17 de Noviembre de 2008

"Con Kirchner hay caricias, pero no se confundan: no hay amor." Así se confesó Hugo Moyano en la última reunión del Consejo Directivo de la CGT, convocada de urgencia para diseñar una estrategia frente al fallo de la Corte Suprema que, al sustraer a los sindicatos reconocidos por el Estado el monopolio de la representación de los trabajadores, dinamitó la arquitectura del movimiento obrero peronista.

Durante ese conciliábulo, que se celebró el jueves pasado, los atribulados sindicalistas se imaginaron víctimas de una emboscada del Gobierno. A quien postula un complot siempre le sobran indicios. Moyano encontró el primero: "En un país donde todo pasa por las manos de una sola persona, es imposible que una decisión tan grave haya sido ignorada por esa persona". Seguía hablando de Néstor Kirchner, claro.

Al argumento del líder de la CGT se sumaron otros. ¿Alguien puede concebir que el procurador Esteban Righi se haya expedido hace ocho meses sobre el tema sin que llegara señal alguna a la Casa Rosada? ¿Los ministros de la Corte tampoco avisaron? ¿O fue Kirchner quien les pidió silencio? El ferroviario José Pedraza parecía el más enardecido. Y el estatal Andrés Rodríguez dejó por una vez de defender al oficialismo para sugerir algunos ataques: "No pongamos el eje en la defensa corporativa. Hablemos de los dramas sociales que están aumentando en todos lados".

Es difícil que los gremialistas acepten excusas. Sin embargo, en Olivos hubo enojo con el ministro de Justicia, Aníbal Fernández; con el de Trabajo, Carlos Tomada (se enteró del fallo durante una reunión con Armando Cavalieri), y con el senador Nicolás Fernández, a quien suponen garante de la conducta de Lorenzetti por haber impulsado su nombramiento. Kirchner les reprocha haber estado dormidos mientras la Corte decidía. Si se conocen los mecanismos con los que el Gobierno procesa información y toma decisiones, dan más ganas de creerle al esposo de la Presidenta que a los desconfiados gremialistas.

Para despejar las dudas, Moyano resolvió someter su vínculo con Kirchner a un papel tornasol. Los abogados de la CGT, comandados por Héctor Recalde, redactarán un proyecto de decreto de necesidad y urgencia que entorne lo más posible la puerta que abrió la Corte. En ese texto se establecerán mínimos de representatividad para aspirar al ejercicio de la función sindical. Ocurre que la multiplicación de las organizaciones reconocidas será el comienzo de otras cesiones de poder: los nuevos sindicatos podrán reclamar lugares en el Consejo del Salario, en la Superintendencia de Salud (donde la CGT cuenta con una comisión asesora) o en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, sobre todo, podrán exigir que se diversifiquen los convenios colectivos y las obras sociales, que son el corazón y el pulmón del poder gremial en el país.

"Si no tuvieron nada que ver con el fallo, que firmen el decreto", razonó uno de los impulsores de la iniciativa. Los Kirchner no están acostumbrados a ese tipo de ultimátum.

Los empresarios acompañan la pretensión de mantener el statu quo de la organización sindical. Temen que, como consecuencia del fallo, las discusiones salariales desaten una carrera entre distintas organizaciones para demostrar cuál obtiene más beneficios. Sólo en algunas compañías cayó bien la sentencia: son las que prefieren contar con sindicatos por empresa, que se verían facilitados a partir de ahora. Pero, en general, los hombres de negocios calculan que con los criterios de la Corte las relaciones laborales serán más conflictivas.

A Moyano y sus compañeros les interesan poco estas consecuencias de mediano plazo. Lo que no los deja dormir es la posibilidad de que la fulminante reforma laboral que llevó adelante la Corte sea el preludio de otras embestidas, ahora sí lideradas por Kirchner. En la CGT temen que las obras sociales sean la próxima caja sobre la que se abalance el santacruceño.

Uno de los directivos narró la pesadilla en la reunión del jueves pasado: "Con sólo modificar un artículo de la ley 23.661 el Gobierno puede establecer el seguro de salud que pretendió en su momento Alfonsín, con lo que administraría 15.000 millones de pesos anuales, es decir, el mismo flujo de las AFJP".

Esta fantasía se sostiene en algunos indicios. A los gremialistas les resulta muy antipático que Graciela Ocaña se haya acercado a las obras sociales. Sobre todo desde que supieron que Cristina Kirchner, al entregar a la ministra la cabeza de Héctor Capaccioli, le dio esta enigmatica instrucción: "Ahora, Graciela, no tendrás más excusas: tenés que ejecutar tu plan".

Ocaña es una figura agresiva para los sindicalistas tradicionales. Además de acreditar una antigua militancia en la CTA, en los últimos meses adoptó medidas muy costosas para ellos. Anuló, por ejemplo, innumerables pagos de subsidios porque las prestaciones no estaban bien documentadas.

Las obras sociales dejaron de recibir esos fondos, que se habían vuelto rutinarios. Ahora la ministra se propone eliminar una de las condiciones que hacen posible el fraude: el anacronismo de padrones de afiliados que no se depuran desde hace años.

Se podrá aducir, en contra de estas amenazas, que en reemplazo de Capaccioli fue designado Juan Rinaldi, un abogado salido de las entrañas del gremio de los camioneros. Pero en las últimas horas esa peculiaridad comenzó a ser puesta en duda por los propios sindicalistas. Es cierto que el jueves Moyano recibió a Rinaldi y lo hizo saludar por el resto de la conducción de la CGT, que aplaudió como sólo lo hace cuando está ante el dueño de una chequera. Pero al cabo de la reunión comenzaron las aclaraciones. "Rinaldi es abogado de Hugo, pero al Gobierno llegó de la mano de Aníbal Fernández por un tema complicado que le resolvió a Omar Suárez, del SOMU", informó un laboralista.

El secretario general de un gremio de servicios sembró más cizaña: "A Rinaldi lo vamos a tener en observación. No olvidemos que cuando fue a la Justicia a denunciar a Capaccioli por los negocios de San Javier no tuvo en cuenta que entre los clientes de la droguería estaba también el sindicato de camioneros. Pregúntenle a la esposa de Moyano, que maneja la obra social, qué opina de Rinaldi. El quiere ser ministro de Trabajo y eso lo puede hacer olvidar algunos compromisos".

Si estos fantasmas comienzan a invadir las cabezas de los sindicalistas no es porque Capaccioli o Rinaldi sean decisivos en la relación con el Gobierno. El cambio dramático en la atmósfera que se respira en la CGT se produjo por el fallo de la Corte. "Fue como la muerte de Rucci, pero sin sangre", dijo un viejo líder sindical siempre sensible a los resabios camporistas que anidan en el kirchnerismo.

Moyano se allanó al fraude del Indec con la inflación, defendió la expropiación de los ahorros jubilatorios y disimuló hasta ahora la ola de suspensiones.

Sin embargo, desde el viernes su numen Héctor Recalde comenzó a pedir que se reponga la doble indemnización por la inminente ola de despidos.

Nadie sabe todavía qué consecuencias tendrán las mudanzas del humor de los sindicatos para un gobierno que se sostiene en la CGT como si fuera su columna vertebral. Reproducción textual de la columna del periodista Carlos Pagni para el diario La Nación del 17-11-08