10 de Abril de 2008
 

La Cámara de Diputados aprobó en general, en la noche del miércoles, el proyecto de ley que penaliza la trata de

personas para fines de explotación tanto sexual, laboral, extracción de órganos o de sumisión a la servidumbre.

La norma fue aprobada en general por 157 votos positivos, 35 sufragios negativos y seis abstenciones, mientras los legisladores continuaban durante la noche analizando la ley en particular.

La iniciativa define el delito como "la captación, transporte y/o traslado -ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior- la acogida o recepción de personas con fines de explotación", y establece penas que van de tres a quince años de prisión.

La diputada kirchnerista Vilma Ibarra, impulsora del proyecto, justificó que la iniciativa establezca una salvedad en el caso del consentimiento de las personas mayores de edad, al referir que "existe la posibilidad para una adulta de consentir la prostitución", punto que fue central en la controversia de la ley.

Claudio Lozano de Proyecto Sur, impulsó en el recinto la postura de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), manifestó dudas sobre el tema del consentimiento, postuló incorporar "el reconocimiento expreso para que las organizaciones sociales puedan convertirse en querellantes" y por ello pidió el regreso del proyecto a comisión.

Por su parte, los opositores Claudia Gil Lozano (Coalición Cívica-Capital), Silvia Storni (UCR-Córdoba) y Rubén Lanceta (UCR-Buenos Aires) denunciaron ante la Cámara un supuesto contubernio entre la Policía Federal y algunas redes de prostitución.

Gil Lozano planteó, además, la necesidad de aprobar por ley la creación de un "comité de protección para las víctimas" en el marco de la ley. La diputada señaló también que "pensar que el tema de trata de personas sólo tiene que ver con la prostitución es un error", detalló que se vincula con otro tipos de explotación como la laboral y remarcó que "la industria textil tiene grandes firmas en la República Argentina" con "trabajadores esclavos tirados en los talleres".

El reclamo de las feministas ante el debate de la ley, fue realizado a través de una "carta abierta" a los legisladores nacionales, firmada por Martha Pelloni, Marta Bianchi, Dora Barrancos, Virginia Franganillo, Elena Tchalidy, Clelia Iscaro, María Inés Barasesco, Marcela Durrieu, Diana Dowek, Graciela Tejero Coni y Ana Suppa, entre otras.

"Las mujeres firmantes, políticas, feministas, militantes del movimiento social de mujeres y de las organizaciones que reúnen a las víctimas, estamos solicitando sea revisado el proyecto para que cumpla con las intenciones que le dieron origen", estableció la carta.

"Existen otros proyectos que resuelven más eficazmente la penosa situación de las mujeres explotadas por los proxenetas 'protectores del negocio' a las que se obligaría, de sancionarse el dictamen en tratamiento, a demostrar que no hubo consentimiento y sí aprovechamiento de su vulnerabilidad", continuó la misiva.

"En franca contradicción con la política de derechos humanos que viene llevando adelante la Argentina, se revictimiza a la persona explotada invirtiendo la carga de la prueba", prosiguió la misiva.

"Pedimos se reabra el debate a fin de que además de la ley, Argentina cumpla con una política real, visible y de probada eficacia en relación a la persecución de tan infame delito", concluyó. La carta también contó con la firma de Cecilia Lipsczick, Piera Oria, Carola Caride, Susana Pastor, Cristina Zurutuza, Susana Gamba, Dolores Fenoi, Susana Checca, Susana Fioretti, Gladys Roldan, Norma Cabrera, Laura García Tuñón, Alejandra Angriman, Mónica Capano, Ester Kandel, Elisa Rueda, Alicia Ruso, Viviana Caminos, Gloria Shuster, Carla Fulgensi, entre otras. Cámara de diputados de la Nación