11 de Junio de 2008
 

¿Para qué hacer lo que no es necesario hacer? Esta pregunta, que es también una conclusión, le cabe perfectamente a la resolución del ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, que instruyó a las fuerzas de seguridad para que lo mantengan informado sobre todos los pedidos que reciban del Poder Judicial. En un país donde los límites que aseguran la independencia de la Justicia son siempre imprecisos y opacos, semejante orden del Gobierno a las fuerzas policiales no ha hecho más que crear un océano de suspicacias.

Es probable, como se ha dicho, que el ministro sólo persiga el propósito de tener ordenado el mundo de la seguridad, de los centros de detención y de la logística humana e instrumental de las decisiones judiciales. El argumento le cabe, aunque forzando el cofre de los argumentos, al ministro de Seguridad. Se trataría, en tal caso, de una ratificación de su condición de jefe de las tropas de seguridad. Un golpe sobre la mesa de los policías.

Resulta, sin embargo, que Aníbal Fernández es, a la vez, ministro de Justicia. Bajo su responsabilidad institucional está también garantizar la independencia de los jueces y permitir que éstos cumplan tranquilos, sin interferencias, su función esencial en la vida del país.

Ahí surge, entonces, otra pregunta: ¿fue una buena decisión unir en una misma cartera dos áreas como la seguridad y la Justicia, que están siempre al borde de colisionar? Mientras el ministro de Seguridad dice velar por una mejor organización de sus tropas y de las instalaciones con que cuenta, el ministro de Justicia debería cuidar la normalidad del trabajo de los jueces y fiscales.

La primera sospecha que surge proviene de actuales y futuras causas que involucren a funcionarios públicos. El caso se agravaría dramáticamente cuando existiera una investigación judicial bajo secreto de sumario. Si el ministro estuviera enterado de un allanamiento que podría perjudicar los intereses del Gobierno (el caso Skanska o la misteriosa valija de Antonini Wilson, por ejemplo), nunca podrá despejarse la duda de que las pruebas desaparecieron oportunamente.

"He visto sólo 8 oficios judiciales desde el 29 de abril [la fecha de la resolución] y desde entonces hubo 500 o 600 oficios", replica Aníbal Fernández.

¿Los ministros nunca estuvieron enterados de lo que decidía la Justicia? Siempre supieron todo. Es imposible imaginar a ministros del Interior como Antonio Tróccoli o Carlos Corach (la seguridad estuvo casi siempre en esa cartera) en un limbo de ignorancia, sobre todo en causas que comprometían a sus gobiernos. Sabían lo que se fraguaba en los tribunales por sus buenas relaciones con las fuerzas de seguridad o por sus tratos frecuentes con los jueces y fiscales.

Esto es lo que hace más inexplicable la decisión de Aníbal Fernández, que llevó a los papeles explícitos lo que era tácito. La resolución del ministro abrió en la Justicia un viejo debate: ¿debe la Argentina tener una policía judicial, que dependa exclusivamente del Poder Judicial, como la tienen España y Francia, entre otros países? La policía judicial ha funcionado muy bien en los lugares donde existe. En la Argentina, las primeras ideas sobre una policía judicial se remontan a, por lo menos, 50 años.
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Está claro que el gobierno nacional perdería dosis importantes de poder si una parte de sus fuerzas de seguridad fueran controladas por el gobierno de la Capital y si, encima, una policía autónoma actuara en la órbita de la Justicia. Sin embargo, la buena salud de las instituciones reclama ahora, más que nunca, la descentralización del poder en tiempos de un poder demasiado concentrado.

La policía tiene una dependencia administrativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, pero su obligación institucional es obedecer a los jueces. La resolución de Aníbal Fernández podría poner a la policía en el dilema de acatar a dos patrones. ¿Cómo hará en ese caso? Suponiendo que la policía le comunicara al ministro resoluciones judiciales vinculadas con casos bajo secreto de sumario, ¿no estaría incumpliendo flagrantemente la ley? ¿No se convertiría el propio ministro en un testigo privilegiado de investigaciones eventualmente resonantes?

"La redacción no ha sido feliz. Es cierto", terminó aceptando ayer el propio Aníbal Fernández, que adelantó que cambiará la resolución en los próximos días. ¿Es sólo la redacción o es su contenido lo que está en discusión? Puede haber razones de desorganización de las fuerzas de seguridad. Puede ser cierto, incluso, que muchos policías terminen ocupados por la Justicia en la vigilancia de presos, que saca a los agentes de la calle, que es donde deben estar. O puede ser, también, que demasiados policías estén al servicio de custodiar personas que no necesitan tanta custodia.

El problema de fondo es, en última instancia, que estamos hablando de la Argentina. El gobierno de los Kirchner ha metido la mano en el Consejo de la Magistratura hasta convertirlo en un instrumento para disciplinar a los jueces.

El argumento ha sido el de desgajar a la "corporación" judicial. Un trazo de ese mismo argumento es perceptible en la decisión de Aníbal Fernández: "Los jueces creen que la policía está para cualquier cosa y que pueden hacer con las cárceles lo que ellos quieran", dijeron en el Gobierno.

Hay que combatir a la "corporación" judicial, por lo tanto. Lo mismo sucede, según el oficialismo, con la "corporación" empresaria o con la rural. Y lo mismo debe hacer la administración, de acuerdo con esas voces, con la "corporación" política.

Entre tantas maléficas corporaciones, lo único que queda arropado por la bondad política es el poder, con límites cada vez más vagos y confusos. Por Joaquín Morales Solá ,para LA NACIÓN, copia textual de su columna de la fecha

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