02 de Septiembre de 2008

El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) calificó hoy como "abusivo e ilegal" al aumento de tarifas en los peajes que comenzará a regir a partir de mañana en las rutas 2 y 11, con incrementos de hasta 73 por ciento.

Por su parte, la Asociación Madres del Dolor desmintió que fuera a controlar que el incremento sea utilizado para mejorar las vías. Los nuevos valores de los peajes fueron publicados el viernes último en el Boletín Oficial.

La resolución 381 del Ministerio de Infraestructura bonaerense precisa que la flamante escala tarifaría tendrá vigencia durante la temporada baja, que se extiende hasta el 15 de diciembre.

Los nuevos precios en la estación de peaje de Samborombón, en el kilómetro 90 de la ruta 2, para la categoría 1 (automóviles), será de 7 pesos entre las 12 del lunes hasta las 12 del viernes, y de 9 pesos durante el fin de semana y el día incluido en el fin de semana largo.

Los importes en la estación de peaje Maipú, instalada en el kilómetro 273 de la autovía 2, se fijaron en 4 pesos durante cinco días a la semana y 5 pesos desde las 12 del viernes a las 12 del lunes.

En la ruta 11, los importes nuevos serán de 6 y 8 pesos en el peaje Conesa; de 3 y 3,40 en la estación Madariaga; y de 3 y 4 pesos en el de Mar Chiquita.

Por su parte, la Conaduv sostuvo hoy que "las tarifas aprobadas por el Poder Ejecutivo Provincial son ilegales y abusivas". Argumentó en un comunicado de prensa que son superiores a los ahorros que los usuarios pueden tener por utilizar las rutas, como menos utilización de combustible por un camino más directo o menor gasto en reparación de vehículos por roturas debido a vías deterioradas.

"La Ley 9.254 expresa claramente que las tarifas de peaje no deben superar el valor económico del servicio ofrecido, lo que en el lenguaje común está representado por el ahorro que el usuario debe recibir en razón de las obras de mejora que el concesionario está obligado a efectuar", puntualizó.

Por su parte, la Asociación Madres del Dolor desmintió que fuera a controlar que el incremento sea utilizado para remodelar las rutas. "Tenemos personería jurídica para funcionar como grupo y los dos objetivos plasmados en esta personería son promover y consolidar la efectiva prestación de Justicia y contener a víctimas y familiares", remarcó en un parte informativo.

"No monitoreamos uso de dinero y arreglos o construcción de rutas simplemente porque no es nuestro objetivo", concluyó.