21 de Abril de 2009

Sospechas de corrupción

Entre ellos hay acusados de secuestrar, fraguar procedimientos y encubrir a delincuentes

Cada año, la Policía Federal suma centenares de efectivos, no pocas veces, reemplazan a cesanteados Foto: Archivo

Debajo del debate sobre la inseguridad y las medidas necesarias para poder combatirla con eficacia subyace la histórica sospecha de que no pocos policías, en lugar de trabajar contra el delito, se nutren de él en beneficio propio.

En lo que va del año, según cifras oficiales, la Policía Federal abrió 120 sumarios contra oficiales y suboficiales de la fuerza, tanto por cuestiones disciplinarias como, lisa y llanamente, por sospechas de corrupción o de participación criminal.

Entre ellos está el caso de tres policías (dos de la comisaría 44a. y uno de la 35a.) acusados de integrar, junto con barrabravas de Vélez Sarsfield, una banda dedicada a los secuestros extorsivos. De años anteriores hay abiertos más sumarios por sospechas de toda índole, como ser enriquecimiento ilícito, encubrimiento de robo, venta de drogas o prostitución, y hasta la propia comisión de esos delitos violentos.

En la fuerza, que cuenta con casi 40.000 efectivos, los sumarios pueden concluir con la exoneración o el paso a retiro, en los casos en que se comprueben las irregularidades, o con absoluciones. Nunca dejan de ser una marca en los legajos.

Muchas veces, los procedimientos administrativos dentro de la policía se prolongan incluso más allá de las resoluciones de la Justicia y hasta se resuelven con independencia de criterio: una absolución en la justicia penal no garantiza idéntica resolución del sumario administrativo. Ante tal panorama, y aunque legalmente nada les impediría recuperar sus cargos, muchos eligen la vía rápida y buscan trabajo en la actividad privada, si es que ya no lo tenían (algo que no está permitido).

Uno por día

Según la estadística obtenida por LA NACION, entre el 1° de enero y el 13 de este mes el Departamento de Investigaciones de la Policía Federal inició 120 sumarios. En promedio, más de un uniformado por día es investigado por la propia fuerza por presuntas causas, sean irregularidades administrativas o acusaciones sobre su participación en delitos graves.

Aunque el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos no informó cuántos policías fueron sumariados en 2008, LA NACION pudo saber que hasta agosto se habían iniciado 242 investigaciones.

Como se dijo, el último caso resonante ocurrió el 10 de marzo, cuando dos policías de la comisaría 44a. fueron detenidos acusados de integrar una banda de secuestradores junto con "barras" de Vélez. Por ese caso, el subinspector Enrique Zabala lleva casi 40 días prófugo, mientras que el suboficial Héctor Miño fue procesado con prisión preventiva por el juez Marcelo Martínez De Giorgi.

También hay brigadas policiales que tienen causas judiciales en su contra por su presunta responsabilidad en el armado de operativos "truchos" o por "liberar zonas" para permitir la comisión de hechos ilícitos.

"Si la Policía Federal hace la vista gorda para permitir la venta ilegal callejera, no tengo dudas de que también, en algunos casos, deja que se cometan otros delitos, como las salideras bancarias", afirmó a LA NACION un fiscal de instrucción porteño, que pidió que su nombre fuera mantenido en reserva.

En la actualidad, según fuentes judiciales, se investiga a los ex jefes de la seccional 42a., el comisario Héctor Hugo Lucca, y el subcomisario Fabián Güidali, acusados de haber dado protección a una red de prostíbulos en Mataderos. El juez federal Norberto Oyarbide los había indagado, pero ahora la causa pasó al fuero ordinario.

"El comisario Lucca está en funciones, pero no está designado en ninguna comisaría hasta que la Justicia defina su situación. Además de la causa judicial, Asuntos Internos, que funciona con mucha rigurosidad, tiene un expediente abierto por su caso", dijo a LA NACION un vocero de la Policía Federal.

Acusaciones y absoluciones

Hace unos años, un funcionario nacional le pidió a un recién designado jefe en la Federal "rigurosidad y control" sobre los uniformados para evitar delitos y corrupción. Le respondió: "Vamos a ir a fondo, pero sepa que su intención es meterse con la caja negra, que existe".

En tal diálogo, confirmado a LA NACION por tres fuentes que pidieron reserva de su identidad, el jefe policial se refería a negocios oscuros, tales como la protección de prostíbulos y desarmaderos y la venta callejera ilegal.

Durante la gestión del ex fiscal Norberto Quantín como secretario de Seguridad Interior del ex presidente Néstor Kirchner fue echado el comisario general Roberto Giacomino, jefe de la Federal, por irregularidades en contratos millonarios, por lo cual está hoy procesado. También entonces echaron a otros oficiales jefes por haber cobrado viáticos por "custodiar" a Quantín en viajes que nunca se hicieron.

"Es indispensable para mejorar la fuerza, que Asuntos Internos esté en manos de civiles con intachables carreras. Si no, nunca habrá un cambio para mejor", dijo Quantín.

Hace nueve años, se creó la Comisión Investigadora de Procedimientos Policiales Fraguados, que, según fuentes judiciales, develó la existencia de más de 100 casos de analfabetos, mendigos, inmigrantes ilegales, desocupados y personas con retrasos mentales que habían sido detenidos injustamente y sin pruebas. Algunas de esas causas llegaron a juicio, en los que los policías acusados fueron absueltos.

El abogado Marcelo Rocchetti defendió a una brigada de la Federal que fue a juicio por tres de esos casos. "Fueron absueltos, y estoy seguro de que otros de mis defendidos que pronto irán a juicio por lo mismo también serán absueltos", dijo.

Rocchetti defiende a Giacomino y a otros jefes investigados por malversación de fondos y enriquecimiento ilícito. Sin nombrarlo, culpó a Quantín. "La mayoría de las causas contra mis defendidos, estoy convencido, se iniciaron por cuestiones ideológicas. Pero lo más grave es que fueron hechas por obsecuentes que se apoderaron de una ideología ajena y que efectuaron las denuncias [contra los policías] para quedar bien con el poder de turno", dijo Rocchetti. Gabriel Di Nicola, para LA NACION.