22 de Mayo de 2008
 

Hace cerca de 25 años la Corte Suprema se pronunció en la causa Rolón Zappa y pudo considerarse que nada más cabía agregar para descalificar por inconstitucional a toda norma que de su aplicación surgiera el incumplimiento del mandato constitucional en orden a jubilaciones y pensiones móviles.

Los sucesivos gobiernos constitucionales han incumplido sistemáticamente con lo dispuesto por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional en interpretación de la Corte, en sus diversas integraciones.

El desprecio a esas decisiones obliga a que un enorme sector de la población que jamás pensó en litigar contra el Estado, deba hacerlo. Este, como un pícaro deudor, en vez de tomar las decisiones de fondo, cuando la Justicia del Trabajo se vio desbordada inventó la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social. Así siguió sumando superestructuras para complicar los pronunciamientos judiciales. Clarín publicó, el 20 de abril, una nota titulada "Acelerarían los juicios de jubilados". Nuestra curiosa manera de resolver las cosas nos lleva a perfeccionar lo que se debe suprimir. Esos juicios deben desaparecer y no acelerarse. Se originan lisa y llanamente, desde hace más de 25 años, en el incumplimiento del Estado a las disposiciones de nuestra Carta Magna. Un millón de juicios. Juicios de personas en la última etapa de su vida y durante la cual no debieron hacer juicio alguno.

Obligar a litigar contra un Estado incumplidor, es un eficiente método para desacreditar y entorpecer a la justicia, empezando por la propia Corte Suprema, atiborrada de causas previsionales, y sin que sus pronunciamientos sean atendidos por los otros poderes de la Nación.

Carta de lectores. La Nación.
Roberto Díaz. EX JUEZ DE LA C.F. DE LA S.Social.
Rodi1@hotmail.com