23 de Junio de 2008

El emprendimiento agropecuario llevará una inversión de 55 millones de dólares y producirá 120.000 toneladas anuales. Pero los ambientalistas denuncian que la obra destruirá reservas naturales.

Las empresas agropecuarias de José Aranda y George Soros inundarán 8.000 hectáreas de reservas naturales en la provincia de Corrientes para cultivar arroz. Según denuncian organizaciones ambientalistas, lo harán violando leyes nacionales y provinciales. El gobierno correntino aún no aprobó el plan de obras. El grupo empresario se defendió: “actuaremos dentro de la normativa legal vigente”.

“Represa Ayui Grande” es el emprendimiento arrocero privado más importante del Mercosur, que producirá 120 mil toneladas anuales de granos. Así lo anuncian Copra S.A., cuyo titular es el vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, y Adecoagro, perteneciente al financista húngaro George Soros, ambos integrantes de la UTE que encabeza la iniciativa. El proyecto contempla una inversión de 55 millones de dólares y la construcción de una represa sobre el río Ayuí, en la localidad correntina de Mercedes, con la que crearán un lago artificial destinado a regar las 18.000 hectáreas de plantaciones.

Las organizaciones ambientalistas consideran “ilegal” que un grupo privado “se adueñe de un río para hacerlo desaparecer junto a sus bosques y sus especies animales y vegetales”. Voceros del grupo empresario aseguraron que “los ecologistas se oponen sin fundamento”. La iniciativa ya fue presentada oficialmente y aguarda los dictámenes provinciales que la autoricen.

Expandir la producción arrocera es el objetivo principal de la Unión Transitoria de Empresas “Represa Ayuí Grande”, que conforman Copra S.A., Pilagá S.A. (del grupo Adeco) y Tupantuva S.A. Según el suplemento Rural del diario Clarín, “el proyecto tendrá una capacidad de elaboración de 120.000 toneladas anuales prioritariamente de arroz, pero incluirá otros granos, como maíz, soja, sorgo y trigo”. El epicentro operativo es la localidad correntina de Mercedes.

“Proyectamos sembrar 18.000 hectáreas en el término de un año y medio y generar unos 1.400 nuevos puestos de trabajo”, explicó el contador Ricardo Freire, administrador general de Copra a Crítica de la Argentina.

La iniciativa no es nueva. “Hubo intentos de llevar adelante el plan a fines de los noventa, pero la debacle de 2001 nos obligó a desistir en aquella oportunidad”, relató Freire. “Pero el año pasado tomamos la fuerte decisión de terminarlo y presentarlo a las autoridades’, explicó José Aranda en declaraciones al matutino del grupo económico que preside.

A mediados de mayo, el gobernador correntino, Arturo Colombi, recibió a los empresarios –encabezados por Aranda– quienes le entregaron un informe de 2.000 páginas donde se detallaban “aspectos técnicos y estudios de impacto ambiental y social que demuestran la viabilidad de la iniciativa”, explicó Freire.

La posición de Colombi no se hizo esperar. En conferencia de prensa realizada a la salida del encuentro, el mandatario provincial afirmó: “saludamos, acompañamos y felicitamos a este emprendimiento del sector privado que ayudará a solucionar cuestiones sociales y da esperanzas de crecimiento a la provincia”.

Los principales cuestionamientos provienen de organizaciones ecologistas de la región y especialistas en medio ambiente. “Quieren crear un lago artificial doce veces más grande que el casco urbano de Mercedes, atravesando con un paredón el río Ayuí e inundando su lecho completo en un tramo de treinta kilómetros de costas”, explicó el biólogo Aníbal Parera, ex titular de la Fundación Vida Silvestre radicado en Mercedes.

Para Enrique Lacour, presidente de la Fundación Iberá, esta situación quiebra el estado de derecho. “Nadie puede hacer desaparecer un arroyo y sus costas, sus bosques y el territorio de su periferia en semejante superficie, para ampliar sus márgenes productivos o su renta”, opinó el ambientalista.

El estudio de impacto ambiental realizado por las empresas reconoce la existencia de 391 hectáreas de bosques que desaparecerían bajo las aguas del embalse artificial. Para Pedro Healy, integrante de la Fundación, “la provincia debe desarrollar su plan de ordenamiento de bosques –según lo establece la Ley Nacional 26.331, vigente desde enero– por lo que resulta insólito que se anuncie la realización de proyectos que afecten las especies protegidas, incluso por las leyes provinciales”. Dos de las cuatro especies declaradas “monumento natural provincial de Corrientes” viven en el área que se pretende afectar: el lobito de río y el ciervo de los pantanos.

Para los expertos, la represa –que estará ubicada a 47 kilómetros de la reserva natural Esteros del Iberá– puede provocar daños que trascienden las fronteras correntinas.

“Este lago artificial recibirá los efluentes químicos de la gigantesca superficie de plantíos y el destino de la cuenca del río Miriñay –que desagua en el Uruguay– podría quedar comprometido, no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también productivo, pues la cantidad y calidad de aguas disponibles cuenca abajo no serían las mismas”, explicó Parera. Y agregó: “un emprendimiento privado, con fines lucrativos, no puede adueñarse de algo tan público como un río para hacerlo desaparecer junto a sus bosques y especies animales y vegetales”.

QUÉ DICE LA EMPRESA. Crítica de la Argentina dialogó telefónicamente con el contador Ricardo Freire, administrador general de Copra S.A. y mano derecha de Aranda en sus emprendimientos agropecuarios del Litoral.
“Es la primer represa privada compartida que se lleva adelante para un emprendimiento de estas características”, explicó Freire. Y resaltó la importancia de la producción arrocera en la zona: “es estratégica para la alimentación mundial, es el cultivo más antiguo de la humanidad y alimenta a un tercio del planeta”, afirmó. Respecto a las críticas de los ambientalistas, el empresario las minimizó.

“Los ambientalistas tienen obsesión con el arroz porque requiere mucha agua para su cultivo, pero las supuestas afectaciones que se denuncian no tienen ningún sustento”.

Sobre los cuestionamientos sobre la legalidad del emprendimiento, Freire fue cauteloso. “Gestionamos el permiso para construir la represa y hemos presentado los estudios para lograr las autorizaciones de los organismos de control, pero nosotros no nos vamos a apropiar de un río, sino que obtendremos la concesión de las aguas para su aprovechamiento”, finalizó. Crítica de la Argentina