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23 de Julio de 2008
A 6 años de
los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, la
causa que debía investigar las responsabilidades políticas de
estos crímenes no avanzó más allá de su mera existencia
formal. Los funcionarios denunciados no fueron investigados;
ni siquiera fueron citados a declarar. La pista que apuntaba a
la participación de la SIDE fue descartada sin más. Como si
faltara algún otro dato que certifique la falta de voluntad
política, al día de hoy la última foja del expediente que
instruye el fiscal Osorio señala que aún no pudieron, después
de 6 años, establecer a qué personas corresponden 4 líneas
telefónicas utilizadas para comunicarse con los asesinos el
mismo día de los crímenes. Analizamos el expediente junto a
Alberto Santillán, papá de Darío, que sintetizó: 'en todos
estos años lo único que hicieron el fiscal y el gobierno fue
encubrir el asesinato de mi hijo'. La lucha por justicia
seguirá con movilizaciones y escraches, anuncian desde los
movimientos sociales que hoy se movilizan y mantienen el
reclamo por el esclarecimiento de los asesinatos de sus
compañeros.
La causa caratulada como 'Ruckauf y otros sobre homicidio'
lleva el número de expediente 14215/2003 y fue presentada días
después de los asesinatos por Mabel Ruiz, mamá de Maximiliano
Kosteki, para que se investiguen las responsabilidades
políticas, pidiendo que se cite a indagatoria al entonces
canciller Carlos Ruckauf, al ex presidente Eduardo Duhalde y
al entonces gobernador bonaerense, Felipe Solá. En seis años
acumuló 12 cuerpos, pero su lectura no da cuenta de ningún
avance, según reconocen fuentes del juzgado y pudimos
constatar junto a Alberto Santillán y Marcial Bareiro, uno de
los manifestantes heridos del Frente Popular Darío Santillán,
y querellante en la causa junto a otros heridos y los
familiares.
Los responsables políticos del accionar
represivo, impunes
El 9 de enero de 2006 culminó el juicio a los actores
materiales, con condenas a cadena perpetua a los policías que
dispararon causando la muerte a los jóvenes manifestantes. En
el transcurso de aquel juicio, el ex presidente Duhalde, el
entonces secretario de Seguridad de la Nación Juan José
Alvarez, y el ex jefe de Gabinete Alfredo Atanasof, fueron
excusados de prestar declaración bajo el argumento de que
debían ser investigados por su presunta responsabilidad en
esos hechos, y para ello existía la causa que instruía el
Fiscal Osorio en la Fiscalía Federal Nº 10 de los tribunales
de Comodoro Py. En los fundamentos de la denuncia se hace
referencia a las declaraciones de Atanasof que un día antes
alertó que se iba a impedir la protesta 'fuera como fuera' y
que el gobierno estaba ante 'una declaración de guerra'; los
dichos de Duhalde, señalando que la protesta 'no se iba a
permitir, que había que poner orden', y las declaraciones en
el mismo sentido de Ruckauf, Juan José Alvarez y el entonces
gobernador Solá, creando previamente el clima político
necesario para la represión y las muertes, y justificando los
crímenes realizados con afirmaciones que se demostraron
tendientes a encubrir los asesinatos. En el caso de Alvarez,
su responsabilidad directa como secretario de Seguridad de la
Nación ante un operativo que contó con la participación
coordinada de tres fuerzas Federales bajo su mando en la
represión, tampoco dio lugar a investigación alguna. A dos
años y medio de aquella chicana jurídica elaborada desde el
duhaldismo, ninguno de ellos tiene motivos para estar
preocupado ante una causa en la que no hubo voluntad política
de investigar. Hoy, Atanasof es representante del país ante el
MERCOSUR; Duhalde vuelve a mostrarse como un político en plena
actividad, y su secretario de entonces, José Pampuro (también
mencionado en la causa) es un encumbrado referente del
gobierno actual.
La pista de la SIDE, descartada sin más
La vinculación probada entre la sede Billingursth de la SIDE y
el comisario Fanchiotti, dato surgido por el análisis de
cruces de llamadas realizado como parte de la instrucción de
la causa que se tramitó contra los policías en Lomas de
Zamora, fue descartada por el fiscal Osorio sin más. Una sola
foja en los 12 cuerpos hace referencia al informe que la SIDE
remitiera a la fiscalía, que lleva un membrete con la leyenda
'Estrictamente secreto y confidencial' y al final la firma de
Hugo Gándara, Director de Asuntos Jurídicos del organismo de
inteligencia en ese entonces, donde el responsable jurídico de
la SIDE se limita a 'informar', de manera más que confusa, que
'las llamadas efectuadas al celular aludido (por el celular de
Fanchiotti) habrían sido hechas por un agente del organismo de
rango inferior, en función de un aparente relación de
conocimiento mutuo con el nombrado, y 'prima facie', en
cumplimiento de tareas regulares como obtener información
luego de producido los trágicos sucesos'. 'Habrían sido', una
'aparente' relación de conocimiento, 'prima facie' en
cumplimiento… Evasivas para cumplir con la formalidad de
encubrir la actuación de agentes del organismo en el
desarrollo de la represión que terminó con los crímenes
conocidos. Haber dejado sin profundizar este indicio concreto
adquiere mayor gravedad si se tiene en cuenta que la SIDE es
un organismo dependiente en forma directa de presidencia de la
Nación, y de lo que se trata en esta causa es de establecer
los vínculos del poder político de entonces con los
asesinatos.
Aún no averiguaron con quiénes hablaron los
asesinos aquel día
De los llamados telefónicos que aparecen como sospechosos,
realizados o recibidos por los policías condenados por los
crímenes, hay cuatro números que aún no fueron identificados
en la causa. Después de 72 meses, en la última foja que tiene
el expediente y que lleva el número 2192, el fiscal cita a los
responsables de las compañías telefónicas para que expliquen
por qué los números que la Comisión Nacional de Comunicaciones
(CNC) establece en un informe del pasado 12 de junio de 2008
que deberían figurar en su nómina, no pueden ser
identificados. Es decir: desde teléfonos no reconocidos por
las compañías Telefonías Móviles Argentinas SA (hoy Movistar),
Telecom Personal y Nextel, que deberían tener información
sobre sus titulares, se realizaron comunicaciones que
triangulan a ministros del gobierno de Duhalde con el Jefe del
operativo condenado a prisión perpetua, Alfredo Fanchiotti.
Sin una investigación adecuada, no se puede confirmar pero
tampoco descartar que se trate de teléfonos no registrados,
justamente con el fin de garantizar vías de comunicación
necesarias para la coordinación represiva ilegal que terminó
con muertos en Avellaneda aquel 26 de junio de 2002.
Curiosamente, la cita para identificar con quiénes hablaron
ese día los asesinos, será este mismo 26 de junio, a la misma
hora en que se cometieron los crímenes, pero seis años
después. Aún así, fuentes de la fiscalía descreen que esas
entrevistas con directivos de las empresas lleguen a algo:
'pasó mucho tiempo, tal vez esos números ya no se puedan
identificar', explican.
Búsqueda de justicia por fuera de los
tribunales
El Fiscal Miguel Angel Osorio, ya había sufrido una
movilización de protesta un año atrás, en vísperas del 5º
aniversario de los asesinatos. Ante los tribunales de Comodoro
Py donde tiene su despacho, protestaron los familiares de los
jóvenes asesinados y sus compañeros de militancia, hoy
agrupados en el Frente Popular Darío Santillán. Desde estas
organizaciones convocan para este 26 de junio a una nueva
movilización al Puente Pueyrredón para conmemorar a los
jóvenes caídos, y para renovar el reclamo de justicia: 'ya no
vamos a esperar más nada de esta causa. Con la movilización
logramos las condenas perpetuas de los policías, y con la
movilización vamos a instalar a partir de ahora la
responsabilidad de Duhalde y sus ministros en los hechos, y de
este fiscal (por Osorio) en la impunidad. Recordemos aquella
consigna que marcó la lucha por justicia en los últimos años:
si no hay justicia, hay escrache', advierte Marcial Bareiro,
querellante y militante del MTD y del Frente Popular Darío
Santillán. Argenpress
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