20 de Enero de 2009

“Si dejaran de afanar todos por dos años, salimos de la crisis”

Luis Barrionuevo. Secretario general del gremio gastronómico.

Este es un país único. Cualquiera que retrocediera en el tiempo hasta la época de la quema del ataúd en el obelisco, por parte de Herminio Iglesias, y la inmediata primera derrota peronista en elecciones libres, jamás imaginaría que ese hombre, hoy ya fallecido, en vez de ser sepultado políticamente por la historia y por la población, terminaría unos años después como diputado de la Nación.

Es que los integrantes de la dirigencia sindical peronista son especialistas en lubricar los esquemas de la conservación del poder. En general, se eternizan en sus posiciones dentro de los poderes políticos y económicos, sin importar demasiado las barbaridades que hagan o digan, como es el caso de la frase de Barrionuevo puesta como apostilla arriba, o la mencionada quema del cajón por parte de Iglesias, o como las acciones extorsivas del actual secretario general de la CGT, Hugo Moyano –una imitación calcada de las modalidades de presión de las mafias calabresa y napolitana.

Recientemente, la Corte Suprema de la Nación dictó un fallo que declaró inconstitucional el artículo 41, inciso (a) de la ley 23551, lo que determinó que ya no es un requisito estar agremiado para asumir una delegación y sostiene que la personería gremial en modo alguno puede significar que la ley le reconozca privilegios. Esta sentencia puede significar el inicio de un proceso de cambios que lesione profundamente el poder del sindicalismo peronista.

Se alzaron muchas voces en contra. Una de ellas, la del abogado de Moyano y diputado nacional peronista, Héctor Recalde, dijo que discrepaba con el concepto liberal de la Corte y consideró que si hubiera libertad de afiliación, y más de un sindicato por gremio, se lesionaría seriamente la concentración del poder sindical y se debilitaría la posibilidad de defender a los trabajadores.

Se trata del argumento más generalizado a favor de la actual ley sindical. Se basa en que si hubiera libertad gremial, habría dispersión política. Esta dispersión, a su vez, eliminaría la concentración del poder, debilitando la capacidad de negociación y la realización de huelgas, manifestaciones u otras presiones habituales para lograr los objetivos propuestos.

Efectivamente, un sindicalismo democrático y multisectorial tendría mayores dificultades para lograr una concentración económica y una capacidad de acción negociadora como la que actualmente dispone gracias a su monopolio.

Sabemos que las estructuras democráticas dificultan la concentración del poder y, sin éste, muchos objetivos serán necesariamente pospuestos, negociados o archivados porque se deberán contemplar los intereses de las minorías. Pero si diéramos validez al argumento de la ventaja que deriva de la concentración del poder, avalaríamos a los regímenes totalitarios o a las acciones filo-dictatoriales, ya que, no hay duda alguna, tienen una mayor eficacia en el logro de sus objetivos.

Un gobierno autoritario tiene la capacidad de presionar sin dificultades a todo aquel sector que se le oponga o no esté de acuerdo con sus objetivos, puede combatir mejor al narcotráfico, la delincuencia, la drogadicción, el alcoholismo, el juego, la evasión impositiva, etcétera. Por ejemplo, en la mayoría de los países árabes, la ingesta de alcohol está prohibida y el robo está penado con la mutilación de la mano, que marca de por vida al ladrón. Por supuesto, en Arabia Saudita usted puede dejar su auto abierto y con la llave puesta toda una semana sin que nadie se lo vaya a robar.

Defender un régimen gremial monopólico con dirigentes vitalicios, argumentando que si éste fuera ampliamente democrático no podría defender correctamente los derechos de los trabajadores, es un pensamiento autoritario que avala el concepto de que los fines justifican los medios, y es un ataque directo a las estructuras democráticas y republicanas. Implícitamente también es un insulto hacia todas las organizaciones gremiales multisectoriales y democráticas que existen en otras naciones porque, según el discurso sindical peronista, se infiere que esas organizaciones no pueden defender correctamente los intereses de sus trabajadores.

Mientras en la cultura argentina prevalezca una pobre valoración de la democracia y de los principios republicanos, se mantendrá el nivel de agresión que, a través de los años, los distintos sectores de la población, principalmente el empresariado y el sindicalismo, han ejercido sobre el capital, tanto el financiero como el social.

En la reiteración de culpabilizar a los gobernantes de sus frustraciones el pueblo olvida que sus representantes no pueden ser muy diferentes a lo que ellos son. Por esta razón, los gremios peronistas –que detentan el monopolio sindical y comparten el poder político y económico- no son inocentes si sus creencias los llevan a una constante confrontación política y al accionar de conductas autodestructivas.

Reitero un concepto: cuando una nación fracasa en lograr el destino deseado, el principal responsable es el que habita su suelo, porque una nación es su gente. En definitiva, cada país del mundo termina teniendo el destino que determine su población según su estrategia, inteligencia, cultura, sabiduría, sacrificio, coraje y capacidad en concienciar los errores cometidos en el pasado para no volverlos a cometer. Enrico Udenio, Autor de “Corazón de derecha, discurso de izquierda”, Ugerman Ed., 2004; y “La hipocresía argentina”, Ed. DeLaRed, 2008.