12 de Mayo de 2009

Escandaloso uso de fondos estatales 

Sin la menor vergüenza, el Gobierno vuelca cuantiosos recursos públicos para impulsar la campaña de Néstor Kirchner 

El escandaloso uso irregular de fondos públicos para campañas electorales del oficialismo, por desgracia, no es una novedad entre nosotros. Lo que sí resulta inédito es la magnitud con que esos recursos estatales se han volcado ahora de manera masiva para montar y alimentar la campaña de alguien que, como Néstor Kirchner, no forma parte del Gobierno ni ha formalizado aún su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, pese a estar en marcha su campaña disfrazada de no campaña.  

Una investigación realizada por LA NACION reveló que el financiamiento público de su carrera proselitista es constante y que la Casa Rosada se encarga, desembozadamente, del alquiler del helicóptero en el que Kirchner se desplaza para asistir a los actos políticos, de la filmación y televisación en vivo de esos encuentros mediante la burda utilización del Canal 7, de la transcripción y distribución de sus discursos y del aporte del personal del Estado necesario para que la organización de esos actos funcione como reloj.  

Posiblemente se trate de un vicio familiar y de una devolución de favores, porque su esposa Cristina hizo lo mismo cuando él era presidente y ella, como primera dama, viajó por el mundo para una gira de "instalación internacional" poco antes de las elecciones de 2007, que la llevaron a la Presidencia.  

Aquella gira motivó una investigación judicial por el uso de bienes públicos para la campaña, pero terminó archivada por inexistencia de delito. Y aunque la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas pidió que la Oficina Anticorrupción (OA) reglamentara la utilización de recursos del Estado por las esposas o esposos de los presidentes, la OA todavía no resolvió su pedido, mientras analiza otro del fiscal federal Federico Delgado para reglar el uso de aviones de la Presidencia.  

En otra violación a las normas, la no-campaña del ex presidente comenzó antes de los 60 días previos a los comicios que fija la ley como plazo para el inicio de la actividad proselitista, aunque lo mismo ha hecho Francisco de Narváez.  

Aunque la legislación es ambigua, los representantes de tres organizaciones no gubernamentales que estudian temas de financiamiento político coincidieron en que el uso de recursos estatales por parte de Kirchner representa una irregularidad que podría constituir un delito, además de tornar la campaña una competencia desigual.  

Volcar fondos públicos en la campaña es malversarlos, sostiene acertadamente Luis Villanueva, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Para Alejandro Paz, ex integrante de la Cámara Nacional Electoral, la irregularidad atenta "contra la ética republicana y contra la letra de la ley". Por su parte, Eugenia Braguinsky, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), cuestionó la posibilidad de que Kirchner use vehículos oficiales y de custodia, y consideró "injustificable" que el Estado se hiciera cargo de la televisación de los actos de campaña y de la transcripción de los discursos.  

Porque, en efecto, los mensajes que Kirchner pronunció en Pilar, Mar de Ajó, Berazategui, San Nicolás y Malvinas Argentinas se transmitieron en vivo por medio de Prensa Satelital, una empresa de los mismos dueños de La Corte, la firma que accedió a más de seis millones de pesos de la Casa Rosada mediante contrataciones directas para transmitir sus actos, a lo largo de tres años, antes de que la agencia oficial Télam llamara a una licitación pública que también ganó esa empresa. Sólo en 2006, Prensa Satelital cobró más de 2,5 millones de pesos del Ejecutivo.  

La cantidad de hechos y de escándalos -sin olvidar el de la Anses- que en forma continua muestran que, para los Kirchner, el Estado es una prolongación de su sociedad matrimonial y política, no debe anestesiar a la sociedad y aún menos a la Justicia, hasta hacerlas caer en la indiferencia. Los fondos desviados para sostener la campaña del ex presidente provienen, precisamente, de la sociedad. A ella le pertenecen y a ella le han sido escandalosamente sustraídos. Reproducción textual del editorial del diario La Nación.