El debate sobre la estatización de Aerolíneas Argentinas representa una oportunidad para reflexionar sobre las ideas que ha desarrollado el peronismo desde 1945; una cuestión no del todo atendida, a pesar de tratarse de la fuerza política dominante durante seis décadas.

El solo hecho de su extendida vigencia, que no ha disminuido tras la muerte de su fundador, constituye un caso atípico en las naciones occidentales que de por sí debería ser motivo de análisis esclarecedores. Sin embargo, la excusa esgrimida más a menudo para no ingresar en el laberinto ideológico de los peronistas radica, precisamente, en la ambigüedad de su doctrina; un eufemismo para calificar la versatilidad de sus convicciones intelectuales, capaces de albergar, sin contradicción, el protofascismo del primer Perón, el setentismo montonero, el conservadurismo menemista y, en estos días, el neopopulismo kirchnerista, merecedor largamente de este calificativo por su calculado regreso a las fuentes más rancias de los años 40, luego de haberse anoticiado de las dificultades de su proyecto transversal.

¿Cuál es, entonces, la raíz de la vigencia del peronismo? Para ensayar una respuesta, que necesariamente será escueta por las restricciones propias de un artículo, tenemos a mano la posición que defiende el Gobierno en el delicado problema de Aerolíneas Argentinas, que no es otra que la posición que han impulsado los siete sindicatos que conviven en la empresa aérea.

Con esto deseamos expresar que la esencia final del peronismo radica y es sinónimo de sindicalismo: el peronismo es el partido sindical argentino. El peronismo químicamente puro consiste en el usufructo del sindicalismo organizado que, por esta razón, es definido como la columna vertebral del movimiento. Se podrá decir que el peronismo abarca otros sectores, pero lo cierto es que, cuando todas sus ?ramas? flaquean, su dependencia de los sindicatos se vuelve manifiesta.

Esta cohabitación contra natura de la CGT con un movimiento político es la única explicación plausible de la persistencia del peronismo en la sociedad argentina. Los sindicalistas tienen la peor imagen pública, son acusados una y otra vez de enriquecimiento a costa de sus afiliados, ejercen métodos de presión directa incompatibles con las instituciones democráticas y son los únicos dirigentes que se perpetúan en el poder durante décadas. Pero ello es así porque cuentan con la protección de una legislación anacrónica que no otorga la personería jurídica a organizaciones opositoras y no promueve, por tanto, la libertad sindical. Mientras no se reforme la estructura sindical argentina a la altura del siglo XXI, la sinuosa ideología peronista seguirá predominando en el país.

Despojado de cuestiones partidistas, en el caso de Aerolíneas Argentinas es evidente que el matrimonio presidencial apoya, vis a vis, la solución propuesta por los gremios, que puede resumirse en que el Estado argentino se haga cargo de una empresa con una deuda sideral, asuma un abultado déficit operativo diario a expensas del presupuesto nacional, cuente con la ventaja del monopolio de las mejores rutas, quitando incentivos a otros participantes del mercado, y todo con la esperanza incierta de brindar un servicio de calidad.

Para movilizar a la opinión pública en favor de este dislate, se apela a dos argumentos principales: garantizar la fuente de trabajo de nueve mil familias y asegurar que existan vuelos a todas las provincias del país.

Esta solución es inviable: pensar que la administración conjunta del Estado y siete sindicatos, seguramente un récord internacional para una empresa del tamaño de Aerolíneas Argentinas, serán capaces de equilibrar las cuentas de la empresa, invertir en modernizar la flota de aviones y atender las necesidades crecientes de transporte aéreo de los argentinos, es una ingenuidad, que además no aprende de nuestra historia de fracasos en materia de empresas públicas.

Veamos los dos argumentos invocados. Toda persona de buena voluntad no desea que un grupo de trabajadores pierda su empleo; la cuestión es si, basado en este objetivo, el Estado debe intervenir cada vez que una empresa privada con cientos de empleados está técnicamente en quiebra. ¿Debería el Estado hacerse cargo de la curtiembre de los Yoma, del Hospital Francés, del frigorífico Santa Elena, de las deudas recurrentes de las obras sociales sindicales o mantener funcionando la planta de Sierra Grande? ¿No implica restar recursos para atender prioridades como desarrollar la infraestructura que posibilite el progreso económico y mejorar la educación y la cultura, la salud, la justicia, la vivienda, las jubilaciones, un seguro de desempleo suficiente y planes dignos para mitigar la pobreza?

El país prosperó hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando el Estado se concentró en estos rubros y permitió que la iniciativa privada se ocupara de crear riqueza. El desvío ya practicado de partidas presupuestarias destinadas a viviendas y erradicar villas de emergencia para pagar gastos corrientes de Aerolíneas no es ético desde la perspectiva de la justicia social: se estima que menos del 5% de la población realiza vuelos en el país mientras que los índices de pobreza son gravísimos y alcanzan a millones de compatriotas.

Con respecto al mapa de vuelos, está claro que en los vuelos internacionales existe una oferta variada y de calidad que no justifica la asignación de centenares de millones de dólares para contar con una aerolínea estatal. Con respecto al mercado interno, con una adecuada desregulación y reglas de juego estables y a largo plazo, surgiría una oferta de primer nivel, tal como sucede, por ejemplo, en el transporte terrestre de pasajeros.

No es difícil imaginar qué sucedería si el Estado argentino decidiera estatizar las empresas privadas del sector. Cuando se critica que el Estado despilfarre fondos cuantiosos en el proyecto del tren bala, en lugar de invertir en la red ferroviaria, se usa la misma línea de razonamiento que se intenta sostener en este artículo: a la demagogia de barricada es hora de oponer análisis serios sobre la mejor forma de asignación de los recursos estatales, que siempre son escasos. Porque tampoco está claro qué diría hoy la opinión pública si se les planteara comprar una red de ferrocarriles privados en aproximadamente 14.000 millones de dólares actuales, que fue lo que pagó Perón a los británicos en 1947.

El personal de Aerolíneas Argentinas es de altísimo valor y su formación lleva años de entrenamiento. Con una política de aeronavegación consensuada entre todos los partidos políticos, que sea permanente, aparecerían grupos privados más que interesados en absorberlo y ofrecerles mejores condiciones que las que les ofrecerá el Estado argentino en el mediano plazo.

Pero claro, en este caso, los líderes sindicales, coautores junto con el Gobierno de la debacle de Aerolíneas, los primeros por usar a los usuarios de rehenes de sus medidas de protesta, el segundo por no ejercer su potestad de control, habrán perdido su cuota de poder e impunidad. Y el gastado discurso peronista de los años cuarenta no podrá proclamar en los actos públicos, que esos mismos sindicalistas organizan con escasa espontaneidad, la recuperación de nuestra línea de bandera, aunque ello sea a costa de derrochar recursos que estarían mucho mejor invertidos en atender necesidades básicas del pueblo argentino.
Reproducción textual de la nota Por Alejandro Poli Gonzalvo , Para LA NACIÓN