04 de Mayo de 2009

La disputa por un negocio de 200 millones de pesos

La caja que traba el avance del boleto único

El plazo original para que funcione el sistema electrónico, SUBE, vence mañana, pero no podrá aplicarse antes de octubre. Cuatro empresas se compiten por la provisión de las máquinas lectoras de las tarjetas.

La combinación de una batalla empresaria por una inversión de 200 millones de pesos, la incapacidad de gestión oficial y la guerra por el manejo de la recaudación diaria del servicio de transporte de pasajeros frustró otra promesa K. Mañana vence el plazo que se impuso la presidenta Cristina Kirchner para implementar el sistema de boleto electrónico que terminaría con el “curro” de la falta de monedas. Fue anunciado hace 90 días, pero con suerte comenzará a funcionar a los ocho meses del día en que Cristina Fernández de Kirchner dijo que el plan no podía fracasar porque estaba amparado por “San Néstor”.

La promesa era ambiciosa: en tres meses la Secretaría de Transporte debía diseñar el programa, adjudicar la provisión de 5 millones de tarjetas magnéticas, comprar e instalar las lectoras en más de 17 mil colectivos y molinetes de estaciones del subte y trenes, comprar el software, contratar el servicio informático para la implementación del sistema y montar las bases de operaciones. Pero hasta hoy el Gobierno avanzó poco, casi nada. La empresa Nación Servicios –que pertenece al Grupo del Banco Nación–, la encargada de implementar el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), lanzó sólo dos de las licitaciones: hace diez días convocó a los oferentes para la adquisición de las tarjetas y esta semana publicó los pliegos para la contratación de los centros de procesamiento de datos. Pero el capítulo más significativo del proyecto, la elección y la compra de las lectoras de tarjetas, está paralizado.

Cuatro empresas que ofrecen distintos estándares tecnológicos pelean para quedarse con ese negocio, que representa casi la totalidad de la inversión que prometió la Presidenta. El Grupo Roggio, a través de su subsidiaria Prominente –que ya instaló el Monedero en el subte porteño–, quiere ganar la futura licitación para extender su negocio y no perder la inversión que ya realizó: el decreto presidencial obliga a todas las concesionarias del transporte metropolitano a adherir al SUBE. En la pelea también están Siemens, la española Indra y una compañía de capitales ingleses.

En una de las dos licitaciones que están en marcha, el Gobierno admitió que el plazo se extenderá. A los proveedores de las tarjetas magnéticas les otorgaron un plazo de 150 días para la entrega del material. El decreto 84/2009 que firmó la jefa de Estado el 4 de febrero decía otra cosa: “El boleto electrónico deberá organizarse en la totalidad del sistema en el plazo de noventa (90) días”. Además, el pliego que preparó Ricardo Jaime obliga a los proveedores de las tarjetas a entregar sólo 500 mil en los primeros sesenta días desde que se adjudique la licitación. Es apenas el 10 por ciento del total, pero aún no se abrieron los sobres para evaluar las ofertas.

La demora tiene un tercer origen, producto del choque de intereses entre los actores del sector. Las cuatro cámaras que agrupan a los empresarios (Asociación Civil de Transporte Automotor, Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, Cámara de Empresarios del Transporte Automotor de Personas y Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires) quieren imponer sus condiciones. La discusión es por dinero. Aún no está claro de qué modo y en qué plazos el Banco Nación –que operará como administrador financiero– distribuirá la recaudación entre los operadores. Hoy las empresas contabilizan sus ingresos a diario. Por un lado, el sistema impediría la evasión y por otro habilitará un negocio financiero con la recaudación que, en principio, quedaría en manos del Gobierno.

El sistema electrónico permite la compra anticipada de boletos: en la práctica funciona un crédito que los pasajeros le otorgan a las empresas. Hasta que los pasajes son utilizados, ese dinero puede emplearse para generar recursos adicionales. Es cuestión de números: los usuarios no obtienen ningún beneficio por el “préstamo” y el Banco Nación puede obtener una renta financiera con esos fondos.

Según el INDEC, en marzo los trenes, subtes y colectivos metropolitanos trasladaron 190 millones de pasajeros. Son unos 300 millones de pesos por mes.

Las monedas crecen poco

No se trataba de resolver el “inconveniente” de las monedas. La implementación del SUBE fue prometido por la presidenta Cristina Kirchner para eliminar el “negocio de las monedas” que –según ella– “pagan los que no tienen estrategias defensivas frente a la especulación y frente a los negociados”. Lejos de resolverse, en los últimos meses el problema empeoró. No sólo por los “negociados” sino también porque el Estado no acuñó la cantidad de metal que debía. Un informe de la consultora Qualitativa determinó que, pese a la inflación y la actividad económica, “el Banco Central no ha emitido la cantidad suficiente para abastecer la demanda”. El estudio refleja que la evolución del circulante de monedas, en los últimos tres años, no acompañó el ritmo de la economía. En 2008, el BCRA aumentó en un 4,2% la cantidad de metal, muy por debajo del crecimiento del índice de precios, incluso el que elabora el INDEC. Crítica de la Argentina.