26 de Mayo de 2008
                    


ho páginas con ocho artículos, más un anexo que identifica 56 "ejes de acción": ese es el esqueleto de lo que hasta ahora hay sobre el Acuerdo Económico Social del Bicentenario, subtitulado Bases para el Desarrollo Económico con Inclusión Social y Equilibrio Territorial. Pero salvo contadísimas excepciones, por lo demás ninguna muy precisa, es todo tan genérico que cualquiera podría ponerle su firma.

Dice el documento en el arranque: "El Gobierno Nacional representado por la Señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández, conjuntamente con las entidades representativas del ámbito laboral y empresarial, tales como (...) convienen en suscribir...".

Para empezar, en el "tales como" no aparece ninguna entidad del campo. Están la CGT, la Unión Industrial, los banqueros nacionales de ADEBA, las cámaras de la Construcción y de Comercio y la Bolsa.

La ostensible omisión de las entidades agropecuarias en ese primer párrafo, da lugar a sospechar que alguien en el Gobierno pudo haber pensado que era factible firmar un acuerdo, este 25 de Mayo, sin ellas y con lo que había. O en incorporarlas más adelante.

Es posible que en el acto de Salta la Presidenta haga alguna referencia al pacto en gestación o que, incluso, anuncie medidas de otro orden: algo que suene a que se ha recuperado la iniciativa. Pero el contraste con el acto rural en Rosario puede ser grande. Así como ya son grandes los costos que provoca el interminable conflicto con el campo, los que también paga el Gobierno y los que sienten sus propias fuerzas políticas del interior, en las ciudades y en los pueblos.

En el mismo primer párrafo se advierten otras ausencias no menos notables: entre ellas, los partidos políticos, el Parlamento, las organizaciones sociales y la banca extranjera de ABA. De hecho, no aparece el Estado como tal, sino el Gobierno Nacional.

¿Quién podría oponerse a la vigencia del Estado de Derecho, al crecimiento económico sostenido "con equidad distributiva", a la erradicación del analfabetismo y del trabajo infantil, al pleno empleo y a "garantizar una educación de calidad para todos y todas"? ¿Quién cuestionaría que se construyan viviendas para reducir el déficit habitacional, que haya "nueva infraestructura hospitalaria y educativa", se "reduzca la brecha entre provincias prósperas y rezagadas" o incremente "la capacidad del país en ciencia, tecnología e innovación"?

Tanto como la necesidad de contar con "instituciones públicas y privadas robustas y eficientes", todas esas son consignas del documento central y del anexo. Expresiones encomiables, pero sin plazos ni definiciones de políticas concretas.

También asoman otras aspiraciones: reducir "a la mitad" la tasa de desempleo y la pobreza, elevar al 50% la "participación de los asalariados en el PBI" y achicar otro tanto la informalidad laboral (el trabajo en negro). La única referencia a los tiempos es que los objetivos fueron pensados "con un horizonte en 2016".

Tal como ayer adelantó Clarín, con mayor premura se trabaja en un acuerdo salarial entre la CGT y las centrales empresarias. Y sin otro contenido que los títulos, en los papeles figuran proyectos también anticipados por este diario: un régimen para repatriar capitales, un blanqueo en realidad; la sanción de una Ley de Riesgos de Trabajo; la Ley de Radiodifusión que empuja el Gobierno y desgravaciones impositivas para reinversión de utilidades de las pequeñas y medianas empresas.

Se dice que "las partes" -Gobierno, CGT y empresarios- se proponen avanzar con estas medidas para hacer "tangibles" los acuerdos. Tal vez se trata de proyectos efectivamente cercanos, pero, por oposición, la palabra "tangibles" revelaría que el resto del glosario es intangible.

Aun así, el blanqueo es una medida bien controvertida; simplemente, porque, menos plata del narcotráfico y del terrorismo, puede amparar fondos de muy diverso origen y porque, además, beneficiaría a quienes eludieron el Fisco y descalificaría a los cumplidores. Y la Ley de Radiodifusión es una iniciativa tan polémica, que los propios empresarios preferirían apartarse de una pelea que el Gobierno mantiene con otros.

Probablemente no era posible incluir mayores precisiones, dada la premura oficial por sacar algo. Tal vez más adelante el "Consejo para el Diálogo Económico y Social" que se piensa crear vaya poniéndole letra a los títulos y titulitos.

En el entretanto, quizás el Gobierno se anticipe con algunas decisiones que atiendan los problemas más apremiantes. Y con medidas concretas empiece a remontar los serios déficits de gestión que se manifiestan en la Administración Pública, pendiente estos últimos meses del conflicto con el campo y de los juegos de poder alrededor de lo mismo.

Pero si todo lo que hay es lo que se lee en los documentos, cuesta entender por qué tanto apuro en firmar el Acuerdo del Bicentenario. Se sabe: no todos los fastos políticos tienen, siempre, el mismo valor.
Reproducción textual de la columna en el Diario Clarín de Alcadio Oña.