08 de Septiembre de 2008

La producción de origen agropecuario ha debido sortear en los últimos tiempos no sólo las políticas obstruccionistas del gobierno nacional sino también la que de manera periódica y con una prepotencia propia de matones ejercitan los sindicalistas más próximos al oficialismo.

Como si se tratara de una concertación de esfuerzos destinados a perjudicar las actividades del campo y de las industrias asociadas a su desenvolvimiento, ahora resulta que empresas exportadoras de granos deben enfrentarse con los piquetes de la "patria sindical" que traban la entrada y salida de vehículos de sus fábricas.

Dada la facilidad con la cual las usinas de un supuesto pensamiento nacional y popular prodigan motes a cuanto sector del país oponga reservas a sus urdimbres, nadie habrá de incomodarse por aquella apelación. ¿Qué mejor nombre, en efecto, que el de "patria sindical" para quienes se desplazan por todos los ámbitos del país como si éste fuera una pertenencia privativa de organizaciones previstas para cumplir ciertos papeles específicos, y ceñidos en teoría a la ley, de carácter laboral y social?

Desde hace una larga semana, centenares de camioneros han bloqueado los accesos de mercaderías en las terminales portuarias de Bunge y Born en San Lorenzo y en Ramallo, y en las últimos horas extendieron a las plantas de Quequén y Bahía Blanca esta medida de fuerza que constituye lo que comúnmente se denomina apriete. Llama la atención que las mismas empresas involucradas en controversias con el Estado por demanda de pagos de derechos de exportación se vean en la instancia de atender otro frente de conflicto requerido de atención simultánea con aquel otro.

Nidera, Cargill, Dreyfus, Molinos Río de la Plata y otras firmas dedicadas a la exportación de cereales están por igual en la mira del Sindicato de Camioneros como semanas atrás lo estuvieron empresas cementeras. Con el lenguaje dramático del caso ("alerta, paro, movilización") este agrupamiento sindical ha dispuesto un bloqueo por tiempo indeterminado sin que un solo fiscal o juez, que se sepa, haya intervenido a fin de que cesen medidas que por sí perturban el orden público, lesionan cuantiosos intereses privados, dañan el flujo de bienes y servicios hacia el exterior, y constituyen un claro hecho de violencia.

Granos, pellets y aceite de soja figuran entre los productos afectados, que son de excepcional significación para las alicaídas finanzas del país, pues están en el corazón de una agroindustria que participa del 55 por ciento de las exportaciones totales argentinas. Estamos hablando de unos 30.000 millones de dólares al año.

La parte sindical demanda un supuesto blanqueo de trabajadores "en negro" y el cumplimiento de un convenio laboral que las empresas afectadas consideran tan inexistente como los fundamentos del otro reclamo. Ha dicho el Centro de Exportadores de Cereales, en nombre de sus miembros, que "no somos dadores de carga, por lo que no contamos con flete". Es decir, que no hay materia alguna para discutir con los camioneros y que, por lo tanto, si hubiera requerimientos por hacer, éstos tendrían que realizarse ante acopiadores y cooperativas.

Es hora de que el país quede libre de situaciones paralizantes de sus actividades ordinarias, situaciones generadas por razones políticas y ejecutadas mediante el recurso de la fuerza. Apresurar en esa dirección el reloj, antes que retardarlo, es una responsabilidad gremial que debería ser asumida por los camioneros con más espontaneidad y entusiasmo que otros representantes de la vida sindical. A esa responsabilidad llama el hecho de que el señor Hugo Moyano tenga en sus manos la actual conducción de la CGT. Editorial del Diario La Nación, Reproducción textual del 5-08.2008