Participación ciudadana, más allá de los votos

El voto y las elecciones son esenciales para poner en marcha el funcionamiento del sistema democrático. Sin embargo, no son suficientes. La desconfianza ciudadana en las instituciones democráticas en América latina se vio alimentada a lo largo de estas décadas por dos motivos: por un lado, la distancia entre los procedimientos y la sustancia -el debate acerca de la democracia formal y la real-, y por otro, la incapacidad de estas mismas instituciones representativas para canalizar efectivamente la demanda social a través de la puesta en marcha de nuevos mecanismos y dispositivos de participación.

En 1994, los convencionales constituyentes incorporaron a la Constitución Nacional mecanismos tales como la iniciativa popular, la consulta popular y la acción de amparo como formas de canalizar la demanda social en el período de gobierno no electoral. Los entes reguladores de servicios públicos prevén en sus reglamentos la realización de reuniones abiertas en las que pueden participar usuarios y también audiencias públicas para la discusión de las tarifas, las cámaras del Congreso incorporaron en sus reglamentos internos a las audiencias públicas como mecanismo de consulta a la ciudadanía y la Corte Suprema de Justicia reglamentó e implementó recientemente este mecanismo.

En 2003, el ex Presidente Néstor Kirchner reguló más herramientas de participación a través del decreto 1172. Así, el Poder Ejecutivo cuenta con un reglamento de audiencias públicas y otro para la elaboración participada de normas. En los fundamentos de ese decreto, el ex Presidente Kirchner sostuvo que “constituye un objetivo de esta administración fortalecer la relación entre el Estado y la Sociedad Civil, en el convencimiento de que esta alianza estratégica es imprescindible para concretar las reformas institucionales necesarias para desarrollar una democracia legítima, transparente y eficiente”. Además entendió que “para lograr el saneamiento de las Instituciones debe darse un lugar primordial a los mecanismos que incrementan la transparencia de los actos de gobierno, a los que permiten un igualitario acceso a la información y a los que amplían la participación de la sociedad en los procesos decisorios de la administración”.

Ningún demócrata puede cuestionar un resultado electoral. Sin embargo, nadie puede ignorar que las democracias representativas, inclusive la nuestra, abrieron instancias intermedias para la canalización de la demanda social y el debate de las políticas de Estado. La Argentina también lo hizo como forma de garantizar un derecho humano esencial como el de peticionar a las autoridades.



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