6 de Marzo de 2008

 

El ex presidente Néstor Kirchner y otros tres ex gobernadores de Santa Cruz fueron imputados por un fiscal de cometer diversos delitos en la administración de los millonarios fondos que la provincia giró al exterior en 1996, luego de haberle ganado un juicio a la Nación por la liquidación equivocada de regalías petroleras.

En un escrito presentado el 19 de febrero, lo acusa de “presunta comisión de los delitos de aplicación indebida de caudales públicos, peculado e incumplimiento de deberes funcionales”.

La denuncia tiene 23 páginas y apunta a investigar a todas “las personas responsables de la custodia, administración y manejo contable-financiero” de los fondos desde 2003 hasta 2006 inclusive.

Se basa en informes remitidos por José Lorenzo Pissani, el vocal por la minoría del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz (TC). Ese órgano es el que está encargado por ley de aprobar los balances en el manejo del dinero de la provincia.

Por ese motivo, en el listado de las declaraciones indagatorias, el fiscal también incluyó a los ex gobernadores Héctor Icazuriaga, Sergio Acevedo y Carlos Sancho.

Se calcula que fueron 1.300 millones de dólares los que llegó a disponer Kirchner como gobernador.

Esta es la primera vez que un fiscal pide declaraciones indagatorias y la primera que le sucede al ex presidente. Vivanco sostiene que, hasta que vino a Buenos Aires para mudarse a la Casa Rosada, Kirchner —como sus sucesores más tarde— se encargó de evitar toda supervisión sobre estos dineros públicos.

"Hubo un marcado interés en no poner en funcionamiento las comisiones creadas para el control e inversión de los fondos de regalías mal liquidadas, como así tampoco permitir a la ciudadanía opinar sobre la asignación de dichos recursos (...), por lo que con autoridad podría decirse que todos los movimientos financieros están viciados de absoluta nulidad". Le endilga los delitos de peculado, malversación de caudales e incumplimiento de sus deberes.

El requerimiento de Vivanco detalla año por año las posibles irregularidades que habrían cometidos los sucesivos gobernadores. Sobre 2006, se advierte que el Tribunal de Cuentas ni siquiera aprobó la liquidación efectuada por el Ejecutivo provincial sobre una documentación que parece incompleta.

Luego se señala que en los informes emitidos por el Ejecutivo provincial no se explica a qué tasas se puso el dinero, que se constituyeron fideicomisos sin rendiciones de cuentas y que se pagaron honorarios desproporcionados con el rendimiento del capital. Diario Perfil