10 de Febrero de 2009

La actividad del ex presidente por sobre el Poder Ejecutivo erosiona la calidad institucional y preocupa a la ciudadanía

SI algo importa garantizar a los argentinos, a 25 años de la recuperación de la democracia, es que las elecciones de octubre próximo tengan la transparencia suficiente como para alejar toda sospecha de fraude.

Por eso, la información de los últimos días que revela los movimientos del presidente de un partido político, comprometiendo desde la residencia presidencial de Olivos fondos públicos para influir en el resultado de los comicios en el conurbano bonaerense, no puede dejar de preocupar a la ciudadanía independiente.

Tanto las noticias que se han difundido como las confirmaciones que han dado varios de los intendentes que han participado de las referidas reuniones no permiten albergar dudas respecto de la actividad partidaria realizada por el cónyuge presidencial en Olivos, con asistencia de ministros del Poder Ejecutivo y alrededor de 40 jefes comunales cercanos al gobierno nacional. Tampoco parecieran existir dudas en cuanto al monto de 5000 millones de pesos que Néstor Kirchner alardea de disponer para respaldar, mediante obra pública, a los caciques comunales adictos al Gobierno que tengan peso electoral decisorio. Esto podría querer decir que para otros intendentes, también afines al Gobierno pero alejados del conurbano o con municipios de pocos electores, no habrá ayuda económica. El esfuerzo político-financiero del partido gobernante estaría puesto entonces sólo en aquellos municipios superpoblados que, por esa condición, puedan llegar a pesar en las próximas elecciones.

El tema es de una gravedad institucional que no puede ser disimulada. En primer lugar, Néstor Kirchner no tiene atribución legal alguna para convocar a los ministros en la propia residencia presidencial y hacerlos participar de reuniones netamente partidarias en las que se debate sobre el destino de fondos públicos. Tal actitud no es demasiado lejana de la de la usurpación de títulos y honores que tipifica el Código Penal. En segundo término, no queda claro cuál es la procedencia de los fondos, es decir, si son partidas presupuestarias de aquellas que el jefe de Gabinete puede modificar a voluntad en virtud de los superpoderes aún vigentes, o si provienen de la Anses, que se muestra generosa a la hora de repartir los ahorros de los afiliados a las AFJP. En este sentido, resulta sugestivamente coincidente el anuncio de la Anses de hace pocos días, según el cual, su subdirección de Inversiones destinará en el presente año 5000 millones de pesos para invertir en obra pública. Esa es exactamente la misma cifra con la que Néstor Kirchner despierta la ilusión o el apetito de los jefes comunales.

Tampoco puede disimularse la erosión institucional que significa el hecho de que el líder de un partido disponga por sobre la jefa del Poder Ejecutivo el uso de partidas públicas y la citación a ministros que, se supone, han sido designados para ocuparse de la administración del país en sus diversas áreas y no para asegurarle a un partido el triunfo eleccionario. Lo mismo puede decirse del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que aparece como un convidado de piedra frente a los manejos que, en su territorio y con los intendentes de su propia jurisdicción, realiza el cónyuge presidencial.

Todo este manejo doméstico y opaco no sólo deforma gravemente las instituciones y altera su normal funcionamiento, sino que muestra a las claras que, entre las exigencias de la República y los atajos del clientelismo populista, el Gobierno ya ha hecho su elección. Pero los argentinos sabemos -y la experiencia internacional lo avala- que cuanto más se expande el clientelismo, más sufre la democracia republicana. Reproducción textual del editorial del diario La Nación de la fecha.