13 de Abril de 2009

Cesantías por la crisis y denuncias de persecución gremial

Una zona caliente por los despidos

Son empresas autopartistas de Tigre y San Fernando que echaron a 300 trabajadores. Varios de ellos denunciaron ante la Justicia discriminación por su activismo sindical. Ahora esperan un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Operario. A la hora de decidir las cesantías, las empresas ponen bajo la lupa a los delegados sindicales.

Son fábricas de autopartes del norte del conurbano, pero comparten mucho más que la cercanía: con el argumento de la crisis, despidieron en los últimos meses a casi 300 operarios, entre ellos a los activistas de base no alineados con los sindicatos de esas actividades. Se trata de tres empresas de Tigre: Pabsa, Lear y Dana, ubicadas a pocas cuadras de distancia sobre la Panamericana, y de la fábrica de neumáticos Fate, de San Fernando. En algunos casos también tienen en común denuncias por la militarización de las plantas en los últimos conflictos gremiales.

“El Gobierno nacional y el provincial intentan ocultar los despidos y persecuciones gremiales y no toman medidas para evitarlos en estas empresas, que por lo general son de capitales multinacionales”, le dijo a Crítica de la Argentina Edgardo Moyano, abogado de los cesanteados y miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh).

Tanto el letrado como los echados coinciden en que las empresas utilizaron la crisis como excusa para desprenderse de referentes de base. Y que lo hicieron con el aval –implícito o explícito– de los sindicatos del plástico (UOYEP), mecánicos (SMATA) y de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Los despidos se ejecutaron en momentos en que crece la expectativa por un fallo de la Corte Suprema en contra de las cesantías discriminatorias.

Javier Spinelli fue echado con otros 22 operarios el 16 de febrero de Pabsa, que fabrica butacas para Volkswagen. El mismo día se convocó a un paro y Spinelli fue elegido, durante una asamblea, nuevo delegado pero sin el aval del sindicato plástico. En medio de la disputa se subió al techo de la planta para reclamar por los puestos de trabajo y terminó detenido.

El trabajador comentó que en diciembre, siempre con el argumento de la crisis, la empresa ya había cancelado más de 70 contratos, y que durante este año hubo “despidos por goteo”. En la actualidad trabajan en la firma unos 130 operarios de planta y otros 30 administrativos.

El conflicto pasó a la vía judicial: “La semana pasada la Cámara de Apelaciones del Trabajo autorizó a Spinelli a presentarse como candidato a delegado en las elecciones que se hicieron el 6 de abril, pero la empresa no lo dejó participar”, explicó Moyano.

A pocas cuadras de Pabsa, los operarios de Lear, que fabrica mazos de cables para Ford y Peugeot, sufrieron una situación similar. Juan Cruz Costa era un activista y candidato a delegado hasta el 9 de febrero, cuando recibió el telegrama de despido con otros cinco trabajadores. Era el paso final de una poda iniciada a fin de año, con el despido de 60 contratados.

“Yo era candidato seguro a delegado y caí en la ‘limpieza’. El SMATA no estuvo en las primeras audiencias en Trabajo y sólo fue a la tercera, para decir que nos tocaba una indemnización más alta”, se quejó Costa. El ex empleado dijo que las cesantías se concretaron por la crisis pero que al mismo tiempo “en Lear empezaron a hacer horas extras”.

En Dana, que elabora chasis para varias automotrices, el conflicto también coincidió con la crisis y con una convocatoria a elecciones internas. “El 12 de diciembre hubo elecciones pero el gremio (UOM) nos proscribió y un mes después hubo 15 despidos, la mayoría de activistas”, contó Roberto Amador, ex candidato a delegado y en la actualidad desocupado, a la espera de su eventual reincorporación por la vía judicial.

En el caso de la planta de Fate no hubo confrontación directa con el sindicato del neumático (SUTNA) pero sí un conflicto entre la empresa y los delegados de base, que duró la segunda mitad del año pasado y llevó a “la militarización de la planta con más de 200 efectivos de Infantería”, contó Víctor Ottoboni, actual delegado del personal. Crítica de la Argentina.