20 de Julio de 2009
A río
revuelto, ganancia de pescador
Las denuncias y comentarios generados por la publicidad de
la última declaración patrimonial de la presidenta de la
Nación evidencian la aguda crisis de las instituciones de
control.
La evolución del patrimonio, por más apreciable que parezca,
no es un delito si puede ser justificado sobre la base de
fuentes de incremento legítimas.
Los distintos criterios de valuación de bienes y la
complejidad de ciertas operaciones comerciales y financieras
hacen que la determinación precisa de la existencia de un
enriquecimiento indebido deba ser materia de opiniones
técnicas que cuenten con la mayor información posible, a las
que debe exigirse más precisión que la irrefrenable doxa que
se desata cada año con la publicidad de cifras que a primera
vista pueden sorprender.
Lamentablemente, la
credibilidad de la labor de control que despejaría sospechas
está destrozada por la propia acción de las personas que
ahora deben lidiar con una opinión pública inevitablemente
escéptica.
Al desmantelamiento y al silencio sobre este caso de la
Oficina Anticorrupción, órgano específico del Poder
Ejecutivo para controlar la evolución patrimonial, se suma
la inexistencia de la Comisión Nacional de Etica Pública,
que debió constituirse hace más de diez años.
Por otro lado, la AFIP resolvió a partir de 2006
obstaculizar la consulta de información impositiva por parte
de fiscales y órganos de control, lo que cercena la
posibilidad de investigar con eficacia casos de
enriquecimiento ilícito y de fraude tributario.
Pese al reclamo de los fiscales en lo penal tributario y de
la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, y para
beneplácito de funcionarios corruptos y grandes evasores
tributarios, el procurador general de la Nación se limitó a
unas tibias e infecundas gestiones ante el Poder Ejecutivo,
abjurando de su rol institucional como cabeza de un poder
del Estado.
Frente a este panorama, sólo los jueces pueden investigar
con toda la información disponible los casos de
enriquecimiento.
El año pasado, la Justicia se consideró satisfecha con el
mero informe del contador particular de quienes debieron
rendir explicaciones.
La actitud de la Presidenta, que no da explicaciones
públicas adecuadas y a quien su abogado no ha ahorrado la
indignidad de solicitar expresamente la neutralización de la
investigación que desarrollaba la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas, mantiene en pie las dudas
en vez de disiparlas.
La falta de constitución de las comisiones de Ética Pública
y de Supervisión del Ministerio Público, la reposición de
facultades indispensables para investigar delitos complejos,
la actuación de jueces y fiscales, la exigencia de
explicaciones en el ámbito parlamentario a funcionarios y a
responsables de órganos de control, la insatisfactoria labor
de peritos contadores oficiales, entre otros, son los temas
que deberían concentrar el esfuerzo de los legisladores más
que la realización de denuncias efímeras que parecen no
transformar nada y aportan a la confusión general.
Manuel Garrido, Director de los
programas de Justicia y Transparencia de Cippec.
