28 de Julio de 2008

Según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones, 191 millones de personas viven en un país distinto del de su nacimiento. Desde 1960 hasta la fecha, mientras se duplicó la población mundial la población migrante se triplicó. Una de las causas del fenómeno es la profundización de las desigualdades entre países en desarrollo y países desarrollados, que tuvo su correlato en un aumento sustancial de los flujos migratorios de los primeros a los segundos. En cuanto a la migración irregular, aproximadamente entre 30 y 40 millones de personas en el mundo viven y trabajan en otros países sin permiso. Se estima que 10,3 millones viven en Estados Unidos y entre 7 y 8 millones, en la Unión Europea (UE).

Por eso, ante la reciente sanción de la Directiva de Retorno por parte del Parlamento Europeo, que establece reglas comunes de expulsión de los migrantes irregulares, se hace imprescindible profundizar el debate respecto de la validez de enfrentar este fenómeno exclusivamente con políticas rígidas y sobre la base de la criminalización de los indocumentados.

Francia presentó su propuesta de Pacto Europeo de Inmigración a sus socios de la UE. Los 27 ministros del Interior de los países que integran la Comunidad discutieron los términos de ese pacto en Cannes en estos días, y al parecer existe el consenso necesario para que sea aprobado formalmente el próximo 15 de octubre en el Consejo.

Esta propuesta pone el foco en cinco áreas de acción, referidas a la organización de la inmigración legal con relación al mercado de trabajo, la lucha contra la inmigración ilegal y la regulación de las expulsiones, el control de fronteras, la fijación de bases para una política europea de asilo y el intento de lograr una asociación entre los países de origen y los de tránsito migratorio.

Es un avance cualitativo con el que se podría reformular la Directiva de Retorno. Es indudable que ella tiene contradicciones que deberán ser resueltas para lograr una visión más humana del problema. No se puede dejar de considerar que una de las razones más fuertes por las cuales las políticas restrictivas no disminuyen la migración irregular es que la decisión de emigrar es muchas veces adoptada por la necesidad de dar alimento y garantizar el porvenir a la familia. En estos casos, quienes toman la decisión de trasladarse a otro lugar no piensan en las consecuencias de la política migratoria del país de destino: su necesidad es más fuerte.

La experiencia demuestra que cuando los sistemas migratorios son particularmente restrictivos, la inmigración indocumentada o irregular aumenta, por la imposibilidad de entrar regularmente. De esta manera, las políticas migratorias rígidas terminan contribuyendo al incremento de la migración irregular y dan lugar a uno de los más graves delitos contra los derechos humanos, como es el tráfico ilícito de personas a través de las fronteras.

En 2002, las cifras estimadas del negocio global del tráfico de seres humanos ascendían a 7000 millones de dólares. Este comercio está muy frecuentemente relacionado con redes del crimen organizado.

La criminalización de los indocumentados y las condiciones de vulnerabilidad de los inmigrantes que no tienen posibilidades de regularizar su situación -sumadas a la relación que, en muchos casos, establecen con estas redes criminales para ingresar en el país de destino- crean, a su vez, situaciones más propicias para el negocio de la trata de personas, especialmente de mujeres y niños con fines de explotación sexual y laboral.

Es obvio que la criminalización de las migraciones irregulares viola principios básicos de los derechos humanos, en tanto que los instrumentos internacionales sobre la materia son aplicables a todas las personas, sin importar su nacionalidad o condición.

Pero el hecho de que ningún Estado de la Unión Europea ni de América del Norte haya ratificado la convención internacional sobre protección de los derechos de todos los migrantes y sus familias, de 1990, prueba la necesidad de llegar a un consenso mínimo sobre derechos aplicables que la comunidad mundial se comprometa a cumplir. En este sentido, es necesario tratar el tema de la migración irregular no sólo en los debates globales, sino también en las negociaciones concretas, para que las políticas migratorias realmente sean coherentes con las conclusiones y los consensos plasmados en los instrumentos internacionales.

Ante este panorama, un camino posible para regular la migración sería reducir los niveles de desigualdad, disminuir los desequilibrios y las diferencias socioeconómicas y lograr una mayor democratización de las sociedades, con posibilidades de más trabajo decente. Objetivos difíciles, pero alcanzables.

Se impone elaborar en conjunto una política de inmigración desde una perspectiva integral, con reparto de responsabilidades y cargas financieras compartidas entre países receptores y emisores, acordadas en los ámbitos naturales para esos consensos y en rondas de comercio en las que se puedan someter a debate las necesidades de los países productores de materias primas y las medidas proteccionistas de los países más desarrollados, que hacen que los países expulsores ahonden sus carencias y produzcan día a día más emigrados.

Por ser un fenómeno internacional, el tema migratorio requiere un tratamiento multilateral y el compromiso de los países, tanto de origen como de tránsito y destino. Es imprescindible que los acuerdos sobre la materia, que contrastan con una realidad cada vez más dramática y cambiante, no se tornen meros marcos teóricos, sino principios a los cuales la comunidad internacional se debe someter.

Sería positivo, por otro lado, que las naciones europeas que hoy endurecen sus políticas contra los que emigran en busca de mejores condiciones de vida no olvidaran que fueron en el pasado países de origen de inmigrantes que huían del hambre y de la guerra. Ellos fueron recibidos con los brazos abiertos por naciones jóvenes, que se enriquecieron con el aporte de los que llegaron a sus tierras. Por Eugenio Ambrosi El autor es representante regional de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).