15 de Enero de 2009
Descubren un millonario pago
irregular de Economía
Acusan
por la maniobra a un grupo de funcionarios del ministerio
El Ministerio de Economía fue el
escenario de un nuevo caso Greco: un grupo de funcionarios
autorizó el pago en efectivo de casi 54 millones de pesos
por una supuesta deuda de la Caja Nacional de Ahorro y
Seguro (CNAS) que tenía más de 20 años y que la Justicia no
había reconocido.
Esta presunta estafa, concretada hace poco más de un año, es
investigada en un sumario interno del Ministerio de Economía
y fue el objeto de una denuncia que
acaba de presentar en los tribunales el titular de la
Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel
Garrido. Quedó radicada en el juzgado federal de María
Servini de Cubría.
Garrido sostuvo que funcionarios públicos y terceros
"pergeñaron una maniobra para realizar una disposición
patrimonial absolutamente perjudicial para el Estado". Pero
fue aún más lejos: dijo que siguió la ruta del dinero y que
fue depositado en distintas cuentas, en operaciones que sólo
podrían comprenderse como una maniobra de "lavado de
dinero".
Dos de los principales acusados de haber autorizado el pago
son Osvaldo Siseles, ex subsecretario legal del Ministerio
de Economía nombrado por Roberto Lavagna, y la ex directora
de Asuntos Jurídicos de esa cartera Yolanda Eggink, hoy en
el Ministerio de Planificación.
El fiscal Garrido lleva adelante la investigación | Foto:
Archivo
Ellos son, además, dos de los cuatro procesados en el caso
Greco, donde se los acusa de aprobar una indebida
indemnización de más de 600 millones de pesos a un grupo
empresario expropiado durante la dictadura.
Otro
sospechoso es el ex subsecretario de Administración y
Normalización Patrimonial Cayetano Intelisano, un
funcionario de carrera que sigue en el Ministerio de
Economía. Fuentes de esa cartera informaron a LA NACION que
están tramitando el sumario y que nadie será desplazado
hasta que no se determinen las responsabilidades.
En
el caso Greco el pago no se efectivizó. En este nuevo caso,
en cambio, el pago sí se concretó.
En
octubre de 2007 Interlisano aprobó el desembolso de los
$53.963.112, más de lo reclamado, según Garrido. Por eso, el
fiscal advirtió que era probable que tan "ostensible
violación de los deberes" de funcionarios hubiera tenido
como contraprestación "alguna comisión, soborno o retorno".
De vieja
data
La
cuestionada deuda era por contratos que la CNAS habría
celebrado entre 1977 y 1982 con reaseguradoras extranjeras.
La FIA advirtió que hasta el momento nadie demostró siquiera
que hubieran existido esos contratos. Según la denuncia, no
se presentaron copias de los documentos y, por ende, no se
sabe a qué se obligó la CNAS; no hay datos sobre montos y no
se sabe si quienes reclaman están legitimados para hacerlo,
ni si las deudas son exigibles o si prescribieron.
Antes de cobrar, representantes de las reaseguradoras habían
entablado un proceso judicial. Presentaron una sentencia de
un juez inglés que ordenaba el pago de algo más de dos
millones de dólares, pero el Estado nacional se opuso y en
2003 un juez argentino "dictó sentencia desconociendo fuerza
ejecutoria" de la resolución extranjera. Esa decisión fue
confirmada por la Cámara en lo Civil y Comercial Federal.
Lo
llamativo es que se pagó sin intentar una negociación,
denunció la FIA. "Conforme al estado de avance de esta
investigación preliminar -afirmó Garrido- corresponde
inferir con un grado de sospecha suficiente una connivencia
entre funcionarios públicos y terceros destinada a cobrar
ilegítimamente una suma de dinero en efectivo para luego
desplegar una compleja trama de ?atomización´ de las sumas".
La
denuncia recuerda que, cuando se presentaron a cobrar, los
demandantes reclamaron sólo $11 millones, "cifra por demás
interesante puesto que partiendo de esta base de cálculo,
realizada por el principal interesado, tampoco se llega a la
cifra pagada".
En
diálogo con LA NACION, Siseles
negó cualquier relación con el caso: "Yo siempre dije que no
se pagara y durante mi gestión no se pagó ninguno de esos
reclamos. Teníamos orden expresa del ministro Roberto
Lavagna. Si después se pagó, no lo sé. Yo me fui en junio de
2006". Después, Siseles fue contratado por el Instituto de
la Vivienda de la ciudad, ya durante la gestión de Mauricio
Macri. Allí se desempeñó hasta agosto de 2008.
Cuando Siseles se fue del ministerio lo reemplazó Alejandra
Taddei. Ella dio intervención a técnicos que observaron la
suma que se pretendía pagar. Interlisano envió el expediente
al Instituto Nacional de Reaseguros
(Inder), a su cargo. Según la denuncia, el trámite
estuvo parado ahí ocho meses, el tiempo para que la nueva
ley de presupuesto incluyera una reforma que iba a permitir
que el pago se aprobara directo desde el Inder.
El
5 de diciembre 2007, cuando Economía descubrió las
irregularidades, hacía ya un mes y diez días que se había
ordenado el pago de los casi 54 millones. No pudieron ser
recuperados.
La
clave
La
deuda:
se
originó en contratos celebrados entre 1977 y 1982 por la
entonces estatal Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Un fallo
de la justicia inglesa condenaba a la Argentina a pagar más
de 2 millones de dólares, pero la justicia argentina
desconoció la validez de esa sentencia.
La
negociación:
los
interesados en cobrar reclamaron sólo 11 millones de pesos,
pero hicieron un reclamo administrativo ante las autoridades
del Ministerio de Economía. El expediente fue objetado hasta
que terminó en el Instituto Nacional de Reaseguros, que
autorizó el cobro.
Acusados:
dos
imputados están procesados por el intento de pago de una
suma de 600 millones de pesos en forma indebida al ex grupo
Greco. Hay un tercer sospechoso funcionario de carrera del
Ministerio de Economía. Nota
periodística de Paz Rodríguez Niell, para La Nación.
NOTA RELACIONADA
El
fiscal Garrido denuncia un pago irregular de $54 millones
durante la gestión de Néstor Kirchner.
El
principal beneficiario habría sido un hotelero croata. Cómo
se aprobó el desembolso.
El
fiscal Garrido denunció al Gobierno | Foto:
Cedoc
Un
nuevo caso de corrupción salpica al Gobierno. Esta vez el
escándalo golpea de lleno las oficinas del Ministerio de
Economía.
El
fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido,
denunció un pago irregular por $54 millones que realizó ese
Ministerio poco antes de que Néstor Kirchner le cediera el
poder a Cristina Fernández. La denuncia se realizó ante el
juzgado de María Servini de Cubría.
En su presentación, Garrido sostuvo que los fondos fueron
repartidos entre sociedades en operaciones complicadas que
estarían dentro de maniobras de lavado de dinero. El hombre
que aprobó el pago fue Juan Cayetano Intelisano, contador
que trabaja en el Ministerio hace más de 30 años.
Al
momento de aprobar el pago, Intelisano era subsecretario de
Legal y Administrativa de la cartera. En su declaración
jurada que presentó en la Oficina Anticorrupción en 2007
figura como uno de
los funcionarios más ricos del gabinete nacional,
detrás del matrimonio Kirchner y
Enrique "Pepe" Albistur.
A pesar de que el entonces Jefe de Gabinete Alberto
Fernández había recomendado separarlo del cargo apenas se
descubrió la maniobra, Intelisano sigue aún hoy como
empleado en Economía.
El empleado del Ministerio no es el único acusado. También
fueron denunciados dos ex funcionarios que además
estaban involucrados en el caso Greco. Allí la
maniobra fue similar: el Estado pagó al grupo Greco una
deuda de 598 millones de pesos, después de 27 años de
producida la quiebra de la empresa mendocina. Los
denunciados son Osvaldo Siseles, ex subsecretario legal de
Economía y Yolanda Eggink, ex directora de Asuntos
Jurídicos, hoy en el Ministerio de Planificación.
Paguen al croata. El principal beneficiado con la maniobra
de lavado sería el croata Iván Holjevac, de 66 años. El
arquitecto es dueño del Hotel Las Cumbres de Punta del Este
y sería también accionista del Hotel Conrad de esa ciudad.
Según información de Crítica de la Argentina, el pago
de $54 millones habría terminado, tras pasar por otras
cuentas, en su poder.
Garrido pidió medidas de prueba para que declaren como
testigos Eduardo Prima, ex secretario del Ministerio durante
la gestión de
Miguel Peirano, Javier Pereyra (secretario
en la gestión de
Martín Lousteau) y la subsecretaria legal de la
cartera, Alejandra Tadei. También pidió el embargo de la
participación accionaria de Holjevac en los hoteles que es
accionista. Por último solicitó que el Ministerio muestre
los avances que tuvo desde marzo de 2008 la acción para
recuperar el dinero del pago indebido, según informó La
Nación.
Cómo empezó todo. La investigación comenzó en un sumario que
abrió el propio Ministerio, que por aquel entonces conducía
Peirano. Si bien el Gobierno no presentó una denuncia penal
ni bien descubierto el caso, el propio Fernández siguió de
cerca su evolución a través del abogado y amigo Fabián Musso.
Agrupadas bajo la denominación
Accolade Pool, las siete empresas demandantes acusaban que
la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (CNAS) tenía contratos
incumplidos de reaseguro, celebrados en el exterior entre
1977 y 1982. En base a esto le reclamaron durante años al
Estado el pago de esa deuda, de dudosa legitimidad. La
cabeza visible del pool fue, desde el comienzo, Iván
Holjevac.
