17 de Septiembre de 2007

En el tercer piso del edificio de tribunales, donde se investiga la mayoría de los delitos ocurridos en esta ciudad, no sobran funcionarios ni superficie. Eso sí: miles de expedientes se apilan en los rincones de las oficinas, armarios, debajo de los escritorios de los empleados o de las duchas de los baños.

Esta situación de colapso ya tiene consecuencias. Unas 3500 causas judiciales que tramitan los siete fiscales de esta ciudad, que incluyen denuncias sobre delitos como robo agravado por uso de armas, hurtos, lesiones culposas por accidentes de tránsito y amenazas, habrán pasado a archivo antes de diciembre.
 

El motivo: la prescripción a raíz de los acotados plazos -seis meses para la investigación a partir de la recepción de la causa- que establece para la instrucción el nuevo Código Procesal Penal que entró en vigencia el 1° de noviembre pasado en Chubut.
 

Existe, además, otra agravante. Los fiscales reciben un promedio de 500 causas viejas por mes, que son un remanente del sistema anterior, ya que la transición aún no está cerrada.
 

El único juzgado de transición creado para absorber estos casos -expedientes anteriores a la vigencia del nuevo Código- sólo se ocupa de causas en las que el imputado ya fue indagado.
 

Fueron los fiscales los que la semana pasada, desbordados por el cúmulo de expedientes que ingresan cada mes y que impiden cumplir con los plazos del Código que condena las causas a la prescripción, encendieron la alerta.
 

"El sistema está colapsado. No se puede realizar una investigación en un plazo tan perentorio como el que se nos impone. Es técnicamente imposible dar respuesta, teniendo en cuenta la cantidad de causas que ingresan cada mes", explicó a LA NACION Adriana Ibáñez, fiscal jefa a cargo en Comodoro Rivadavia.
 

El nuevo Código Procesal Penal fue aprobado por mayoría en la Legislatura. Según quedó establecido en él, los fiscales deben encabezar la investigación y, en un plazo que no supere los seis meses, están obligados a elevar la causa al juez de instrucción. A partir de entonces, un magistrado tiene otros dos años y medio para dictar sentencia.
 

El cambio de sistema obligó a los juzgados a transferir a las fiscalías casi 3800 causas que se han ido incorporando de manera paulatina al nuevo Código, ya que se trataba de expedientes en los que el juez de instrucción aún no había tomado declaración al imputado.
 

"Si bien el trabajo del juzgado de transición trató de ordenar la tarea, lo cierto es que el corte definitivo con el viejo sistema aún no se ha producido. Nosotros seguimos recibiendo expedientes", explicó Ibáñez.
 

Paralelamente, desde el 1° de noviembre, los fiscales comenzaron a recibir de manera directa la investigación de delitos cometidos a partir de esa fecha. "El Código anterior sigue vigente porque estamos en una transición. A esas 3800 causas que estimamos que se han ido incorporando a razón de 500 por mes de forma abrupta, se deben agregar otras 500 que comenzaron a ingresar en la fiscalía por delitos cometidos después del 1° de noviembre", dijo Ibáñez.
 

Lo cierto es que de las 3800 causas transferidas del sistema anterior, alrededor de 1500 ya se han declarado prescriptas o se archivaron por falta de pruebas. A estos expedientes se suman otros 2000, cuya investigación, a pesar de haberse iniciado con el nuevo Código, no podrá abrirse porque los plazos están vencidos. La prescripción tendrá que ser notificada a cada una de las víctimas de estos delitos. "[Los fiscales] tendremos que avisar que no hemos podido investigar el delito del que fueron víctimas."
 

Impacto
 

El impacto ya puede empezar a medirse en esta ciudad. Carlos, un comerciante propietario de un local de venta de ropa ubicado en la zona céntrica de la ciudad, relató a LA NACION que en los últimos ocho meses ingresaron tres veces a robar en su local durante la noche.
 

"Se llevaron plata y mercadería, y, en una ocasión, tuve incluso testigos que vieron entrar a los que me robaban. Ya recibí dos notificaciones en las que se me avisa que la investigación está cerrada. No hay un solo detenido", relató el comerciante.
 

Las dificultades que plantea la instrumentación del nuevo Código tiene como telón de fondo la falta de funcionarios y de fiscales. Por el momento, en esta ciudad son siete fiscales y también siete los funcionarios. Con 1000 causas por mes para analizar, cada fiscal debería ocuparse de iniciar la investigación de 170 nuevos casos promedio mensualmente.
 

Y aquí surge un nuevo problema: a pesar de que la Procuración General abrió concursos para cubrir las vacantes, no se presentan postulantes por los bajos salarios y el alto costo de vida de una ciudad como Comodoro Rivadavia.
 

Alejandro Panizzi, integrante del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, sostuvo que los sueldos de la zona sur de la provincia debería incluir un plus petrolero.
 

"Hay casos de integrantes del Poder Judicial que están renunciando o concursando para ir a trabajar al fuero federal, donde los ingresos son mucho más importantes que en la justicia provincial. Esto es muy grave, nos estamos quedando sin gente. Debemos hallar una alternativa para evitar que continúe la deserción", dijo esta semana en declaraciones al diario Crónica de esta ciudad.
 

Según Ibáñez, sin embargo, el colapso de la Justicia excede la cuestión salarial. "Aunque los salarios se incrementaran, sería imposible cumplir con el actual cúmulo de causas, muchas de las cuales ya están prescriptas o van a prescribir, dijo, y agregó: "Los fiscales estamos conminados a investigar en seis meses. Es técnicamente imposible, con la cantidad de causas que entran por mes. Se nos agota rápidamente el plazo para realizar investigaciones. Se deberá pensar en una solución urgente".  Nota reproducida textualmente del 15 de Septiembre del 2007. Ana Tronfi, La Nación