22 de Agosto de 2008

Una pena que el trámite de la ley de estatización de Aerolíneas Argentinas sea tan apresurado. La propuesta que envió Cristina Kirchner al Congreso demuestra, por la vía del absurdo, que el debate sobre la relación del Estado con las empresas privadas, sobre todo las prestadoras de servicios públicos, es cada vez más indispensable.

Basta con leer los fundamentos del texto que se discute en el Congreso. Una pieza que alcanzará la celebridad jurídico-literaria por lo excéntrica. Si no es que las confesiones de invierno que allí se vuelcan terminan complicando al secretario de Transportes en los tribunales. El mensaje de la Presidenta a las cámaras reconstruye la historia de Aerolíneas. Una vez agotada en siete fojas la canónica maldición sobre las privatizaciones, demuestra hasta el cansancio que el sector público es incapaz de hacer cumplir las normas a las empresas sometidas a su regulación. Moraleja que no cabía esperar de un proyecto de estatización.

El texto va de esa incongruencia a la autoincriminación. El Poder Ejecutivo afirma que, a partir de la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, el Estado -como agente de contralor y a la vez socio minoritario- rechazó los balances de la compañía por las irregularidades detectadas. Lo mismo sucedió, afirma, en 2004 y 2005. Es decir, durante tres años Marsans insistió en sus vicios sin que la gestión Kirchner pudiera evitarlo (siempre que en esos balances no aparezcan, como sospecha algún experto, sorprendentes fondos oficiales).

Al contrario, el gobierno actual admite que su antecesor -también con Jaime en Transportes-, "sin perjuicio de todas estas irregularidades", mantuvo las rutas a Aerolíneas y que "para garantizar la continuidad de la empresa y facilitar su acceso al crédito (atento a que en tres años vencían las rutas concesionadas) se le renovó la concesión para explotar servicios".

Como si lo anterior no se hubiera dicho, dos fojas más adelante, los fundamentos que remitió la Presidenta citan el Código Aeronáutico para recordar que no se pueden dar concesiones sin constatar previamente la capacidad técnica y económico-financiera del explotador.

A continuación, el proyecto de la señora de Kirchner consigna varios acuerdos con el grupo Marsans -en uno de ellos se amplió la participación del Estado- con la intención de corregir los incumplimientos. Ese propósito no se alcanzó, a pesar de lo cual el Gobierno confiesa haber desistido de las acciones judiciales que había iniciado por la incorrección de los estados contables de la empresa a lo largo de tres ejercicios.

También recuerda que en noviembre de 2007 el Estado intentó combatir los vicios ampliando su participación en la empresa al 20% del capital accionario. Pero reconoce que tampoco de ese modo alcanzó su objetivo.

Como si fuera una broma, el texto pasa a enumerar los innumerables controles que la autoridad aeronáutica debe ejercer sobre las compañías. Pasaron ya 5 años desde que Jaime está en el poder sin tomar esos recaudos.

Para finalizar con esta confesión autodestructiva, el Gobierno recuerda que está obligado por ley a verificar toda la estructura del negocio aerocomercial y, sobre todo, los estados contables de las empresas. Un poco antes había admitido que durante años a Aerolíneas no se le aprobaron los balances.

En síntesis: a lo largo de 25 fojas, el ministro de Planificación, Julio De Vido, con la candorosa escolta de Sergio Massa, demuestra, en extraño consenso con la oposición, su fracaso de un lustro en el control sobre una empresa que llegó, según ese mismo relato, a una situación tan calamitosa que debe ser estatizada.

Este es el fallido lógico más relevante de toda la argumentación: ¿por qué se propone al Estado como operador de Aerolíneas si ni siquiera pudo controlarla?

El proyecto ofrece otras curiosidades. Una atañe a Massa. El artículo 8 establece que todos los organismos del Estado están autorizados a transferir recursos a Aerolíneas para garantizar sus prestaciones y "los gastos derivados de la compra" (se supone que esos recursos deberían asignarse a la entidad adquirente, no a la adquirida).

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La enumeración de esos organismos es impensable, como aquella clasificación de los animales de la enciclopedia china imaginada por Borges. Massa y De Vido autorizan a derivar fondos y prestar asistencia financiera a esas compañías de aviación "a las jurisdicciones, entidades, fondos fiduciarios y empresas públicas del sector público nacional y al sistema financiero público y privado (sic)".

Esas transferencias, se establece, le serán "informadas" a la Jefatura de Gabinete para que, a su vez, las consigne en su memoria ante el Congreso.

La afirmación supone una reforma constitucional, ya que el jefe de Gabinete es el único habilitado para reasignar recursos. Es raro que Massa se resigne a que sólo le informen. Debería consultar a un abogado.

Más raro todavía es que el Gobierno quiera dar fuerza de ley a un procedimiento que ya puso en práctica con algún riesgo penal: De Vido y Jaime transfirieron a Aerolíneas más de 200 millones de pesos sin siquiera una autorización de Massa, cuando -más que eso- hacía falta una ley o un decreto de necesidad y urgencia.

Era previsible que con estas falencias jurídicas y políticas Cristina Kirchner consiguiera otro fracaso en el Congreso. Los diputados oficialistas rechazaron el corazón de su envío: el acta firmada por el Poder Ejecutivo y el grupo Marsans. Otra mala experiencia después de las retenciones móviles. Y un mal augurio: antes de fin de año, la Presidenta deberá conseguir que le aprueben la ampliación del presupuesto de 2008, el presupuesto de 2009 y la renovación de la ley del cheque y de la ley de emergencia económica, sobre la que se sostiene casi toda la arquitectura de la administración. Reproduccion textual de la nota  Por Carlos Pagni para LA NACIÓN