10 de Junio de 2009

La peligrosa politización de la Justicia 

Francisco de Narváez no le permitirá hoy al juez Federico Faggionato Márquez obtener la foto del candidato entrando en los tribunales. Su condición de actual diputado le permitirá esquivar la citación judicial. El único camino que le quedará al juez será, entonces, pedirle a la Cámara de Diputados el desafuero de De Narváez.

Es más que previsible el escándalo institucional que sucedería en ese caso, en las vísperas mismas de elecciones en las que se medirán personalmente Néstor Kirchner y De Narváez. La política ha ingresado, así, en su propia judicialización o, lo que es aún peor, la Justicia se está politizando peligrosamente.

Alberto Fernández, el ex jefe de Gabinete, dio quizá la definición más acertada de este conflicto: "El mayor problema, en este caso, es que el juez está más sospechado que la persona juzgada". 

Faggionato acumula tres docenas de pedidos de juicio político en su contra en un Consejo de la Magistratura que el kirchnerismo maneja a su antojo. De Narváez denunció públicamente que la diputada Diana Conti, que hace las veces de verdugo y de benefactor de jueces en el Consejo, se reunió secretamente con Faggionato Márquez. Conti desmintió al periodista que consignó la denuncia de De Narváez, pero no a De Narváez. 

Cualquier ciudadano, incluido De Narváez, debe responder por sus actos ante la Justicia. Pero son notables la animosidad del juez y la desigualdad de trato. Las supuestas llamadas entre el celular de la empresa de De Narváez y el "rey de la efedrina", Mario Segovia, se registraron en 2006. La investigación judicial dejó pasar tres años sin hacer nada, pero salió corriendo para citar al diputado como imputado (lo que lo colocaría en la antesala del procesamiento) apenas 20 días antes de elecciones en las que De Narváez podría derrotar a Kirchner, el hombre fuerte del país.

¿Por qué De Narváez es más importante para la investigación que el propio Gobierno? Está más probado el aporte de dinero que uno de los asesinados por la guerra entre bandas de la efedrina, Sebastián Forza, hizo a la campaña de Cristina Kirchner que cualquier otra cosa. Sin embargo, no se conoce ninguna actuación, indagación o requerimiento judicial para esclarecer los lazos posibles entre una rama de los traficantes y un sector del kirchnerismo.

La situación más probable es que ni el gobierno ni De Narváez tengan nada que ver con la efedrina. Por eso, precisamente, la decisión de llevar la campaña al actual nivel, en el subsuelo mismo de la degradación, es forzar otra vez los límites institucionales y, sobre todo, los de la paciencia social. ¿Cuántos pasos faltan hasta que estalle de nuevo el arbitrario "que se vayan todos"?

Ahora se entiende por qué el ánimo renovador del kirchnerismo en la Justicia se agotó bruscamente cuando cambió la Corte Suprema. Nadie discute que el actual máximo tribunal de Justicia tiene condiciones intelectuales y morales mucho mejores que la vieja Corte. Dicen que Néstor Kirchner está arrepentido de haberle dejado a su esposa la designación de esos jueces, que resultaron demasiado independientes para su gusto.

El gobierno nunca hizo nada más. Cuestionados jueces del fuero federal y del penal económico, algunos acusados de enriquecimiento ilícito, siguen dictando justicia en los tribunales. Esos jueces son mejores, para el Gobierno, que los jueces supuestamente amigos. Estos podrían ser amigos rectos e independientes. Los malos jueces no tienen, en cambio, derecho a decir que no. Una guillotina rápida y eficiente los aguarda siempre a la vuelta de la esquina.

El caso De Narváez no es el primero. En algún momento, Elisa Carrió puso contra las cuerdas al poderoso ministro de Planificación, Julio De Vido, por sus manejos poco claros de los dineros públicos. En lugar de refutar y aclarar, el ministro demandó a la dirigente política ante la Justicia y pidió su inmediato encarcelamiento. Ese juicio todavía está en marcha. Es extraño, con tales antecedentes, que Carrió haya sido tan poco generosa en sus declaraciones públicas sobre el actual uso de la Justicia. En una elección se pierde o se gana, pero la crisis se tornaría irreparable si la Justicia cayera fulminada por fugaces triunfos o derrotas políticas.

También se anuncian ahora otros apuros de la Justicia contra Felipe Solá y Claudia Rucci. La de Solá es una causa terminada en sus tiempos de gobernador bonaerense. Lo que aqueja a Claudia Rucci es una perversión de la lógica y la negación de cualquier sensibilidad, política o moral. Se acusa a su familia de haber cobrado indebidamente una indemnización por el asesinato de su padre, José Ignacio Rucci, por obra de una ley que beneficia a la familia de los muertos en los años 70. La interpretación es que sólo beneficia a los secuestrados y muertos por las fuerzas estatales y a Rucci lo habrían matado los Montoneros, pero la Justicia aún no lo ha probado.

La desesperación de Kirchner lo está empujando a cometer errores políticos. Encuestadores fiables aseguran que la persecución está beneficiando a De Narváez en estas afiebradas horas de conquista de votos. De Narváez no debería actuar la victimización si quiere conservar ese favor popular. Kirchner embiste contra su principal contrincante porque sabe que Luis Patti está a punto de renunciar a su candidatura. Sus votos, encerrados en el reclamo social de seguridad, podrían ir a De Narváez. El otro Narváez, sin partido y sin ganas, podría ser derribado en los próximos días por la Cámara Nacional Electoral.

Kirchner echa mano de lo que tiene y no tiene. El propio ex presidente lo impulsó a De Narváez a los tribunales en sus habituales exhortaciones orales. Intranquilidad. Impaciencia. ¿Se necesita de encuestas para explicar su segura sensación de debilidad? Reproducción textual de la columna del periodista Joaquín Morales Sola, en el diario la Nación.
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Nota relacionada:
 

Arbitraria designación de jueces 

La selección de futuros magistrados que realizó la Presidenta no respeta el orden de mérito 

Cuando faltan pocas semanas para unas elecciones legislativas en las que el Gobierno corre el peligro de perder la mayoría en el Congreso y, con ella, la facultad de lograr imponer, entre otras cosas, sus candidatos a jueces, la presidenta Cristina Kirchner sorprendió al enviar a la Comisión de Acuerdos del Senado los pliegos para cubrir sesenta vacantes que corresponden a jueces, fiscales y defensores públicos de distintos fueros de todo el país. 

Sorprende a los observadores que, mientras el kirchnerismo ha sido especialmente lento, por no decir moroso, en la designación de jueces, a tan poco tiempo de un acto electoral se produzca el mayor envío de pliegos para magistrados efectuado por la presidenta Cristina Kirchner.

Pero lo grave es que en este paquete la Presidenta ha alterado el orden de mérito de futuros magistrados, cuya selección realiza el Consejo de la Magistratura, órgano que cuenta con mayoría kirchnerista.

También reviste gravedad que entre los seleccionados haya jueces que se encuentran denunciados ante el Consejo de la Magistratura. Marcela Rodríguez, diputada de la Coalición Cívica que ha integrado ese Consejo, afirmó, en tal sentido, que muchos de los magistrados elegidos por la Presidenta "son postulantes que serían muy difíciles de sostener públicamente con una composición diferente de las dos cámaras" del Congreso.

En cambio, un caso especialmente llamativo es el del juez civil Daniel Guillermo Alioto, actual titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil de la Capital Nº 80, quien tras enterarse del envío de los pliegos al Senado efectuó un planteo judicial de inconstitucionalidad.

Alioto consideró que tanto el Poder Ejecutivo como el Senado deben abstenerse de tratar las designaciones para las seis vacantes en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, que él aspira integrar, porque se lo ha "excluido con arbitrariedad manifiesta y con violación de las normas aplicables al caso", pues en el concurso ante el Consejo de la Magistratura obtuvo el segundo lugar entre los concursantes.

Sin embargo, Alioto no fue incluido por la Presidenta, quien en su puesto ubicó a una jueza que ocupaba el séptimo sitio en el orden de mérito del Consejo de la Magistratura. Si bien el Poder Ejecutivo elige los candidatos en forma discrecional a partir de las ternas elaboradas por el Consejo, lo que de ninguna manera puede hacer es ignorar el criterio de idoneidad de los candidatos y efectuar elecciones arbitrarias.

Otro ejemplo. Para poner al frente del Juzgado Nº 2 del fuero Contencioso Administrativo Federal la Presidenta eligió a Esteban Furnari, quien había quedado cuarto en orden de mérito en el concurso respectivo. Hoy, este juez ya ocupa ese puesto como suplente, y como tal falló en favor del Gobierno para la intervención de Aerolíneas Argentinas.

Esta designación arbitraria tiene lugar en uno de los fueros menos conocidos pero más importantes, en el cual se deciden asuntos de trascendencia. Por esto mismo, la elección de sus integrantes requiere la mayor de las transparencias.

Para el Tribunal Oral Federal en lo Criminal N° 1 de la Capital, la Presidenta eligió al secretario letrado de la Corte, Adrián Federico Grümberg, y al fiscal Oscar Amirante, y excluyó a Diego García Berro, juez en lo penal tributario que integraba como suplente ese mismo tribunal oral desde hacía tres años y era el primero en la terna que el Consejo de la Magistratura había enviado al Poder Ejecutivo.

También habría habido arbitrariedades notorias con candidatos de la Presidenta para la Cámara Comercial, donde uno de los que ella eligió se encuentra denunciado en el Consejo de la Magistratura por la Inspección General de Justicia porque con pocos días de diferencia firmó dos fallos radicalmente opuestos en un mismo caso.

Por lo pronto, el Consejo de la Magistratura debería obrar con la mayor de las transparencias en el proceso de la selección de los candidatos a jueces, sin anular, como ha ocurrido, los concursos en los que hayan salido malparados candidatos que han sido protegidos por el Gobierno.

En el caso que nos ocupa, cabe la posibilidad de que la Presidenta se haya apurado para aprovechar la mayoría parlamentaria que le garantice la designación de jueces y camaristas amigos que puedan resultar fieles al kirchnerismo en el futuro inmediato. Un futuro que, a juzgar por el presente, estará plagado de denuncias judiciales y causas en trámite por hechos de presunta corrupción.

Lo que quizá no haya tenido en cuenta es que, según indica la actitud adoptada por tantos jueces federales penales elegidos por el menemismo, las lealtades de muchos magistrados se mantienen firmes en relación proporcional con el poder político del gobierno que los eligió. Cuando ese poder comienza a menguar, o cesa, muchos de los jueces de este fuero suelen convertirse en celosos investigadores de los funcionarios a los que antes se cuidaban de investigar, o cuyas causas demoraban sin razones valederas. Editorial del diario La Nación del día de la fecha.