08 de Septiembre de 2008

 Señor de los Peajes: así fue bautizado por la prensa Claudio Uberti, funcionario K del entorno de De Vido, alejado del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) por su cercanía a la valija con 800.000 dólares que llegó desde Venezuela. “Ubi” era y es, según confirmaron a este diario diversas fuentes, el encargado del cobro puntual de los peajes a las empresas del sector. En cincuenta y cuatro días las barreras de todos los peajes del país deberían levantarse: el 31 de octubre vencen todas las concesiones viales instauradas por Carlos Saúl y prorrogadas por Néstor. El Gobierno, claro, no tiene proyecto alguno para el área, y tampoco dispone de tiempo para elaborarlo: no hay tiempo para convocar a licitación pública y ni siquiera están listos los pliegos. Una resolución que sobrevoló días atrás el área de Legales del Ministerio de Planificación y luego aterrizó en el Occovi será la solución argentina al problema de las rutas: prorrogar las concesiones por 120 días.

Pero el asunto de las barreras no es tan simple: sólo los cinco años de peajes K dejaron un tendal de denuncias judiciales por incumplimiento y varios informes negativos de la Auditoría General de la Nación, conflictos que se suman a los todavía no solucionados del período 1992-2003, dentro de los que el Gobierno reclama a los concesionarios una deuda de 824 millones que las empresas desconocen argumentando que no hay mejor defensa que un buen ataque: sostienen que es el Estado el que les debe a ellos.

HEMOS BAJADO DE LA SIERRA MAESTRA (Y PAGADO EL PEAJE). El 32% de la red nacional pavimentada, donde se concentran más de las dos terceras partes del tránsito vehicular, esto es 10.000 kilómetros de rutas nacionales, fueron privatizadas por el menemismo. Debería decirse, en realidad, subsidiadas. En 2001, uno de los peores años del negocio, las concesionarias recibieron 500 millones de pesos/dólares en subsidios, ganaron 150 millones en recaudación directa de peajes e incumplieron con el 65% de las inversiones pactadas. Cuando los comandantes Cristina y Néstor bajaron de la Sierra Maestra, criticaron duramente esta política, levantaron los subsidios y fijaron un canon para cada corredor. A la vez, les quitaron a las empresas toda obligación de hacer obras de mejora y ampliación, sólo deberían dedicarse al mantenimiento. Liberadas de casi toda obligación, las empresas en la era K debieron: cobrar el peaje, limpiar la cabinita, señalizar el entorno y cortar el pasto. Para mayor seguridad (de quién) los dueños de la barrerita dejaron de cobrar dinero: todo lo recaudado a diario se deposita en una cuenta del Occovi a nombre de los tíos Claudio o Julio, y luego éstos abastecen, según corresponda. Desde noviembre de 2003 hasta julio pasado los seis corredores viales recaudaron por peajes: $848.795.785, unos 283 millones de dólares. Al quitarles la obligación de hacer obras, el gobierno K se reservó esa facultad, y terminó adjudicando las ampliaciones a contratistas amigos, entre ellos algunos concesionarios que también se han diversificado hacia la construcción.

–Eso hizo todo más discrecional –le dijo a Crítica de la Argentina un empresario del sector–. Antes el plan de obras figuraba en el pliego. Ahora el Estado licita aparte y decide qué hace y con quién.

El dinero para obras viales llega a través de los impuestos a los combustibles. Según la AFIP, sólo por gasoil se recaudaron desde 2003 hasta hoy 10.792 millones de pesos.

Así el Occovi, que en 2003 era un pequeño polirrubro con un presupuesto de $6.535.309, pasó a manejar con el tío Claudio un 7.574% más: $501.584.300 para este año, o 193 millones de dólares.

Aunque en la etapa del “Granma” y los combates de la Sierra los comandantes Cristina y Néstor fustigaron a los concesionarios, al llegar al poder los beneficiaron: cinco de las seis empresas favorecidas ya tenían concesiones y estaban en la lista de las incumplidoras denunciadas por el propio Gobierno. El sexto corredor fue cedido al inefable Eduardo Eurnekian, de Corporación América, que en ese momento adeudaba $350 millones de cánones impagos por los aeropuertos.

LOS DUEÑOS DE LA BARRERITA. Así las cosas, las concesiones de corredores viales que están por vencer o por prorrogarse (rutas, autovías y autopistas, no se incluyen los accesos a Capital) son:

• Corredor 1: En provincia de Buenos Aires, rutas 3, 205, 226 y 252. Lo explotan Equimac, una de las constructoras mas favorecidas en la era K, y Coarco, con intereses en la construcción y el gas. Según Vialidad, no concretaron el 30% de las obras prometidas en la ruta 226.

• Corredor 2: Rutas 5 y 7 en Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Buenos Aires. Está a cargo de la firma Homaq, con incumplimientos del 60%.

• Corredor 3: Ruta 9, A-102, 11, A-009, 19, 188 y la autopista Rosario- Armstrong. Propiedad de Decavial y Vialco, que vendió a principios del corriente año a Electroingeniería, una empresa cordobesa en la que, a juzgar por su crecimiento, Henry Ford sólo sería un cadete.

• Corredor 4: Rutas 8, 33, 36, 38, 193 y A-005. Lo maneja el tío Eduardo E., que, cuando no corre, vuela.

• Corredor 5: Rutas 9 y 34. A cargo de Vial Cinco, un consorcio integrado por Covico, que concesionó hasta 2003 la ruta 188 con un 84% de incumplimiento de inversiones.

• Corredor 6: Rutas 11, 12 y 16. Del grupo Supercemento y Dragados y Obras Portuarias, con un 54% de incumplimiento en la concesión anterior.

“Desde el inicio de las concesiones hasta la actualidad no se ha ejecutado ninguna obra en el plazo previsto”, dice un informe de la Auditoría General de la Nación conocido en abril, sobre los corredores K.

La AGN examinó el rol del Occovi y también las rendiciones de cuentas de los operadores: el corredor 5, por ejemplo, “dice haber gastado en tres años $95 millones en mantenimiento, pero de esa suma sólo dedicaron $9.578.619 a la carpeta asfáltica, y el resto, o sea $85.421.381, para limpieza, corte de pasto y mantenimiento de bosquecillos”. El informe de la Auditoría General terminó siendo incluido en una denuncia penal de los diputados de la Coalición Cívica Adrián Pérez y Juan Carlos Morán que tramita en el juzgado de Claudio Bonadío. Mañana, lunes, ambos legisladores pedirán a Julio Cobos, titular del Senado, y Eduardo Fellner, de Diputados, que la Comisión Revisora de Cuentas trate el informe de la AGN sobre las autopistas.

En el juzgado de Daniel Rafecas, se investigan irregularidades por el pago de compensaciones a través del impuesto al gasoil entre 1992 y 2003 a los concesionarios, y otras nueve denuncias contra Ubi recorren el fuero federal con suerte diversa: incumplimiento de deberes de funcionario público, negación del acceso a la información, etcétera. Uberti es, aun así, un hombre de suerte: en cualquier país sensato estaría preso desde el escándalo Antonini Wilson.

Su reemplazo en el Occovi, Emma Abrieu, era su segunda hasta la valija voladora, una ingeniera civil sin peso político pero con formación en el área y cierta inclinación a realizar viajes breves y misteriosos a Bolivia en avión privado. La prórroga de las concesiones no le quita el sueño: está ansiosa por comenzar su licencia por embarazo. En el ente se acumulan expedientes y multas sin cobrar: según la Defensoría del Pueblo, las concesionarias deberían pagar $13.759.513 y sólo abonaron poco más de 2 millones. Hay rutas en mal estado, desprendimientos, falta de señalización y un trabajo del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) muestra que el 80% de los corredores viales están así. Las rutas concesionadas 5, 8, 9 y 12 encabezan el chart de las más peligrosas. Según Luchemos por la Vida, durante 2007 murieron 8.104 personas. No es ésta, solamente, una discusión de dinero público. Editorial de Jorge Lanata diario Critica de la Argentina,Investigación: J. L. / Luciana Geuna/ Jésica Bossi

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