20 de Agosto de 2008

En los hechos y sin el menor pudor, la justicia de Santa Cruz ha decidido extender un nuevo certificado de impunidad no sólo a Néstor Kirchner, sino también a sus funcionarios y ex funcionarios.

Aunque su desempeño se ha convertido en una rutina en la provincia patagónica, la existencia de esta justicia para los amigos constituye un escándalo. Los jueces amigos ya ni siquiera disfrazan su parcialidad ante el poder.

El último hecho escandaloso fue la decisión de la Cámara Penal de Santa Cruz de devolver al juez de instrucción un expediente que los camaristas habían recibido para analizar la elevación a juicio oral del sonado caso que protagonizó Daniel Varizat, ex senador nacional, ex ministro de Gobierno de Santa Cruz y amigo personal de Kirchner. Aún están frescas en la memoria, no sólo de los santacruceños, aquellas terribles imágenes de televisión que mostraban a Varizat al volante de una camioneta cuatro por cuatro, mientras embestía a cerca de veinte docentes durante una manifestación en Río Gallegos.

A un año de los hechos ocurridos el 17 de agosto del año pasado, la Cámara Penal dice haber hallado algunas deficiencias en el expediente, como falta de testimonios, con lo cual, lejos de realizarse el juicio oral, el expediente volverá a la etapa de instrucción por lo menos durante un año, con el riesgo de que algunos delitos prescriban.

Pero algunas coincidencias invitan a la suspicacia. Uno de los tres camaristas que firmaron esta resolución, Jorge Eduardo Chávez, acaba de ser propuesto por la presidenta Cristina Kirchner para integrar el flamante Tribunal Oral Federal de la provincia, que funcionará en Río Gallegos.

En 2002, Chávez fue el juez que recibió una denuncia de Kirchner contra el abogado Dino Zaffrani, uno de los mayores opositores al kirchnerismo en Santa Cruz, por un artículo del letrado en un diario local. Si bien Kirchner luego desistió de la denuncia, antes Chávez le brindó una insólita posibilidad de pagar en cuotas la tasa de justicia para litigar.

Si la causa contra Varizat avanzó, se debe, en parte, al fiscal Andrés Vivanco, quien está por jubilarse y será reemplazado por el fiscal Gabriel Giordano, uno de los que acusaron a Zaffrani y a otros abogados opositores de haber instigado un "escrache" en un restaurante de Río Gallegos contra Alicia Kirchner, ministra de Acción Social y hermana del ex presidente.

La manipulación de la justicia santacruceña por parte del poder político es de larga data, y su impulsor y ejecutor fue Néstor Kirchner durante sus años de gobernador.

Kirchner forzó el desplazamiento del entonces procurador general de la provincia, Eduardo Emilio Sosa, quien no estaba dispuesto a ceder su independencia. Como tampoco estaba dispuesto a renunciar, Kirchner disolvió el cargo de Sosa. Ni Kirchner ni sus sucesores en la gobernación repusieron a Sosa en su función pese al pronunciamiento en tal sentido de la Corte Suprema de Justicia.

Otro ejemplo de justicia para los amigos la dio el juez santacruceño Santiago Lozada al cerrar la causa por el misterioso paseo de los fondos de Santa Cruz por diversas cuentas bancarias del exterior, causa en la cual la principal sospecha recaía sobre Kirchner. Tanto celo puso Lozada en el veloz cierre de ese sumario que, algo inaudito, su resolución no es pública y se mantiene en secreto. Además, Lozada debió haberse excusado debido a los lazos de amistad que mantiene con familiares de los Kirchner.

Una justicia para los amigos no es una justicia; es una burla y ninguna provincia merece ser su víctima. Como a la gestión kirchnerista le restan aún más de tres años en el gobierno nacional, y al mismo tiempo abundan las vacantes en la justicia federal, existe el peligro de que se pretenda aplicar en el plano nacional esa peculiar justicia que tan buenos resultados le dio al kirchnerismo en su provincia de origen. Reproducción de la nota del diario La Plata