26 de Enero de 2009

Cárceles degradantes

Es inviable la recuperación de los delincuentes si purgan sus condenas en cárceles del todo inhumanas

Datos difundidos por el Comité contra la Violencia Carcelaria de la Provincia de Buenos Aires explican, en cierta forma, el porqué de la reincidencia delictiva, tan frecuente en nuestro país. La mayor parte de las cárceles argentinas no responde a la positiva intención de impulsar y promover la recuperación de los reclusos, sino que está constituida por antros abarrotados de una población carcelaria que allí no hace otra cosa que padecer la tiranía de los presos veteranos, acumular rencor contra la sociedad, asimilar nuevas técnicas delictivas y hasta correr riesgos mortales.

En su artículo 18, nuestra Constitución expresa que "las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas". No obstante, la cruda realidad es muy diferente: entre enero y octubre últimos, sólo en las cárceles bajo jurisdicción bonaerense hubo 86 muertes, de las cuales 34 fueron traumáticas, 27 ocurridas en grescas o asesinatos lisos y llanos, 7 por suicidio, y 52 por enfermedades no tratadas.

Muchas de las cárceles argentinas presentan infraestructuras obsoletas, carentes de mínimas comodidades, en las cuales se apiña una población numerosa, que excede largamente la capacidad de albergue de esos inmuebles. La promiscua convivencia convierte a las prisiones en escuelas de aprendizaje del delito y da origen a verdaderas mafias entre los internos, con consumos clandestinos de alcohol y drogas, introducidas en los recintos carcelarios por familiares de los internos o por guardianes corruptos. No deberían extrañar, pues, los suicidios, las constancias concretas de grescas y asesinatos, las denuncias de maltratos, las revueltas frecuentes y las comprobaciones de clandestinas salidas de los internos, llevadas a cabo para que vuelvan a delinquir en beneficio de quienes hacen la vista gorda ante esas irregularidades o, peor, las promueven en provecho propio.

Entretanto, las autoridades nacionales y provinciales, que no desconocen la situación, sólo han atinado a formular promesas, proyectos inconclusos y soluciones parciales que poco han contribuido a reparar este desatino. Abundan las promesas y los proyectos bienintencionados, pero escasean los hechos concretos y, en especial, sigue ausente la decisión firme de encarar la cuestión carcelaria mediante una política de Estado que la aborde en todos sus complejos aspectos. Probablemente si se procediese de esta última manera, se progresaría muchísimo en la lucha contra la inseguridad.

Mientras las intervenciones de las ONG continúen arrojando conclusiones tan penosas como las aquí comentadas, las cárceles argentinas no dejarán de alimentar y engrosar las estadísticas delictivas. Es menester revertir esa degradación no sólo porque así lo imponen el expreso mandato constitucional y el sentido común, sino, además, por razones de estricta humanidad. Quienes han delinquido deben pagar la deuda que han contraído con la sociedad, mas ello no implica que internándolos en tan inhumanos confinamientos se les esté negando, como se les niega, la legítima posibilidad de rehabilitarse y volver a ser pares de sus semejantes. Editorial de La Nación del día de la fecha.