5 de Junio de 2007

Las sociedades que se superan son las que mantienen la continuidad de sus procesos de aprendizaje y valoran las acciones de sus miembros desde la coherencia colectiva. En cambio, aquellas que fundan su desarrollo en sucesiones de rupturas y contradicciones transitan el estancamiento de recomenzar cada día, porque carecen de memoria y de referentes. Esta última es la sociedad en la que le tocó vivir y morir a Alfredo Pochat. Una sociedad que no tuvo registro de lo que Pochat hizo, y mucho menos registró lo que le hicieron, vive en la ignorancia de lo que este hombre aportó a la construcción de su comunidad.

Refresquemos la memoria: Pochat estudió Derecho y, después de hacer carrera en el Poder Judicial, abrazó la causa de la lucha contra la corrupción e impulsó numerosas investigaciones. Estando al frente de la Oficina de Investigaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), hace diez años, más exactamente el 4 de junio de 1997, se despidió de su esposa y de sus tres hijos y viajó a Mar del Plata. El propósito era denunciar judicial y públicamente a la titular de la delegación en esa ciudad, por irregularidades administrativas basadas en probables hechos de corrupción. Sin embargo, tres horas antes de la conferencia de prensa, el marido de la denunciada lo mató de tres balazos. ¿Ahora recuerda?

Una sociedad madura es la que se hace cargo de los hombres y mujeres que dejan su vida en la lucha por construir una sociedad digna de ser vivida, la que asimila los ideales y los valores de esos luchadores y los convierte en políticas públicas y en normativa. Pochat no formó parte de esa sociedad. Ni siquiera le tocó una sociedad inmadura, de esas que, siendo incapaces de aprender nada de esas vidas y de esas muertes, al menos se levantan todos los días, velando a esos referentes asesinados. Le tocó la peor de las sociedades que puede tocarle a un luchador de principios: la sociedad indiferente. Y la muerte de Pochat, mantenida en el olvido, es la prueba de la metástasis de indiferencia que avanzó por el cuerpo de la sociedad argentina.

La ignorada ley que instituye en la ciudad de Buenos Aires el 4 de junio como Día de la Lucha contra la Corrupción en homenaje a Alfredo Pochat lejos está de dimensionar su vida, pero, en cambio, sí calibra la hipocresía legislativa y la de la sociedad que seguimos integrando, compuesta por un cuerpo social paralítico y por una dirigencia de moral tullida que ni siquiera es capaz de recordar esa fecha desde el protocolo de un acto escolar. Cuando se legisla desde la especulación y no desde la convicción, las leyes que buscan recuperar la memoria terminan generando amnesia.

Sería contradictorio con su vida convertir a Pochat en un héroe o en un mártir. Se hace justicia con "Freddy", como lo llamaban sus familiares y amigos, o con "El Flaco", como lo llamaba Violeta, su esposa, si al recordarlo lo destacamos como un paradigma de servidor público. Esencial función social de construcción de Estado, institucionalidad y ciudadanía que, en la actualidad, es olvidada por la sociedad y denigrada y corrompida por el cinismo de los dirigentes que operan los organismos públicos, por el agotamiento de los que se frustran tratando de cambiarlos y por la dejadez e inoperancia de los que sólo están para servirse de ellos.

El servidor público que supo ser Pochat se describe desde la pasión de su liderazgo por cumplir con su función social, por el cuidado de su gente, por la protección de los valores y bienes públicos para ponerlos al servicio del bien común y por la construcción de capital social desde su lucha por unir la ley con la justicia.

Alfredo Pochat

Pochat nos propone el desafío de elevar el degradado papel de servidor público a la altura de sus valores y al pico de la consistencia de sus acciones. Unos pocos aceptan el reto. Algunos continúan con su vocación, como los del Cuerpo de Administradores Gubernamentales. Otros continúan con su lucha, como Manuel Garrido, fiscal nacional de Investigaciones Administrativas. Y el puñado de argentinos, cada uno desde su lugar, que entregan un poquito de su vida cada día luchando por lo mismo por lo que Pochat entregó su vida toda junta, demostrando que el servicio público no es monopolio del Estado.

Pochat nos interpela y nos pone frente al dilema de definir el Estado que queremos. Optamos por el Estado que no impulsó la investigación por la cual fue asesinado, por el Estado que después del crimen desarmó la Oficina de Investigaciones de la Anses, por el Estado que hace ocho años sostiene un juicio para no pagar a su familia la indemnización que le corresponde por haber sido Pochat asesinado en su lugar de trabajo, u optamos por el Estado por el cual Pochat luchó. Este dilema tiene una respuesta simple: convertir a Pochat en parámetro. Pero una solución compleja, porque para que ello suceda la sociedad se tiene que hacer cargo de su responsabilidad frente a un Estado que pocos reconocen como propio y que es manejado por dirigentes ajenos.

Por lo general, las vidas de los que luchan con las herramientas de la ley nunca son heroicas y sus muertes, por más violentas que sean, no alcanzan el plano de la conciencia colectiva. Con suerte, se instalan efímeramente en la primera plana de algún periódico. Pero son un instrumento de medición que señala la chatura de las sociedades frente a la altura de sus muertos. Sociedades que no cuidan a sus Pochat facilitan la tarea de los corruptos. Sociedades que no reemplazan a un Pochat por otro Pochat aseguran un sistema de impunidad para los delincuentes de guante blanco y alma negra.

Los luchadores que terminan inhumados en el olvido nos demuestran que las sociedades, previamente, ya habían enterrado sus propios derechos y valores colectivos. Hace diez años moría asesinado Alfredo Pochat. Durante todo este tiempo podríamos habernos convertido en aliados de su lucha, pero elegimos ser cómplices de su asesino. Fue su hora, pero no fue nuestro tiempo. ¿Continuaremos perdiendo la oportunidad de que la altura de hombres como Pochat nos eleven como sociedad? Carlos March, extracto del diario La Nación del 4 de Junio de 2007. El autor es representante de la Fundación Avina en Buenos Aires.