VIENE A VICTORIA UN FRIGORÍFICO AMIGO DEL KIRCHNERISMO PARA EXPLOTAR LA GANADERÍA DE ISLA

El humo sirve de pantalla para negocios turbios

El rechazo entrerriano al parque Alto Delta que quiere Santa Fe tiene un millonario interés: un frigorífico K. El intendente Garcilazo cedió tierras fiscales por 15 años a un empresario bonaerense, que integra la patota de Guillermo Moreno.  

Unas horas después de pedir perdón a los rosarinos por el humo que se genera en las islas, el intendente de Victoria, César Garcilazo, puso el expediente Nº 8413/08 en su maletín y volvió al Concejo Deliberante para insistirle a los 12 ediles que aprueben la ordenanza que dará pie “a una de las inversiones más grandes de la zona”: un frigorífico. La planta tendrá capacidad para faenar 500 cabezas de ganado diarias, y se instalará en tierras fiscales del área industrial de Victoria, concesionadas por quince años a un misterioso empresario de estrechos lazos con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que anunció inversiones por 2,3 millones de dólares a pesar de que en la Afip figura como pequeño contribuyente.

La construcción de esta planta frigorífica, cuya ordenanza se aprobará el miércoles próximo, removerá las cenizas de la polémica que estalló esta semana entre el gobierno de Entre Ríos y el de Santa Fe, luego de que el gobernador Sergio Urribarri publicara una solicitada en la que calificó de “impertinente” el proyecto que se trata en el Senado Nacional para crear el Parque Regional Alto Delta, en un triángulo de islas con vértices en San Lorenzo, Arroyo Seco y Victoria. “Nosotros queremos que en las islas haya vacas. Y nadie nos puede obligar a hacer lo contrario”, disparó Garcilazo al rechazar la idea de que en vez de bosta vacuna, se preserve la flora y la fauna autóctona de un gigantesco humedal, que Entre Ríos arrienda por sumas insignificantes a misteriosos talleres mecánicos neoganaderos.

La breve historia de la aparición del misterioso frigorífico K en la zona deja al descubierto los intereses que están en juego en 207 mil hectáreas del departamento Victoria, de las cuales 65 mil ya fueron arrasadas por el fuego.

Victoria generosa. El 11 de agosto pasado ingresó al Concejo Municipal de Victoria un proyecto del Ejecutivo comunal para “ceder la tenencia y el derecho al uso de terrenos fiscales” de cuatro hectáreas de una zona industrial, cercana al arroyo El Ceibo, donde se instalará un frigorífico que tendrá una capacidad de faena de 500 cabezas por día.


Por aquellos días, el intendente Cesar Garcilazo anunció con bombos y platillos que los inversores iban a destinar para la construcción de la planta –donde anunciaron que trabajarán 70 personas– 2,3 millones de dólares. Todos festejaron; nadie sabía bien quién estaba detrás de la mega inversión.

La cara visible de este proyecto es Guillermo Oscar Huarte, quien –según confirmó Garcilazo a Crítica de Santa Fe– levantará un frigorífico en tierras fiscales que le cederá el municipio por 15 años (prorrogable por otros 15) a cambio de un canon equivalente a cinco sueldos municipales correspondientes a la categoría Nº1 del escalafón comunal. Huarte tendría que pagar unos cuatro mil pesos por mes por cuatro hectáreas, ya que cada salario equivale a 800 pesos. Pero tampoco lo hará. Lo eximirán del pago del canon y de todos los impuestos por 10 años.

Lo llamativo de esta iniciativa es que se pretende otorgar estas tierras a una persona que ni siquiera es empresaria. Huarte figura en la Afip como contribuyente categoría K, con una facturación menor a los 94 mil pesos mensuales. Está anotado como transportista de hacienda a partir de 2003 y prestador de servicios para cantinas y bares. “El único dato que presentó el intendente fue el número de DNI del empresario”, dijo María Angélica Chada, edil opositora al kirchnerismo provincial.

Pero la explicación de porqué Huarte aparece como un empresario deseoso de invertir en Victoria se encuentra en los frigoríficos y empresarios que están detrás de él.

Amigos son los amigos. Después de dar varias vueltas y poner innumerables excusas, Garcilazo dijo a este diario que el frigorífico que se instalará en Victoria “pertenece a Agroflex y Panamericano Exportadora SA”, de las localidades bonaerenses de Moreno y Escobar. En el proyecto de ordenanza (expediente Nº8413/08) esas firmas figuran como “avales” de Huarte, quien se presenta como “operador” del matarife Jorge “El Negro” Martínez, un empresario que ganó minutos de fama cuando en marzo pasado trompeó y le quebró literalmente el brazo al dirigente de la Cámara de Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina (Ciccra), Miguel Schiariti, quien había criticado a Moreno.

A las piñas, Martínez le demostró lealtad al secretario de Comercio Interior. Sus empresas se dedican a la industrialización de subproductos derivados de la carne, como cebo, cuero, sangre y menudencias, que tienen una injerencia importante a la hora de planchar los precios del sector.

Entre los antecedentes de Agroflex y Panamericano Exportadora SA se hallan varios puntos oscuros, que ningún concejal victoriense se preocupó por buscar. La semana pasada, un gerente de Agroflex quedó imputado de estafas reiteradas por robar gas. Ese mismo frigorífico había sido clausurado en 2004 por tirar efluentes al río Reconquista. Panamericano figura entre los principales evasores de la industria cárnica –según el ente recaudador bonaerense– con una deuda de 5.714.283 pesos.

El milagro de los arrendamientos

La ley de arrendamiento de tierras fiscales que Entre Ríos sancionó en 2006 abrió las islas a 150 nuevos productores, en su gran mayoría ganaderos, que pasaron a explotar 110 mil hectáreas; un tercio de las 376 mil que fueron declaradas por la Municipalidad de Victoria como “área natural protegida” en 2003. Ese proceso multiplicó el rodeo a tal punto que no hay datos oficiales al respecto. Pero el negocio millonario es sólo para los privados. Los cánones a pagar oscilan entre los 10 y los 20 pesos por hectárea al año. A las arcas de la provincia vecina ingresan por ese concepto alrededor de 1,7 millón de pesos (el 0,03 por ciento del presupuesto 2008).

“Lo preocupante no es sólo que la rentabilidad es inexistente para la provincia, sino que no se realizó ningún estudio de impacto ambiental y el daño es incalculable”, aseguró Jorge Daneri, del grupo ecologista Mbiguá. El proceso fue impugnado, pero no hubo respuestas. Debería haberlas, ya que en el listado de los nuevos arrendatarios hay algunas curiosidades. Por ejemplo: la Comisión de Adjudicación entregó el 11 de diciembre de 2006 a la empresa de Gualeguaychú “Servicios de Rectificado Santa Rosa SRL” 2.586 hectáreas a pagar a cambio un canon de 21,71 pesos por hectárea al año. Esa firma está anotada en la Afip como monotributista con el CUIT Nº 30-70780770-5 y se dedica a la “fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos”. De hecho, antes convertirse en ganadera, en ese mismo año 2006, la firma realizó dos trabajos como taller mecánico para el municipio de Victoria. Raro que ese municipio haya enviado a reparar dos camiones de su flota a Gualeguaychú. ¿No hay talleres en la localidad que está frente a Rosario? “Por supuesto que hay”, respondió Garcilazo al ser consultado por Crítica de Santa Fe, aunque después no pudo detallar porqué su gestión tomó aquella decisión hace dos años. Aún más curioso resulta que en el taller mecánico-ganadero de Gualeguachú funciona el Club Central Entrerriano. (R.R.) Germán de los Santos / Ricardo Robins, Diario Critica de Santa Fé