11 de Junio de 2008
 

Lo que está en juego es el éxito de las investigaciones. Jueces y fiscales coinciden en que es difícil pensar en que se pueda hacer un allanamiento sorpresa contra un funcionario público si se le va a avisar antes al ministro de Justicia.

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público también se pronunció ayer contra la resolución. Dijo que es "un atentado a la división de poderes" y que "provoca una indebida injerencia en las facultades" de los fiscales. Además, recomendó a los funcionarios del ministerio público que ante "una perturbación en el ejercicio de sus funciones" lo comunicaran a Righi para que él "requiera las medidas necesarias para hacerla cesar".

Mientras tanto, la resistencia ya tomó forma de denuncia. El abogado Ricardo Monner Sans presentó una acción contra la resolución 1084 que está en el juzgado de María Servini de Cubría. reproducción textual de la nota
La Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional le reclamará a la Corte Suprema que tome medidas contra una nueva resolución del Ministerio de Justicia que, según los jueces, dificultará investigar al poder.

Se trata de una directiva del ministro Aníbal Fernández, que ordenó a las fuerzas policiales y de seguridad, que dependen de él, que no cumplieran ningún pedido del Poder Judicial sin comunicárselo antes.

Jueces y fiscales denuncian que esta resolución implica una "injerencia indebida" en el Poder Judicial y que el Gobierno busca controlarlos.

Por eso, unos 30 funcionarios de la justicia penal se reunieron ayer a la tarde en la sede de la Asociación de Magistrados para decidir cómo resistir la nueva directiva de Aníbal Fernández. Después de casi dos horas, llegaron a un acuerdo: canalizarán su denuncia a través de la Corte.

Presentarán, antes del fin de semana, un documento para advertirle al máximo tribunal el peligro que implica esta nueva medida y prevenirlo sobre el inminente conflicto de poderes que se generará si las fuerzas de seguridad ponen reparos a las órdenes de los jueces. El mismo documento le harán llegar al procurador general de la Nación, Esteban Righi.

"La Corte debe reaccionar -dijo Miguel Angel Caminos, juez penal y vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados-. Un funcionario está complicando que los jueces cumplan su función y es justo el ministro de Justicia."

José Martínez Sobrino, juez de un tribunal oral de la Capital, coincidió: "Estamos ante una pretendida muestra de poder político. Quieren hacernos saber a los jueces que no tenemos la última palabra. Llevemos a la Corte casos concretos".

Los "casos concretos" a los que se refería son dificultades que tuvieron los magistrados, incluso antes de la resolución 1084, para que las fuerzas de seguridad cumplieran sus instrucciones. Uno de los antecedentes más antiguos que recordaron los jueces es la respuesta de Aníbal Fernández, entonces ministro del Interior, ante una orden del juez federal de Concepción del Uruguay, Guillermo Quadrini, a la Gendarmería, como consecuencia de un corte de ruta.

Con una nota, el ministro le advirtió al juez: "Las instrucciones que corresponda adoptar en cada caso y a través de cualquiera de las cuatro fuerzas federales son de absoluta discrecionalidad de este ministro".

En el interior del país, los magistrados están especialmente molestos con la nueva resolución, relató Recondo. "Me llamaron diciendo que hay jueces de las provincias dispuestos a procesar a los miembros de fuerzas que no cumplan sus órdenes".

Para el juez en lo penal tributario Javier López Biscayart, el responsable del avance de la causa Skanska, el problema no es sólo que no se cumplan las instrucciones. "A mí me agravia que se comunique al ministro una orden dictada por mí. No necesito que se incumpla", dijo.