo recogieron la información de aquellos aspectos de la conflictiva realidad política y social argentina que les interesaba destacar.

Efectivamente, tanto la agencia nacional de noticias Télam como Canal 7 -"la televisión pública", según el lema publicitario- cubrieron los hechos del último fin de semana de una manera manifiestamente sesgada y bastante poco sutil. Los cacerolazos del lunes último, que tanto llamaron la atención de todos los argentinos, hayan participado de ellos o no, fueron relegados y minimizados, mientras que sí eran bien difundidas por cables de agencia y por pantalla las manifestaciones kirchneristas de apoyo al Gobierno en la Plaza de Mayo.

Lamentablemente, no es la primera vez que estos medios de comunicación públicos se transforman en voceros del oficialismo de turno. Por supuesto, la falta de discriminación entre Estado, gobierno y partido no es patrimonio de los Kirchner y sus adláteres, pero sí es cierto que puede advertirse claramente un marcado abuso en la utilización de la agencia oficial y el canal estatal, además de un desmesurado uso de la cadena nacional.

El indebido empleo de los fondos públicos, sin embargo, no termina ahí. Con motivo del acto del miércoles último en la Plaza de Mayo, que tuvo a la jefa del Estado como oradora, hubo una intensiva campaña radial y televisiva, y después del discurso presidencial todavía hubo un último spot, una versión acortada del que ya había circulado antes, esta vez sin los rostros de los cuatro miembros de la comisión de enlace de los ruralistas, a quienes se definía como "los cuatro señores que quieren ganar o ganar". Esta clase de campañas, casi propias del Far West, cuando se difundía la foto de un malechor buscado por el sheriff del condado, solo conduce a alentar los tan criticables "escraches".

Aunque la comisión del Congreso que debe auditar estos gastos del Gobierno casi no se reúne (según señaló la ONG Poder Ciudadano), en 2007, el Poder Ejecutivo Nacional invirtió 322.392.600 pesos en publicidad oficial, un 55 por ciento más que durante 2006, de acuerdo con la información recibida por la Asociación por los Derechos Civiles, en su trabajo de monitoreo de la pauta publicitaria.

Según la central de medios Initiative, más de la mitad del dinero gastado en propaganda política se destina a la pauta por televisión, que es, por supuesto, el espacio más caro. De allí que algunos especialistas en comercializar espacios publicitarios hayan hecho un cálculo de que la última campaña publicitaria hecha para "llenar" la Plaza de Mayo costó no menos de un millón de pesos por día.

En esta columna editorial hemos advertido muchas veces sobre esta "confusión" entre Estado y partido, de la cual la tradición política argentina ha padecido largamente en los últimos años. Por ejemplo, cuando se utilizó el avión Tango 01, el helicóptero presidencial y hasta personal de la Presidencia de la Nación en la logística de mitines partidarios para apuntalar las sucesivas campañas proselitistas de Cristina Fernández de Kirchner y de otras figuras del oficialismo, algo que ahora volvió a repetirse con la campaña de spots televisivos y radiales.

Conviene, entonces, señalar una vez más que el presidente de la Nación es la máxima autoridad de todos los argentinos, no de un partido o de un grupo mayoritario. La transparencia y el respeto por la ley y las instituciones deben imponerse por sobre la discrecionalidad de los funcionarios de turno, porque en estas virtudes reside realmente el bien común y no en declamaciones altisonantes hechas en el lugar público más conocido de la Argentina. Editorial del 21.06.2008 Diario La Nación